Civilización o barbarie: récord histórico de linchamientos en México debilita autoridad del Estado
La
justicia por mano propia crece en un país donde la violencia se impone y
las instituciones se debilitan. En 2018 se registraron 174 casos, un
incremento de casi 200% respecto al año anterior.
"Queman
vivos a dos hombres en Acatlán de Osorio; los acusaron de robachicos".
"Linchan en Chiapas a tres hombres; los queman vivos". "Linchan taxistas
de Oaxaca a un menor". "Evangélicos liberan a cura católico que
amagaban con linchar". Muchas veces los titulares de los diarios en
México reflejan realidades como estas.
Los datos publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertan sobre el constante crecimiento de esta práctica en el país desde 2015. Pero el año pasado los linchamientos rebasaron todos los límites, con 174 casos registrados sobrepasó por 114 al período anterior, mostrando un aumento del 190% respecto a 2017.
Y las cosas parecen seguir este trágico cauce. Si bien el estudio presentado tomó en consideración datos hasta 2018, los casos registrados por la Comisión en 2019 confirman las tendencias alcistas. En los cinco meses transcurridos se contabilizaron 67 casos de linchamiento y 107 víctimas. Los datos son relevantes si se tiene en cuenta que en 2018 se contabilizaron 174 casos, con 271 víctimas.
Informa además que el principal motivo de los linchamientos son el robo o asalto. En Ciudad de México más del 80% de los casos de justicia por mano propia tiene que ver con esos delitos; en Morelos, el 55%; mientras que en el Estado de México y en Puebla, un 86 y 70,8% respectivamente.
La explicación que ofrece el texto es que es más factible atrapar al responsable de cometer este tipo de infracción al momento de cometerla.
Mediante
una encuesta realizada por el organismo, se pudo saber en qué grado las
autoridades intervienen cuando ocurre un caso de linchamiento. En
Morelos y Puebla la ausencia de respuesta oficial alcanzó porcentajes
elevados, del 70 y casi 55% respectivamente. Mientras que en Ciudad de
México y el Estado de México la intervención es del casi 50% en ambas.
La metodología que utilizó la CNDH para recabar los datos fue mediante recortes periodísticos. Si bien esto puede dar una idea de la magnitud del problema, el hecho de que se haya realizado de esta manera habla de la ineficiencia institucional para tratar la problemática.
Frente
al vacío institucional la CNDH plantea propuestas para enfrentar la
problemática, ya que, según el segundo visitador es un tema que de no
resolverse "puede llevar a la barbarie".
"Son instancias donde la comunidad asume funciones de denuncia, de
señalamiento, de investigación, de juzgadores y de ejecutores",
sentenció.
Así, el texto plantea no solo circunscribir la parte penal, sino también a la preventiva, la educativa y establecer un registro adecuado de información y de modificaciones penales.
Los datos publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertan sobre el constante crecimiento de esta práctica en el país desde 2015. Pero el año pasado los linchamientos rebasaron todos los límites, con 174 casos registrados sobrepasó por 114 al período anterior, mostrando un aumento del 190% respecto a 2017.
"Se trata de una problemática que va de la mano
de aspectos socioeconómicos, de percepción de la gente sobre
situaciones de inseguridad que están enfrentando y de falta de capacidad
del Estado para contener el fenómeno", dijo a Sputnik el segundo
visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama López.
Y las cosas parecen seguir este trágico cauce. Si bien el estudio presentado tomó en consideración datos hasta 2018, los casos registrados por la Comisión en 2019 confirman las tendencias alcistas. En los cinco meses transcurridos se contabilizaron 67 casos de linchamiento y 107 víctimas. Los datos son relevantes si se tiene en cuenta que en 2018 se contabilizaron 174 casos, con 271 víctimas.
"La gente percibe que ante problemas de
inseguridad no hay una respuesta adecuada de las instituciones, hay una
gran sensación de impunidad. Ese hartazgo se traduce en situaciones
complejas autodefensas, los justicieros y los linchamientos; fenómenos
que denotan una crisis de autoridad", sostuvo el segundo visitador.
Una
de las características inalienables del Estado moderno es el monopolio
del uso de la fuerza, una facultad que no puede ser denegada a nadie ni
detentada por otra entidad. "El hecho de que pobladores de una comunidad
realicen justicia por mano propia es algo que violenta el Estado de
derecho, debilita a las instituciones y es un atropello a los derechos
humanos", agregó.
El documento de la CNDH indica que de los 174 casos de linchamiento
ocurridos en 2018, el 76% ocurrió en cinco entidades federativas: Puebla
(48), Estado de México (40), Tabasco (22), Ciudad de México (13) e
Hidalgo (9).
Informa además que el principal motivo de los linchamientos son el robo o asalto. En Ciudad de México más del 80% de los casos de justicia por mano propia tiene que ver con esos delitos; en Morelos, el 55%; mientras que en el Estado de México y en Puebla, un 86 y 70,8% respectivamente.
La explicación que ofrece el texto es que es más factible atrapar al responsable de cometer este tipo de infracción al momento de cometerla.
"Más del 70% de la población está de acuerdo en
que, si las autoridades no responden con efectividad, la ciudadanía
tiene derecho a tomar cartas en el asunto", explicó Guadarrama López.
La metodología que utilizó la CNDH para recabar los datos fue mediante recortes periodísticos. Si bien esto puede dar una idea de la magnitud del problema, el hecho de que se haya realizado de esta manera habla de la ineficiencia institucional para tratar la problemática.
"No sabemos a ciencia cierta cuántos
responsables, condenados o víctimas hay por este tema. No existen datos
concretos. No hay estrategias adecuadas para enfrentar el problema, ni
siquiera un protocolo establecido ante estas circunstancias. No tenemos
datos oficiales ni un tipo penal sobre linchamientos. Nuestra
investigación se basó en recortes periodísticos. Es una dificultad
enorme enfrentar este problema en estas condiciones", señaló.
©
AFP 2019 / Johan Ordonez
Así, el texto plantea no solo circunscribir la parte penal, sino también a la preventiva, la educativa y establecer un registro adecuado de información y de modificaciones penales.
"Es la única forma de que haya un respeto cabal a los derechos humanos", concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario