Nuevo aeropuerto: despojo y ecocidio
Ricardo A. Lagunes Gasca*
El 1º de septiembre de 2014 Enrique Peña Nieto anunció la construcción de un megaproyecto de infraestructura transexenal denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Precisó que la obra se llevaría a cabo en un polígono perteneciente a la Federación, ubicado en el ex vaso del lago de Texcoco, y que no se afectarían tierras ejidales de las poblaciones ubicadas en los municipios de Atenco y Texcoco, como hicieran los decretos expropiatorios emitidos por Vicente Fox en 2001.
El 20 de septiembre de 2014 el ex vaso del lago de Texcoco pasó de la custodia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –cuyo resguardo tenía como finalidad la regulación hidráulica y ecológica– a la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La cesión se hizo pensando en la edificación del megaproyecto aeroportuario y otros planes alternos de desarrollo inmobiliario.
La aclaración inicial de que el aeropuerto no afectaría terrenos ejidales de los pueblos originarios vecinos es una mentira que se ha repetido constantemente. Los decretos de 1971 y 1982 que delimitan el ex vaso del lago de Texcoco indudablemente afectan tierras ejidales de San Salvador Atenco, Nexquipayac y Tocuila, entre otros núcleos agrarios. Esto ha sido verificado con peritajes en topografía realizados en uno de los juicios de amparo interpuesto por ejidatarios de San Salvador Atenco, así como por la reciente incursión de militares y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en terrenos de Atenco, para el levantamiento de la barda perimetral del NAICM.
Antes del anuncio presidencial, en los pueblos aledaños a la zona del megaproyecto se aceleró la compra ilegal de tierras ejidales. Los opositores a la venta ilícita de predios han sido amenazados con que sus parcelas quedarán encerradas y que en caso de cambiar de opinión no recibirán ni un peso a cambio de sus tierras. En los pueblos, los principales operadores del megaproyecto han sido los comisariados ejidales, quienes han negociado su ascenso político y económico para generar las condiciones que faciliten el despojo, en un ambiente de violencia y división comunitaria.
Un ejemplo de lo anterior es la asamblea ejidal del 1º de junio de 2014, convocada por Andrés Ruiz Méndez, presidente del comisariado ejidal de San Salvador Atenco, quien además funge de presidente municipal de Atenco, cargo recientemente obtenido por medio del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dicha asamblea se realizó a efecto de adoptar el dominio pleno (privatización) de más de 500 hectáreas contiguas a la zona de construcción del proyecto aeroportuario. Esa asamblea aprobó ilegalmente, en menos de tres horas, la adopción del dominio pleno, aunque esa decisión no ha quedado firme al haber sido impugnada ante el Tribunal Unitario Agrario del distrito 23 en Texcoco, con el número de juicio agrario 400/2014.
Similares métodos ilegales de apropiación de la tierra se han puesto en práctica en los pueblos de Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac, Tocuila y Acuexcomac, entre otros. La imposición del megaproyecto representa graves violaciones a los derechos de los pueblos originarios de la región, ubicados principalmente en los municipios de Texcoco y Atenco, ya que nunca fueron consultados, y tampoco informados, sobre los impactos significativos en los ámbitos social y ambiental.
Los daños trascenderán los municipios de Atenco y Texcoco, vulnerándose los derechos a un ambiente sano, a la salud y el acceso al agua de la población que se beneficia por la existencia del vaso del lago de Texcoco, al ser una zona de regulación hidráulica e hidrológica, que evita inundaciones a mayor escala y suministra el vital líquido, además de ser un sitio de gran importancia internacional en diversidad de flora y fauna. Especialistas en biología como el doctor Luis Zambrano y Fernando Córdova, miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), así como el equipo de expertos en materia de antropología, coordinado por el maestro Itzam Pineda Rebolledo, catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, han dado cuenta de lo anterior en diversos foros públicos en los que han participado y en los peritajes presentados en diversos juicios.
Hasta el momento, las acciones legales emprendidas por los pobladores y ejidatarios de las comunidades afectadas directamente por el megaproyecto no han logrado detener los trabajos de construcción del NAICM y sus proyectos complementarios. Ejidatarios de Tocuila obtuvieron una suspensión definitiva para la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, la cual no ha sido respetada por la empresa constructora y las autoridades incluso han agredido físicamente a los ejidatarios que tenían un campamento para resguardar sus tierras.
En este contexto, el Poder Judicial de la Federación (PJF) no ha sido una institución eficaz para contener el abuso de poder y la corrupción que está moviendo los hilos del proyecto del NAICM. En los casos de alto impacto y trascendencia social, los órganos jurisdiccionales no protegen los derechos de la población y se constituyen como un muro de contención de la inconformidad social.
Para detener este gran despojo y ecocidio se requiere la convergencia eficaz y contundente de un amplio sector de la sociedad, así como de las fuerzas sociales y políticas que busquen un respeto real a los derechos humanos y un bienestar general del país.
*Abogado litigante y defensor de derechos humanos
Twitter: @defensalegalsur
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