Milicia y Justicia / Manual de uso de la fuerza, ¿por qué hasta ahora?
vie, 06 jun 2014 08:44 Foto Cristina Rodríguez
Esta semana se publicó el Diario Oficial de la Federación el Manual de uso de la fuerza, de aplicación común para las tres fuerzas armadas, y la pregunta que surge es: ¿por qué después de ocho años de que Felipe Calderón sacó a la calle a militares y marinos para emprender una fallida y sangrienta guerra contra el narcotráfico, por qué hasta ahora se aprobaron lineamientos que podían haber evitado la muerte de cientos de inocentes?
Calderón actuó de manera irresponsable al ordenar a los soldados y marinos combatir al crimen organizado sin preparación, sin contar con órganos de inteligencia confiables y eficientes y, sobre todo, sin capacitarlos en el respeto a los derechos humanos de presuntos delincuentes y de la población civil.
Pero también, quienes eran sus secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, general Guillermo Galván Galván y Mariano Francisco Saynez Mendoza son corresponsables.
Entre los fundamentos que establece el Manual recién publicado destacan aspectos como los siguientes: “Sin agresión no se justifica el uso de la fuerza; la utilización del uso de la fuerza, sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión asignada, en apoyo a las autoridades civiles”.
“La legítima defensa debe ser acreditada plenamente para que el responsable no sea acusado penalmente por daños, lesiones o muerte de víctimas”.
Ahora sí, queda expresamente prohibido “disparar desde o hacia vehículos en movimiento, excepto en aquellos casos en que, de no hacerlo, resulte evidente y notorio que el personal de las fuerzas armadas o terceros resultarán gravemente afectados y no hay otra alternativa para evitarlo”.
Ante las quejas de la ciudadanía que durante el sexenio de Calderón (y actualmente en contadas excepciones) cuestionó la muerte de civiles inocentes a manos de militares, ahora la instrucción es clara: “Cuando no sea posible detener al agresor o agresores, es conveniente no llevar a cabo una persecución ni accionar las armas de fuego para evitar daños a terceros, salvo que el agresor realice actos de resistencia agresiva grave (con armas de fuego), en cuyo caso el uso de la fuerza letal será dirigido hacia los agresores”.
Los soldados tampoco deben disparar “para controlar a personas que solamente se encuentran causando daño a objetos materiales”.
Para defenderse de denuncias, ahora soldados y marinos tienen la obligación de grabar o fotografiar los operativos en los que “interactúen” con la población civil.
Sedena y la guerra cibernética
Tarde, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio los primeros pasos para garantizar la seguridad cibernética de los operativos e instalaciones militares, así como de instalaciones estratégicas y vitales del país.
Apenas hace unos días, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de reforma al Sistema Educativo Militar en la que, por primera vez, se habla de la futura conformación del Servicio de Informática, que se encargará de la instalación, operación y mantenimiento de los bienes y servicios informáticos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.
El también comandante supremo de las fuerzas armadas propone reformar el artículo 193 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para incluir al personal militar perteneciente al Servicio de Informática en los escalafones del Ejército y Fuerza Aérea, lo cual tiene como objetivo crear cuados propios en la materia
Cabe señalar que de 2009 a 2011, la Sedena reconoció haber sufrido 15 millones 673 mil 800 agresiones, pero la decisión de crear cuadros propios para enfrentar éste y otros problemas relacionados con la seguridad cibernética fue después de que los militares estadunidenses y canadienses llamaron atención en el tema.
Por otra parte, pese al hermetismo sobre el tema, no hay elementos para pensar que la cifra haya disminuido en los últimos años.
Ministros preocupados
Conforme se acerca el relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros con aspiraciones a suceder a Juan N. Silva Meza están cada vez más preocupados en su imagen.
Luis María Aguilar Morales, quien va a la cabeza en la preferencia de sus compañeros –según se afirma al interior del máximo tribunal–, ya se ha reunido con comunicólogos y asesores en materia de imagen y relaciones públicas.
Otros que consideran tienen posibilidades para disputarle a Aguilar Morales la presidencia de la Corte, siguen atentos a la forma como los medios de comunicación los tratan.
Más de uno se ha enojado porque los informadores no los mencionan en sus notas o porque no les dan crédito por elaborar el proyecto de dictamen que aprueba el pleno o las salas.
Ojalá que esa preocupación por la imagen se tradujera en buenas decisiones.
Alguien miente
El pasado miércoles, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que ordenó la reinstalación y con consiguiente pago de salarios caídos a 31 sobrecargos de Aeroméxico, despedidos injustificadamente en junio de 2009.
Al conocer la resolución, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) expresó su beneplácito por la determinación. Ricardo del Valle Solares, secretario general de dicha organización sindical precisó que “La ASSA de México desde el inicio de este conflicto ha dicho que continuará otorgando y respaldando a estos compañeros dándoles la asesoría jurídica y política” que requieran.
Sin embargo, de acuerdo con la decisión de la segunda sala a favor de los sobrecargos, los ministros tomaron su resolución al resultar “inatendibles las agravios del quejoso (Aeroméxico) en los que afirma que la decisión de la empresa de realizar el reajuste no fue unilateral pues contaba con la anuencia del Sindicato”.
@jaranda24
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