DEMOCRACIA LA OTRA AMERICA

Existe la consigna de criminalizar a los jóvenes, señalan abogados

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Martes 2 de diciembre de 2014

 

Alejandro Jiménez, uno de los abogados del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) que llevaron la defensa de los estudiantes detenidos el 20 de noviembre en el Zócalo y sus alrededores, destacó en entrevista con La Jornada: es preocupante que los hayan detenido y llevado al interior del Palacio Nacional, donde había militares que maltrataron a algunos jóvenes; sus testimonios sobre este hecho forman parte de la causa penal. Ahí están sus declaraciones, que fueron muy puntuales sobre esos excesos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la del Distrito Federal (CDHDF) también tienen esos testimonios, y estaremos pendientes de que emitan la recomendación respectiva, agregó.

La presunción de inocencia, un derecho

Es claro, añadió, que hay una criminalización hacia ese sector de la población. Con estas detenciones alcanzas a ver que la consigna era llevar a puros jóvenes; incluso los maltratos siempre estuvieron dirigidos a éstos, aunque también los policías y granaderos agredieron a adultos y a menores, pero el objetivo eran los jóvenes, insistió.

Aspecto de la movilización efectuada ayer, del Zócalo al Ángel, en demanda de la presentación con vida de los normalistas desaparecidos hace más de dos mesesFoto Pablo Ramos

Apuntó que funcionarios federales hicieron declaraciones temerarias, sin fundamento, que afectan la imagen de las personas (...) Se les asoció con el crimen organizado. Es algo que no debe quedar impune. En México deben cambiar este tipo de situaciones porque la presunción de inocencia es un derecho, y el gobierno no sólo debe hacer retórica y discursos sobre ello, sino respetarlo en la práctica.

Acerca de la denuncia de la estudiante Tania Ivonne Damián, quien acusó que agentes federales la inmovilizaron y le tomaron fotografías del cuerpo en la instalaciones de la Seido, el abogado resaltó que eso ha sido documentado por las comisiones de derechos humanos (CNDH y CDHDF); si ella desea, puede emprender una acción jurídica contra los responsables.