Corrupción: arranca el esclarecimiento
Por presuntas operaciones con
recursos de procedencia ilícita y actos de corrupción, la Fiscalía
General de la República (FGR) obtuvo ayer órdenes de aprehensión contra
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien
de inmediato tramitó un amparo, y del dueño de Altos Hornos de México
(AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, quien ayer mismo fue detenido por la
Interpol en Palma de Mallorca, España. El día anterior la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) dio a conocer el congelamiento de las cuentas bancarias
de la empresa acerera y las del ex funcionario, su esposa y varias
personas de su círculo más cercano. Por su parte, la Secretaría de la
Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Lozoya Austin.
Estas diligencias tienen lugar en el contexto de la pesquisa judicial
sobre la venta a Pemex de la planta de fertilizantes Agronitrogenados,
que era propiedad de AHMSA, a un precio desmesurado –275 millones de
dólares– pese a que las instalaciones de esa fábrica habían estado
paralizadas durante 14 años y 60 por ciento de su maquinaria era
inservible. La compraventa se realizó en 2014, cuando Lozoya Austin
encabezaba la petrolera. Se trata, pues, de una investigación no
relacionada en principio con el caso Odebrecht, la empresa constructora
brasileña de la que el político priísta habría recibido una suma
millonaria en dólares a cambio de otorgarle contratos en instalaciones
petroleras mexicanas.
Los hechos son relevantes porque pueden marcar el inicio del
esclarecimiento legal de la enorme y masiva corrupción que, de acuerdo
con todos los indicios disponibles, proliferó en las oficinas públicas
en los sexenios anteriores, aclaración que ha sido una insistente
demanda popular desde que el actual presidente Andrés Manuel López
Obrador ganó la elección el 1º de julio pasado.
No debe soslayarse, al respecto, que Lozoya Austin es señalado como
pieza central de esa corrupción y como uno de los vasos comunicantes
entre la administración de bienes públicos, las campañas electorales de
su partido, el Revolucionario Institucional, y las cuentas personales en
paraísos fiscales. Por ello, su proceso legal podría arrojar mucha
información para articular lo que hoy por hoy es sólo un conjunto de
cabos sueltos y vincular a los monumentales desvíos de recursos públicos
a cuando menos dos ex presidentes: Felipe Calderón Hinojosa y Enrique
Peña Nieto, en cuyas administraciones habrían tenido lugar los hechos de
corrupción de Odebrecht en nuestro país que han sido documentados por
las autoridades judiciales brasileñas y que el gobierno anterior se
resistió a investigar.
Aunque resultan comprensibles la intensidad y la urgencia de las
exigencias de justicia para los saqueos perpetrados en el pasado
reciente, debe señalarse que si bien éstos son inocultables en conjunto,
resultan difícilmente comprobables en sus detalles y movimientos
concretos: debe tenerse en cuenta que quienes participaron en ellos
tuvieron las condiciones necesarias para darles un barniz de legalidad o
bien para destruir u ocultar la mayor parte de las pruebas. Por ello,
esclarecer esa corrupción e integrar las averiguaciones en contra de
personas específicas es necesariamente una tarea ardua y lenta que
requiere de la colaboración entre diversas dependencias; en el caso
referido, han debido intervenir la UIF, la FGR y la SFP.
La perspectiva de que las imputaciones contra Lozoya y Ancira
permitan abrir la caja de pandora de la reciente corrupción depende, en
gran medida, de la solidez de las imputaciones. Cabe esperar que el
tránsito de la antigua procuraduría a la actual fiscalía marque la
diferencia en la calidad del trabajo y que se logre por fin demostrar
ante las autoridades jurisdiccionales la devastadora apropiación ilícita
de recursos públicos que tuvo lugar en los sexenios anteriores y que
es, sin duda, una causa central de los problemas que enfrenta el país.
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