Justicia mexicana frustra la esperanza por verdad y justicia en un caso clave de desapariciones
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Sputnik / Eliana Gilet
Cinco
jóvenes fueron secuestrados por policías municipales cuando regresaban
de unas vacaciones, en el estado de Veracruz, en enero de 2016. La lucha
de sus padres logró el reconocimiento de su inocencia, aunque la
justicia exoneró a 21 detenidos claves en el tema. Sputnik te presenta
un caso paradigmático para comprender la crisis mexicana.
Este
es el primer caso de graves violaciones a los derechos humanos en que
las autoridades de Gobierno asumen responsabilidad por el papel que les
cabe en la peor crisis que enfrenta el país. Sin embargo, una semana más
tarde esta luz al final del túnel sufrió un revés judicial que va a
dejar impune a una parte del complejo entramado que permitió el
crimen.
Las familias supieron pronto que los muchachos habían sido secuestrados por policías porque consiguieron videos que les permitieron rastrear sus últimos pasos antes de ser detenidos y desaparecidos.
Sin
embargo, como advierte la abogada, ninguno de los detenidos ha sido
condenado, a tres años de los hechos. Las familias y sus representantes
exigen que se investigue la probable responsabilidad del ex secretario
de seguridad pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, señalado como
responsable de montar un régimen de terror durante su tiempo en el cargo
como jefe de policía estatal.
Bermúdez Zurita ya tiene un proceso abierto por este delito grave,
aunque fue liberado en diciembre de 2018 por una jueza que consideró que
no ameritaba prisión preventiva.
El papel de la justicia
Espinosa Rivera dijo a Sputnik que las familias tienen un juicio de amparo en contra de la Fiscalía de Veracruz por no investigar a los superiores jerárquicos porque "un policía tiene una disciplina en la que informa lo que hace o va a hacer". "Pedimos que se investigue la cadena de mando", precisó.
Aunque
se trate de funcionarios del Estado cometiendo un crimen grave. Su
investigación está a cargo de la justicia local, que ha sido omisa en
seguir esta línea de investigación. Ahora, el nivel federal de justicia
declinó en seguir investigando la línea de complicidad entre
delincuencia, policías y Marina que asomaba en este caso.
Sofía de Romina Castro explicó que los padres pretenden que también
se investigue el accionar de los funcionarios del ministerio público por
colusión con la delincuencia organizada, "la falta de respuesta
adecuada para la búsqueda inmediata muestra una posible complicidad de
estos funcionarios que también deberían ser investigados", dijo en
diálogo con Sputnik, porque fue allí donde "más complejidades han
encontrado".
Tampoco llegan al nivel federal de justicia si los policías involucrados son de niveles local y estatal, achicando el total de casos de lesa humanidad que le toca investigar a la Fiscalía General de la República, aunque hayan sido cometidos por agentes del Estado.
"Las familias están indignadas, frustradas.
Veían con buenos ojos la disculpa pública que hacía falta para reconocer
la inocencia de las víctimas, un buen comienzo de nuevas
administraciones, pero les llamó la atención que el Fiscal General
(Alejandro Gertz Manero) había confirmado su asistencia y luego canceló.
Suponemos que ya sabía", dijo a Sputnik, Celestino Espinosa Rivera,
abogado de las familias de los jóvenes.
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Familiares
y funcionarios del Gobierno mexicano durante la disculpa pública por la
desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, en
2016.
En la investigación del caso, a cargo de la Fiscalía de
Gertz Manero, la Justicia federal sigue los hechos que tienen que ver
con delincuencia organizada. Espinosa indicó que entre las 21 personas
exoneradas de cargos, uno de los procesados era señalado como el
"enlace" con la Secretaría de Marina (Semar), que cuando ocurrió la
desaparición de los cinco jóvenes colaboraba en seguridad pública en
Veracruz.
"La Secretaría de Seguridad Pública, a
la que pertenecen los policías implicados, trabajaba de manera conjunta
con la Semar que, si bien no participó en los hechos, brindaba
protección a este grupo que sí [lo hizo]", explicó el abogado.
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Cuitláhuac
García, gobernador de Veracruz, durante la disculpa pública por la
desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, en
2016.
De fondo, señaló, se evita una crítica al modelo "conjunto"
de seguridad, en que las fuerzas armadas tienen una activa
participación en la seguridad pública que se afianzará con la creación
de la Guardia Nacional, una de las propuestas insignia en materia de seguridad del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El pedido de disculpas
"El Estado no ha garantizado la seguridad e
integridad de sus habitantes", dijo Alejandro Encinas, subsecretario de
Derechos Humanos del Gobierno federal mexicano.
"Estas disculpas públicas no son
suficientes, es sólo un primer paso relevante en reconocer la
responsabilidad de las autoridades de Veracruz para hacer justicia y
castigar a los perpetradores de estos delitos", sostuvo.
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Familiar
al salir de la disculpa pública del Gobierno en el caso de la
desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz.
El pedido de disculpas estuvo a cargo del actual gobernador
del estado de Veracruz, Cuitláhuac García. El funcionario admitió en el
acto que "se reconoce la responsabilidad estatal por la conducta
llevada a cabo el 11 de enero de 2016 por autoridades del gobierno de
Veracruz (…) y que ocasionó la desaparición forzada, tortura y ejecución
arbitraria de los jóvenes"
"En su momento fallamos a la respuesta que
dimos a dichas atrocidades y la falta de una respuesta pronta y
diligente que los acercara a la justicia", sostuvo. "Reconocemos
públicamente la responsabilidad del Estado y su gobierno y les ofrecemos
una disculpa", dijo.
