lunes, 29 de diciembre de 2014

Se emitirá una recomendación a la Presidencia: ombudsman
Investigará CNDH la actuación del Ejército en hechos de Iguala
Si hay violación a los derechos humanos, tiene que indagarse, asegura
 
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 29 de diciembre de 2014
Tixtla, Gro.
 
Luis Raúl González, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), confirmó que el organismo integra dos expedientes: uno relacionado con una recomendación al presidente Enrique Peña Nieto por los hechos del 26 de septiembre en Iguala, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y fueron asesinados tres alumnos de esa casa de estudios y tres personas más, y el otro para indagar posibles actos de violación a los derechos humanos cometidos por elementos del 27 batallón de infantería del Ejército mexicano.
Legítima exigencia
Entrevistado en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa en el municipio de Tixtla –adonde llegó con su equipo de trabajo para reunirse con los padres de los 43 desaparecidos–, detalló que se está integrando el expediente. Es legítima la exigencia de los padres, ellos están sintiendo el dolor. Cualquier ser humano que no se indigne ante esta barbarie no tiene sentimientos. Y el dolor que vi reflejado hace ver que todos tenemos que pronunciarnos por que se esclarezca este lamentable suceso.
Respecto de que si el organismo que dirige investigará la actuación del Ejército mexicano en el caso, manifestó que la CNDH va a investigar toda línea por violación de derechos humanos. Distingamos que no le toca a la CNDH indagar los delitos, pero sí la violación a los derechos humanos, y no dejará de integrar al expediente cualquier circunstancia que ayude a esclarecer este asunto.
Solicitó información a la Sedena
Hemos solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos integrando el expediente para conocer todo lo que se desprenda por acción u omisión, y en su momento haremos los pronunciamientos que proceda, afirmó.
Añadió que emitimos medidas cautelares en favor de los defensores y de las organizaciones que representan a los padres de familia, porque ha habido expresiones públicas que los han estigmatizado. Desde que asumí el cargo nos hemos reunido ya con los padres de familia.
Señaló que la responsabilidad de las autoridades de investigación no se agota con procesar y sancionar, pues es necesario que no quede impune esta desaparición, sino que también se conozca la verdad.
Expresó que la protesta social, legítima, realizada sin violencia y sin armas, debe respetarse porque es una expresión de libertad de expresión. Y la legítima defensa que han venido haciendo los padres de familia, exigiendo el esclarecimiento y conocer el paradero de sus hijos, se inscribe en una protesta legal y legítima, y se tiene que respetar.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, señaló que pidieron al titular de la CNDH que investigue a los elementos del 27 batallón de infantería por la desaparición de los 43 estudiantes porque nosotros estamos seguros de que participaron, y hay testimonios de que sí lo hicieron, y tienen que ser castigados.
Padres piden que militares salgan de Guerrero
Se le pidió que interceda ante el gobierno federal para solicitar la salida del Ejército mexicano de la entidad y la desmilitarización de Guerrero.
Destacó que el ombusdman se comprometió a pedir al gobierno federal que se abra una línea de investigación a efectivos del Ejército y retirar los retenes militares en Guerrero, porque están violentando los derechos humanos.
Más tarde, la CNDH informó en un comunicado que los padres y familires de los normalistas de Ayotzinapa que se reunieron ayer con González Pérez aceptaron el acompañamiento y colaboración del organismo nacional a fin de conocer la verdad de los hechos de los días 26 y 27 de septiembre, buscar que se haga justicia por los asesinatos y desapariciones, pugnar por el castigo a los responsables, conocer el paradero de los normalistas que siguen desaparecidos y evitar que haya represalias por el legítimo derecho a la protesta social.

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