DEMOCRACIA LA OTRA AMERICA

Necesario, esclarecer el uso de la tortura y la alteración de evidencias, señala

Demanda la ONU replantear la investigación del caso Iguala

Fundamental, establecer la responsabilidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, afirma

Madres y padres de los estudiantes desaparecidos, en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, GuerreroFoto Marcelo Brodsky

De la Redacción

 

Periódico La Jornada

Sábado 26 de septiembre de 2015, p. 3

El Sistema de Naciones Unidas en México (ONU-México) se pronunció ayer en favor de un replanteamiento general de la investigación de los hechos ocurridos en Iguala hace un año, en los cuales desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, y pidió esclarecer las irregularidades surgidas a lo largo de las pesquisas, como el uso de la tortura para conseguir confesiones, alteración de evidencias, omisiones y deficiencias periciales.

También destacó que es fundamental establecer las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron directamente en los hechos o que, teniendo conocimiento de los mismos, no cumplieron con el deber de garantía, prevención y protección que toda autoridad tiene.

En un comunicado manifestó que esos hechos han contribuido a evidenciar los desafíos que enfrenta México en materia de desapariciones, y estimó que el Estado se encuentra ante una oportunidad histórica, como lo calificó recientemente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, para transformar la situación imperante.

Las más de 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, deben alentar a todas las autoridades a asumir la búsqueda de éstas como una prioridad ineludible, subrayó.

Explicó que los efectos de no poder localizar a un ser querido perduran hasta que no se esclarece su suerte o paradero, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares y allegados. Nadie debe ser sometido por más tiempo a este calvario, enfatizó.

La víspera de cumplirse un año de la desaparición de los 43 normalistas, la ONU-México dio a conocer su profunda solidaridad con las víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos y sus familias, y en particular dijo que los hechos de Iguala, en donde además se ejecutó a seis personas de manera extrajudicial y se provocaron lesiones a 40 más, algunas de ellas de suma gravedad, constituye uno de los casos más graves de violaciones de derechos humanosen la historia reciente del país.

Reconoce apertura al diálogo

Además, externó su aprecio por la reacción alentadora del gobierno ante el informe que del también llamado caso Ayotzinapa presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la apertura al diálogo que al más alto nivel las autoridades mexicanas han tenido con los padres de los estudiantes desaparecidos y su disposición de mantener abiertas las líneas de investigación del caso como muestras del interés por buscar las mejores fórmulas, para esclarecer los hechos, investigar, juzgar y sancionar a los responsables y reparar el daño a las víctimas.

De igual manera, hizo un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, en particular al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que desde diferentes ámbitos han acompañado a las víctimas de la tragedia en Iguala y otros casos de desapariciones de personas.

Además resaltó la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense y la del conjunto de organizaciones sociales y la ciudadanía.

Con la petición de que se replantee la investigación sobre el ataque a los estudainetes de Ayotzinapa, el Sistema de las Naciones Unidas en México se une al llamado hecho por el GIEI en el mismo sentido, el cual fue respaldado por varios expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Por último reiteró su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.