jueves, 22 de agosto de 2013

Sabía del hostigamiento de Black Fire a Mariano Abarca, denuncian familiares
La embajada de Canadá, cómplice en asesinato de luchador social chiapaneco
Realizan ONG protesta frente a la representación diplomática; apoya a firmas asesinas, acusan
Ciro Pérez
 Periódico La Jornada
Jueves 22 de agosto de 2013, p. 19
 
Familiares de Mariano Abarca Robledo, asesinado el 29 de noviembre de 2009 por oponerse a la empresa minera canadiense Black Fire, en Chicomuselo, Chiapas, denunciaron que la embajada en México de aquel país lejos de procurar que sus empresas cumplan con las normativas ambientales mexicanas, las asesoran para salir impunes de todas estas violaciones e ilegalidades.
En una manifestación frente a la legación canadiense en Polanco, organizaciones civiles, encabezadas por Otros Mundos Chiapas, demandaron nuevamente justicia para Mariano Abarca Robledo, hostigado por empresarios de la minera Black Fire, encarcelado a petición de éstos, y mandado asesinar.
La embajada de Canadá en México siempre tuvo conocimiento del conflicto y de las irregularidades de la minera. Mi esposo se entrevistó en esta misma banqueta, en la que ahora me encuentro, con representantes de la delegación canadiense para decirles lo que pasaba y para manifestarles que su vida corría peligro. Pero no hicieron caso, denunció Mirna Montejo, esposa de Mariano.
Advirtió que por este motivo la embajada y sus representantes son cómplices del asesinato del líder social.
Afuera de la representación diplomática se erigió un altar en memoria del luchador chiapaneco, mientras varios oradores exigieron una respuesta a los funcionarios de la embajada.
¿Los empleados de esta representación diplomática van a ver por los intereses de los ciudadanos o por el de las empresas mineras asesinas?, se repitió una y otra vez, pero la pregunta quedó sin respuesta.
La presencia de organizaciones sociales que denuncian las prácticas irregulares de mine- ras canadienses, ha sido una constante en la embajada de aquel país norteamericano.
Desde Morelos, Chiapas y otras entidades ha habido reclamos y denuncias, pero ni las autoridades mexicanas ni las canadienses han ofrecido una salida a la problemática de las comunidades afectadas.

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