DEMOCRACIA LA OTRA AMERICA

Por informe de AI constatamos que hay una política de violencia, dice

Critica ONG ineficiencia del Ejército en trabajos de seguridad pública

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Domingo 25 de febrero de 2018

 

Los altos niveles de violencia registrados en México en 2017, como documentó un informe reciente de Amnistía Internacional (AI), en gran medida son producto de una estrategia intencional del gobierno para mantener atemorizada a la gente, pero también obedecen a la falta de eficiencia del Ejército en tareas de seguridad pública, indicaron colectivos civiles.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, consideró que el estudio de AI –donde se advierte que la violencia extrema creció en el país en 2017, con más de 42 mil homicidios dolosos y 12 periodistas asesinados– demuestra la existencia de una política deliberada para inmovilizar a los sectores inconformes con las políticas del actual gobierno.
Constatamos con el informe de Amnistía que existe una política oficial de violencia, que en algunas regiones y casos particulares se constituye en un terrorismo de Estado, en medio de la cortina de humo que los medios comunicación utilizan para minimizar la situación, afirmó.
Estamos viviendo la crisis de derechos humanos más grave de la historia del México posrevolucionario, a pesar del gran despliegue de recursos jurídicos con que contamos, lo cual se agravará con la entrada en vigor de figuras como la Ley de Seguridad Interior.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, consideró que la violencia ha llegado a los niveles que tiene hoy debido a que se le dejó crecer excesivamente en estados como Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, donde no se implementaron estrategias para frenarla a tiempo.

Sin embargo, añadió, esto también evidencia que las fuerzas armadas no lograron su objetivo de garantizar la paz. Los gobiernos estatales dejaron de hacer su trabajo y el Ejército no pudo hacer las labores de seguridad pública.

Dicho escenario se vuelve aún más complicado por el hecho de que las comisiones estatales de derechos humanos no realizan un trabajo adecuado de denuncia y documentación, como lo demuestra la de Tamaulipas que apenas ha emitido una sola recomendación por desaparición forzada en 10 años.