La Justicia de Brasil autoriza traslado de expresidente Lula a una cárcel de Sao Paulo
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AFP 2019 / Miguel Schincariol
RÍO
DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — La justicia de Brasil autorizó el
traslado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) a una
cárcel de Sao Paulo (sureste).
La decisión es de la jueza que se encarga de la ejecución penal del exmandatario,
Carolina Lebbos, quien publicó la información a primera hora de la
mañana del 7 de agosto en el sistema electrónico de la Justicia Federal
de Paraná, según adelantó el portal de noticias G1.
En la disposición, la jueza no especificó a qué cárcel de Sao Paulo debe ser trasladado, y delega la decisión a las autoridades judiciales de Sao Paulo. A su vez, el juez Paulo Eduardo de Almeida Sorci, de la justicia estadual de Sao Paulo determinó que el expresidente Lula da Silva sea trasladado a la cárcel de Tremembé, en el interior de ese estado, según informó el portal de noticias G1.
La ciudad tiene 46.000 habitantes y se encuentra a 150 kilómetros de Sao Paulo capitall.
Según la prensa local, su cárcel alberga a presos comunes famosos por crímenes que tuvieron mucha repercusión mediática, como Gil Rugai, quien mató a su padre y a su madrastra, o Cristian Cravinhos, quien asesinó a un matrimonio por orden de la hija para hacerse con la herencia.
Con la transferencia a Sao Paulo, Lula estaría más cerca de sus familiares y de su círculo político más estrecho, ya que su domicilio consta en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en la periferia de la capital paulista.
La
defensa de Lula prefiere que el exmandatario continúe en Curitiba hasta
que el Supremo se pronuncie, ya que "en breve" retomará el análisis del
recurso de "habeas corpus".
Con ese recurso, los abogados alegan que el juez que le condenó en primera instancia, Sérgio Moro,
actuó de forma parcial, lo que en su opinión debería llevar a la
"nulidad de todo el proceso y al restablecimiento de la libertad plena
de Lula".
Los abogados del líder izquierdista también critican que la jueza haya negado a Lula el derecho a cumplir la condena en una Sala del Estado Mayor, un recinto especial para autoridades militares, y que no se les haya consultado antes sobre las condiciones del traslado.
"En la hipótesis —de reconocida incapacidad del Estado de asegurar los derechos previsto en la Constitución de la República y en las leyes—, cabe conceder al paciente el restablecimiento de su libertad plena, jamás colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica y personal", afirma la defensa en la petición dirigida al Supremo. Por ese y otros argumentos los abogados pidieron que se "suspenda" la decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que determinó el traslado, hasta que el Supremo juzgue la petición de habeas corpus que pide poner en libertad al expresidente.
El texto dirigido al Supremo reitera la petición de libertad para el expresidente y lo hace basándose en los propios argumentos de la policía de Curitiba, que defendía que no había condiciones materiales para mantener a Lula preso en la Superintendencia de la Policía Federal.
En base a eso, los abogados de Lula remarcaron que si el Estado es incapaz de garantizar para el expresidente una Sala de Estado Mayor en una unidad militar que cuenta con condiciones especiales, es "imposible" que se baraje un empeoramiento de su situación jurídica, trasladándolo a una cárcel común para cumplir una pena que ni siquiera ha sido refrendada de forma definitiva, pues el Supremo aún no se ha pronunciado. Además, argumentan los abogados, hay precedentes: como cuando el expresidente Michel Temer (2011-2016) dejó la Superintendencia de la Policía Federal en Río de Janeiro para ser trasladado al comando de la Policía Militar en São Paulo, donde sí había una Sala de Estado Mayor.
En opinión de la defensa, esa diferencia en el tratamiento entre los dos expresidentes "hace que sea aún más clara la presión ilegal" a la que estaría sometido Lula.
"El
juez que determinó la transferencia de Lula a Tremembé fue nombrado por
Moro, ¿eso dice alguna cosa? Ya quedó probado que el exjuez condujo la
Operación Lava Jato para condenar al expresidente, el Tribunal Supremo
Federal tiene que juzgar rápidamente el "habeas corpus" y liberar a
Lula", añadió la dirigente izquierdista.
Gleissi Hoffmann hacía alusión al hecho de que Moro, actual ministro
de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, nombrara recientemente a
Sorci para un cargo en el Consejo Nacional de Política Criminal y
Penitenciaria.
El expresidente está preso desde abril de 2018 en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, la capital del estado de Paraná (sur), porque en esta ciudad se centralizaron las investigaciones de la Operación Lava Jato.
