DEMOCRACIA LA OTRA AMERICA

PPP. LUCHA SOCIAL, POLITICA Y ARMAD EN MEXICO.

POR Jorge Lofredo.

El actual gobierno mexicano continúa endureciendo sus discursos y acciones contra los sectores más 

vulnerables de la sociedad mexicana, en una provocación sin sentido y carente de viabilidad política. 

Así, el máximo responsable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, descartó la posibilidad de rechazo y oposición al Plan Puebla Panamá (PPP) por parte de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, en una reunión que mantuvo con los gobernadores de Veracruz, Campeche, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y el secretario de Finanzas de Yucatán; como una suerte de 'relanzamiento' del PPP. (La Jornada, 19 de julio de 2003.) 

Como una instancia más de la provocación de las autoridades a las comunidades indígenas y campesinos, y sin la evaluación correspondiente de los riesgos económicos, políticos y sociales que trae aparejado el mega proyecto, la actual administración federal demuestra con ello la cerrazón política en la que se halla inmerso, agravado por la reciente derrota en los comicios del seis de julio pasado. Pero en los estados del sureste, la persecución y encarcelamiento a opositores y luchadores sociales desnuda las políticas que ejercen los gobernadores priístas y ex priístas, coincidentes con la vieja lógica de que oscila entre la cooptación de los inconformes o desatar la represión contra los movimientos de protesta. 

De esta manera, en el mismo espacio geográfico donde se proyectan las vías del Plan están sumergidas las organizaciones guerrilleras de los que se reconoce su operatividad en México. Es por ello que al despreciar la resistencia que se teje en torno al Puebla Panamá resulta un juego peligroso pues las variantes de oposición que presenta pueden enmarcarse dentro del marco de la legalidad y también por fuera de ella, ya que los brotes de violencia armada no provienen únicamente de los grupos guerrilleros ni paramilitares. 

En este sentido, mientras se desconoce oficialmente la presencia de paramilitares en Chiapas, la violencia continúa y, peor aún, y sobreviven las causas que originaron el levantamiento zapatista del primero de enero de 1994; tampoco se rompió el cerco de acero de la impunidad que no permite juzgar ni castigar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas en Guerrero; y aún persisten los conflictos por la tierra en Oaxaca, cuyo caso más paradigmático resulta Chimalapas, donde recientemente el obispo de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, denunció la reorganización y presencia de grupos armados en el lugar (El Imparcial, 18 de julio de 2003), aunque su referencia no era únicamente a las bandas que brindan protección a los talamontes, como hizo público el mes pasado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando confirmó la presencia de por lo menos cien de este tipo de grupos a lo largo de todo el país. 

En medio de este contexto de violencia, la incursión del PPP sirve para radicalizar aún más las posiciones y polarizar el enfrentamiento que se libra y encuentra en las comunidades indígenas y de campesinos el campo de batalla. Como ejemplo sirve el proceso en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, y que encontró la férrea oposición y resistencia de los campesinos de San Salvador Atenco, hecho que finalizó con el retiro del proyecto gubernamental. Ante esta situación, los grupos guerrilleros enfrentan un laberinto de difícil resolución: una respuesta armada puede servir para aglutinar a toda la clase política y sectores de la sociedad en oposición a la 'violencia', pero a la vez no pueden omitir una respuesta que los empuja a impulsar acciones más radicales o, en cambio, la búsqueda de alternativas políticas capaces de frenar el PPP. 

Sin embargo, el silencio en el que se encuentran estos grupos, incluido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), refiere más a la impotencia interna que a una estrategia política, hecho que resulta de capital importancia. En este sentido, alto es el riesgo que se corre pues el PPP resulta un parteaguas que puede anticipar la reaparición de grupos armados en la región, capaces de provocar algún grado de desestabilización, tanto por acción propia y/o por el nivel de degradación que evidencian los gobiernos locales. En forma conjunta, el alto grado de conflictividad social que se registra en la región también resulta base para la actividad de las organizaciones armadas y, prescindiendo de ellas, también se pueden producir respuestas de este tipo pues en la dinámica de los enfrentamientos, muchas de las comunidades ya están armadas, aunque rudimentariamente. 

No obstante, el mismo ejemplo de Atenco ofrece una situación contraria: no hubo presencia de guerrilla ni tampoco los campesinos defendieron a sus tierras con armas. Pero la respuesta unificada al proyecto aeroportuario resultó una garantía para los ejidatarios, hecho que puede plasmarse, aunque con mayor dificultad, en la región. En efecto, no puede medirse en términos estrictos la incidencia de una amenaza externa, el PPP, en el contexto del enfrentamiento actual entre comunidades, ya que el Puebla Panamá viene a subvertir su forma tradicional de organización y subsistencia. El caso de los grupos guerrilleros es aún más complejo: inmersos en una dinámica interna que parece incapacitarlos para una respuesta por la vía de las armas, a la vez serán objeto de un mayor despliegue del ejército y los cuerpos policiales en las comunidades, como una justificación para militarizar la región que contenga la presión social que ya se viene produciendo desde la asunción del presidente Fox. Sin embargo, tampoco es predecible las políticas que se darán al interior de las organizaciones ni hacia fuera, pues no podrán quedar impasibles al PPP, como ya lo han denunciado en sus comunicados, o bien quedarán recluidos a un espacio más marginal del que ya están recluidos, como organizaciones testimoniales o de simple denuncia, pero sin efectos políticos como es tradicional en las agrupaciones insurgentes armadas. 

Pero el tránsito por este sendero que han recorrido las organizaciones políticas y militares latinoamericanas, no parecen ejemplo para definir la actualidad de las organizaciones mexicanas sino que, todo lo contrario, las rupturas internas que han sufrido inmovilizaron su accionar hasta cumplir un papel de organización de izquierda más, indistintamente legal o ilegal. Todo ello muestra la complejidad del escenario donde se busca imponer geográficamente el Plan Puebla Panamá. Las respuestas que surjan en su oposición y resistencia aún están por plasmarse aunque ya una infinidad de organizaciones sociales y políticas adelantaron sus negativas, no tan sólo en México sino también en los países centroamericanos. 

(Fuente: Resumen Latinoamericano. Tomado deRebelión, 27 de julio de 2003)