Negocios de Los Pinos
Pedro Miguel
Al calor de la crisis que estalló a finales de 1994 –y que fue
provocada, en buena medida, por los turbios manejos económicos de su antecesor
Carlos Salinas– Ernesto Zedillo y sus asesores idearon el negocio de convertir
deuda privada en pública, es decir, hacer pagar al conjunto de la población
enormes sumas de dinero dilapidado o robado por banqueros y otros empresarios.
Éstos mantuvieron sus fortunas intactas, en tanto que el grueso de la sociedad
se empobreció por efecto de la inflación, la devaluación, los recortes
presupuestales y las políticas de contención salarial del sexenio; muchos
perdieron total o parcialmente su patrimonio, mientras un puñado de favorecidos
por el régimen multiplicaron sus fortunas en el casino con dados cargados que
fue la conversión del Fobaproa en IPAB, una maniobra legislativa ejecutada por
el PRI y por el PAN.
En el curso del sexenio siguiente, encabezado por Vicente Fox, el país
recibió, por el incremento en los precios petroleros internacionales, recursos
inesperados equivalentes a más de 70 mil millones de dólares. Con tales recursos
habría podido pagarse la deuda que dejó el zedillato, pero hasta la fecha nadie
ha podido explicar a cabalidad el destino de ese dinero. En cambio, es de
dominio público el enriquecimiento de la familia foxista mediante, entre otros
negocios, la adquisición a precios irrisorios de bienes del Fobaproa.
El ahora ex presidente Vicente Fox estudia la posibilidad de volverse
narcotraficante –así lo ha ostentado de manera pública– si es que llegara a
prosperar una modalidad de despenalización de la droga (apoyada, también por
cierto, por Zedillo, empleado de empresas con intereses en el mercado
farmacéutico) que no sería sino una
transferencia de la intermediación, como la definió con sorprendente precisión el narcotraficante boliviano Roberto Suárez Gómez, ya fallecido (http://goo.gl/BZJHLI). ¿Qué sentido tiene que el régimen siga disputando territorio y poder a los narcos tradicionales (o al revés: es lo mismo) si dispone del Congreso para
transferir la intermediacióna sus empresarios honorables?
Todo negocio tiene dos puntas. Así como el ex gerente de la Coca-Cola
pretende hacer dinero vendiendo droga legalizada (un escenario que sería una
vuelta a los orígenes para la compañía que fue su alma mater), su
sucesor, Felipe Calderón, auspició la realización de enormes operaciones
comerciales de carácter bélico –adquisición de armamento, sistemas de
inteligenciay comando, venta de protección, compra de
testigosy otras– para su guerra
contra la delincuencia y el narcotráfico. La guerra de Calderón no sólo sirvió a empresas registradas (en el extranjero, sobre todo) sino que también dio margen para que los capos de la droga y el crimen organizado expandieran sus fortunas, sus zonas de control, su capacidad organizativa, su poder de fuego y su poder de compra de funcionarios. Se tiene ahora la noción de que las políticas de
seguridad públicadel calderonato costaron más de cien mil vidas pero no existe hasta la fecha un cálculo integral del dinero que el país perdió en eso que ha sido, al mismo tiempo, la lucha contra, y la promoción de, un sector completo de la economía nacional.
Ahora Enrique Peña Nieto intenta otra modalidad de
transferencia de la intermediación: su iniciativa de reforma legal presentada ayer busca transferir a manos privadas la industria petrolera, la cual corresponde en exclusiva, de acuerdo con el estatuto constitucional y legal aún vigente, a la nación: un nuevo capítulo en el fomento al enriquecimiento de unos cuantos y en el empobrecimiento de la población en general. La renta petrolera, dinero que hoy pertenece legalmente a todos –aunque los gobernantes en turno lo privaticen en corto día a día, es decir, aunque se lo roben– iría a parar, total o parcialmente, a los bolsillos de los dueños reales del poder político.
Zedillo presentó el tema del Fobaproa en forma lo suficientemente complicada
para que la mayoría no entendiera que se trataba de un robo. Fox camufló, entre
mecanismos de
transparencia, la desaparición de decenas de miles de millones de dólares; Calderón engatusó a algunos sectores con la mentira de la seguridad pública. El negocio que pretende cerrar Peña no es tan fácil de legitimar porque en México el estatuto nacional de la industria petrolera es mucho más que un mandato constitucional: forma parte de la conciencia nacional mayoritaria. Por eso el intento de reforma del peñato tiene que ir presentado en forma hipócrita –la palabra
privatizaciónni siquiera se menciona– y mendaz hasta el punto de invocar al general Lázaro Cárdenas del Río como supuesto simpatizante temprano de la privatización. Negocios son negocios.
Twitter: @Navegaciones
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