En la disposición, la jueza no especificó a qué cárcel de Sao Paulo debe ser trasladado, y delega la decisión a las autoridades judiciales de Sao Paulo. A su vez, el juez Paulo Eduardo de Almeida Sorci, de la justicia estadual de Sao Paulo determinó que el expresidente Lula da Silva sea trasladado a la cárcel de Tremembé, en el interior de ese estado, según informó el portal de noticias G1.
La ciudad tiene 46.000 habitantes y se encuentra a 150 kilómetros de Sao Paulo capitall.
Según la prensa local, su cárcel alberga a presos comunes famosos por crímenes que tuvieron mucha repercusión mediática, como Gil Rugai, quien mató a su padre y a su madrastra, o Cristian Cravinhos, quien asesinó a un matrimonio por orden de la hija para hacerse con la herencia.
¿Qué medidas toma la defensa de Lula?
La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) criticó el traslado del examandatario y pidió que se suspenda hasta que el Tribunal Supremo Federal evalúe un recurso que podría anular la condena.
"Pedimos la suspensión del análisis de la
petición de la Superintendencia de la Policía Federal hasta el juicio
final del "habeas corpus" nº 164.493/PR, en trámite ante el Tribunal
Supremo Federal", informó el abogado Cristiano Zanin en un comunicado.
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REUTERS / Ueslei Marcelino
Los abogados del líder izquierdista también critican que la jueza haya negado a Lula el derecho a cumplir la condena en una Sala del Estado Mayor, un recinto especial para autoridades militares, y que no se les haya consultado antes sobre las condiciones del traslado.
"Lula es víctima de una intensa presión ilegal
impuesta por parte del sistema de justicia; la defensa tomará todas las
medidas necesarias con el objetivo de restablecer la libertad plena del
expresidente Lula y para asegurar los derechos que le asegura la ley y
la Constitución Federal", añade la nota oficial.
Más tarde, la defensa del expresidente recurrió al Tribunal Supremo Federal para que impida su traslado."En la hipótesis —de reconocida incapacidad del Estado de asegurar los derechos previsto en la Constitución de la República y en las leyes—, cabe conceder al paciente el restablecimiento de su libertad plena, jamás colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica y personal", afirma la defensa en la petición dirigida al Supremo. Por ese y otros argumentos los abogados pidieron que se "suspenda" la decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que determinó el traslado, hasta que el Supremo juzgue la petición de habeas corpus que pide poner en libertad al expresidente.
El texto dirigido al Supremo reitera la petición de libertad para el expresidente y lo hace basándose en los propios argumentos de la policía de Curitiba, que defendía que no había condiciones materiales para mantener a Lula preso en la Superintendencia de la Policía Federal.
En base a eso, los abogados de Lula remarcaron que si el Estado es incapaz de garantizar para el expresidente una Sala de Estado Mayor en una unidad militar que cuenta con condiciones especiales, es "imposible" que se baraje un empeoramiento de su situación jurídica, trasladándolo a una cárcel común para cumplir una pena que ni siquiera ha sido refrendada de forma definitiva, pues el Supremo aún no se ha pronunciado. Además, argumentan los abogados, hay precedentes: como cuando el expresidente Michel Temer (2011-2016) dejó la Superintendencia de la Policía Federal en Río de Janeiro para ser trasladado al comando de la Policía Militar en São Paulo, donde sí había una Sala de Estado Mayor.
En opinión de la defensa, esa diferencia en el tratamiento entre los dos expresidentes "hace que sea aún más clara la presión ilegal" a la que estaría sometido Lula.
La reacción del Partido de los Trabajadores
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleissi Hoffmann, cree que la vida del expresidente puede estar en peligro si finalmente se le traslada a la cárcel de Tremembé.
"La seguridad y la vida del expresidente Lula
estarán en peligro bajo la policía de João Doria [el gobernador de Sao
Paulo], su transferencia a Tremembé 2, sin prerrogativas de
expresidente, es otra violencia de la farsa judicial a la que fue
sometido", escribió en su cuenta de Twitter.
Hoffmann también criticó la conexión entre el juez de Sao Paulo que
escogió esa cárcel para Lula, Paulo Eduardo de Almeida Sorci, y el
exjuez Sérgio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia.
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AP Photo / Andre Penner
El expresidente está preso desde abril de 2018 en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, la capital del estado de Paraná (sur), porque en esta ciudad se centralizaron las investigaciones de la Operación Lava Jato.
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