El casoLas familias supieron pronto que los muchachos habían sido secuestrados por policías porque consiguieron videos que les permitieron rastrear sus últimos pasos antes de ser detenidos y desaparecidos.
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Bernardo
Benítez habla de la falta de justicia en el caso de la desaparición
forzada de su hijo y cuatro jóvenes más en Tierra Blanca, Veracruz.
José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez,
Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz
habían ido al Puerto de Veracruz a festejar el cumpleaños de uno de
ellos.
De regreso a su pueblo natal, a unos cien kilómetros de esa
localidad, fueron detenidos en la carretera federal 140, en Tierra
Blanca, por policías de Veracruz, según quedó registrado por las cámaras
de seguridad de una gasolinera que está junto a la comandancia de
policía. Hubo muchos testigos del hecho que supieron que algo grave
sucedía cuando los jóvenes no fueron llevados a la comandancia, sino
hacia otra parte.
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Periodistas durante la disculpa pública por la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, en 2016.
Al conocer estos detalles, los padres de los cinco jóvenes
instalaron un campamento en el ingreso a la fiscalía de esa localidad,
exigiendo la aparición con vida de sus hijos y la pronta investigación
de su paradero. Permanecieron en ese "plantón" durante 87 días a pesar de la constante vigilancia y amenazas que recibieron.
Dos meses más tarde, en marzo de 2016, fueron hallados los
restos calcinados de Bernardo Benítez, entre otros cientos de fragmentos
óseos humanos en igual estado, en un rancho llamado 'El Limón', en el
municipio de Tlalixcoyan (Veracruz), lo que evidenció el nivel de las
violaciones cometidas a los derechos humanos en esa zona del Golfo de
México.
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Jaime
Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
durante la disculpa pública por la desaparición forzada de cinco jóvenes
en Tierra Blanca, Veracruz, en 2016.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identificación de los restos a pedido de los padres. Los otros cuatro jóvenes continúan desaparecidos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que los
muchachos fueron víctimas de detención arbitraria, tortura, desaparición
forzada y ejecución arbitraria. De esa recomendación surgió el pedido
de disculpa pública de las autoridades como uno de los actos de
reparación hacia las familias afectadas.
Connivencia y colusión
El padre de Bernardo (llamado igual que su hijo), y tío de José y Alfredo, fue enfático en señalar el problema: "Mi intención era hablar sobre la Justicia pero concluí que no soy quién, tengo fundadas razones para no creer en ella", dijo durante el acto.
"No creo en la justicia del Estado mexicano. Ni perdón ni olvido, que se juzgue a los culpables", enfatizó.
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María
del Carmen Díaz Galindo durante la disculpa pública por la desaparición
forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, en 2016.
La investigación judicial del caso indica que los policías
entregaron a los jóvenes a un grupo criminal encargado de privarlos de
la vida y buscar que sus restos desaparecieran, quemándolos y
esparciéndolos.
Siguiendo estas investigaciones, ocho policías de la
secretaría de seguridad pública de Veracruz, integrantes de la región
viii basada en Tierra Blanca fueron detenidos, así como otras 13
personas señaladas por la fiscalía como integrantes de un grupo
criminal, de nombre 'cartel de Jalisco Nueva Generación'.
"El caso muestra la conexión con autoridades y
sin embargo falta que se dicte sentencia a las personas procesadas y que
se investigue a los superiores jerárquicos que tuvieran responsabilidad
en los hechos", dijo a Sputnik la abogada Sofía de Romina Castro, del
Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a las familias.
El papel de la justicia
Espinosa Rivera dijo a Sputnik que las familias tienen un juicio de amparo en contra de la Fiscalía de Veracruz por no investigar a los superiores jerárquicos porque "un policía tiene una disciplina en la que informa lo que hace o va a hacer". "Pedimos que se investigue la cadena de mando", precisó.
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REUTERS / Daniel Becerril
"Cuando (las familias) fueron a poner la
denuncia, parecía que (los funcionarios judiciales) encubrían a los
policías, incluso recibieron amenazas", dijo la abogada, quien refirió
que esto es "lo que enfrentan miles de familias que en muchos casos no
han podido ni poder una denuncia" por la desaparición de su familiar,
una cifra negra que elevaría aún más el número oficial de 40.180
personas desaparecidas en México en los últimos 12 años.
"Prácticamente
todas las pruebas que hay en el caso las ofrecieron los familiares,
ellos tomaron la investigación en sus manos y realizaron lo que el
Estado tendría que hacer", sostuvo Castro, algo que también es común en
México, donde son las familias las que buscan a los que faltan.
La abogada señaló que en los casos de personas desaparecidas por
agentes del Estado es generalizado que no se investigue "y si se llega a
hacer es solamente a los mandos más bajos y a los autores
materiales"."Pocas veces se llega a los de arriba, quienes pudieron
haber dado las órdenes o permitir los hechos", concluyó.
Tampoco llegan al nivel federal de justicia si los policías involucrados son de niveles local y estatal, achicando el total de casos de lesa humanidad que le toca investigar a la Fiscalía General de la República, aunque hayan sido cometidos por agentes del Estado.
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