Consulta indígena en la Sierra de Juárez de Oaxaca
Aldo González Rojas*
Otra consulta
indígena recorre el país. El pasado 14 de julio en la comunidad zapoteca
de Zoogocho se realizó un acto de consulta para la reforma
constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas
organizado por el INPI y la Secretaría de Gobernación. Desde temprano se
concentraron allí autoridades municipales, comunitarias y agrarias y
público en general de comunidades zapotecas, chinantecas y mixes de la
Sierra Juárez, quienes entraron en desesperación luego de que por
algunas horas sólo se escuchara la música de una banda filarmónica
local.
Casi al mediodía, después de la bienvenida se realizó un improvisado
ritual, para luego dar paso a la fase de información previa en la que un
funcionario del INPI (para cumplir de manera formal con el protocolo
elaborado previamente por el instituto), fue interrumpido en su discurso
y el público exigió iniciar la discusión de fondo que, según el
protocolo mencionado, era la fase deliberativa.
La mesa más concurrida fue en la que se discutieron los temas de
tierra, territorio y consulta indígena, entre otros, de entrada se
criticó el protocolo establecido, por impuesto, se dijo, ya que no hubo
participación de los actores consultados en su elaboración, también se
señaló que la fase de información previa, no cumplía con ese propósito,
ya que los funcionarios del INPI se dedicaron a garantizar que la gente
asistiera a la consulta, pero no explicaron a fondo y con pertinencia
cultural lo que se iba a tratar en ella. Todos traían en la mano el
documento de principios y criterios para la consulta repartido al inicio
del acto, pero muy pocos lo habían leído.
Se criticó también la prisa con la que se hacía la consulta, el que
no se hubiera tomado en cuenta a sus asambleas, las cuales en Oaxaca son
las principales instituciones representativas de las comunidades, así
como los rebajes de derechos en el documento de principios y criterios,
causando molestia entre los participantes la ausencia del derecho a
negar u otorgar el consentimiento a medidas administrativas o
legislativas y la falta de protección jurídica a las tierras y
territorios de comunidades y pueblos indígenas; por lo que, en
consecuencia, anunciaron sería inaceptable una reforma constitucional
que esté por debajo de lo establecido en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Se recordó la consulta suspendida en 1994 en Totontepec mixe, que
pretendió realizar el gobierno salinista con el apoyo de Beatriz
Paredes, luego de los diálogos de catedral entre el ejército zapatista
de liberación nacional y el comisionado del gobierno federal, misma que
pretendía reglamentar la reforma constitucional de 1992 en materia
indígena y que se rechazó porque se dijo entonces
el Estado no nos consulta, nos insulta, ya que habían sido citados con un día de anticipación y sin que se les proporcionara información alguna.
Después de la suspensión de aquel foro se congeló esa iniciativa de
ley, pero las comunidades serranas se autoconvocaron para realizar
cuatro foros de consulta sobre sus derechos, que al final les sirvieron
para nutrir las discusiones que cristalizaron en los Acuerdos de San
Andrés, a las que fueron convocadas ocho personas de esta región como
asesores e invitados del EZLN.
Se afirmó el domingo que en esta ocasión no se pretendía suspender la
consulta, pero por no estar de acuerdo con los tiempos y procedimientos
establecidos, acordaron suspender la mesa y continuar con los trabajos
el próximo 2 de agosto, con el objeto de que en el inter se
genere un proceso de información previa, auspiciado por las
organizaciones y comunidades, razón por la que se pidió al INPI abra las
puertas de su radio regional para proporcionar información a la
población, al menos sobre los temas suspendidos.
Sobre los temas de territorio y desarrollo existe mucha preocupación
en la región, ya que en esta zona la Sener otorgó concesiones mineras
por cerca de veinte mil hectáreas a una compañía minera canadiense y sus
prestanombres; también se anunció en el sexenio anterior el
establecimiento de al menos ocho
minipresashidroeléctricas en tres afluentes del Papaloapan que cruzan la región. Asimismo, el gobernador Alejandro Murat anunció el año pasado que solicitaría al presidente Andrés Manuel recursos para la construcción de una supercarretera para unir las regiones Cuenca y Valles Centrales de Oaxaca que se pretende realizar a orillas del río Cajonos.
Los participantes también rechazaron la presencia de la Guardia
Nacional que circuló por las carreteras ese día. Afirmaron que la región
de la Sierra Juárez ha sido una de las regiones más seguras de la
nación, gracias a la existencia de los cargos comunitarios de topil y
mayor que son la base de sus sistemas de seguridad comunitarios, por lo
que pidieron a quien los hubiera requerido que les comunicara que se
fueran, ya que más que seguridad causan rechazo, pues en el pasado el
Ejército ha sido responsable de graves violaciones a derechos humanos, y
en todo caso deberían trasladarlos a las regiones más inseguras del
país.
* Indígena zapoteco y ex presidentemunicipal de San Pablo Guelatao, Oaxaca.
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