Grabaciones de altos cargos de la constructora española OHL en México difundidas en internet, tramando sobreprecios y plazos falsos de contratos multimillonarios han escandalizado a la opinión pública y los mercados, con un modus operandi que el experto Oscar Arredondo desentraña en una entrevista con Sputnik Mundo.
El origen de las escuchas telefónicas y el derrumbe de OHL el viernes en los mercados son poco relevantes y sólo sirven para el morbo, "la clave es que ellos son intocables con los sistemas anticorrupción actuales", afirma el investigador del programa Presupuestos y Políticas Públicas de la fundación independiente Fundar.
El revuelo internacional no debería ser porque se trata de una transnacional española que construye carretas por doquier en México con sobreprecios y sobornando altos funcionarios, "sino que la trama se cocina desde el lado privado, un terreno donde las reformas anticorrupción no incursionan", denuncia el investigador Arredondo.
Las nuevas leyes de transparencia y anticorrupción aprobadas por el Congreso están orientadas a vigilar al sector público pero dejan las manos libres al voraz sector privado.
"Allí queda abierta la brecha para la impunidad", señala el investigador de la ONG integrada por decenas de académicos y expertos, organizados como un prestigioso vigilante social independiente en el corazón de un bohemio barrio colonial de la capital mexicana, Coyoacán.
El escándalo se origina en que se trata de llamadas grabadas –casi una hora en total– cruzadas entre varios directivos de una empresa multinacional y del soborno a responsable del gabinete de un gobierno estatal, nada menos que el secretario de Comunicaciones y Transporte del central Estado de México que gobernó Enrique Peña antes de ganar la Presidencia de México.
Sin embargo, otro problema de origen en el modus operandi de la corrupción mexicana está en las adjudicaciones directas: los contratos otorgados por los gobernantes sin procesos públicos de licitaciones, señala Arredondo.
"En México abundan las figuras legales en las cuales los gobernantes se amparan para autorizar adjudicaciones directas de manera discrecional, que deberían ser eliminadas", apunta.
Un dato detectado por el experto revela el estilo de los gobernantes del central Estado de México, un enclave histórico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que volvió al poder con Peña en 2012 –tras perder en el 2000 la Presidencia que ejerció siete décadas–: las adjudicaciones federales directas subieron de 20 a 40 por ciento desde 2012.
"En México: político pobre es un pobre político"
Las reformas del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción contemplan un tribunal de justicia administrativa, de manera que habrá mayores obligaciones, "pero no son suficientes y las leyes secundarias, aún pendientes, son una oportunidad para incluir el tema de las responsabilidades de las contrapartes privadas del Estado", anticipa el responsable de Fundar.
"El caso OHL revela que es en el sector privado donde se cocina la corrupción y no se castiga; porque las leyes crean una fiscalía especial de combate a la corrupción que sólo penaliza a los funcionarios públicos por la malversación de fondos del Estado", dejando escapar por la puerta trasera a los conspiradores privados.
La oportunidad de las nuevas leyes anticorrupción se abre así para detectar dónde se presentan las irregularidades del sector privado que se confabula parra corromper funcionarios, como lo hizo OHL al ofrecer vacaciones decembrinas pagadas de lujo a un alto cargo del gobierno del Estado de México.
La mayoría de los fraudes en México ocurren en los contratos de infraestructura, mediante sobreprecios, proyectos deliberadamente mal planeados, contratos con errores de diseño que permiten a los gobiernos ejercer el gasto en forma discrecional, modificar las inversiones con precios alterados, aprobarlos y permitir a las empresas cobrar de más.
En el país latinoamericano "no existe un control de esos trucos que se hacen desde el momento de la planeación de los proyectos a lo largo del tiempo", afirma Arredondo.
De esta manera, "quedan abiertas la puertas para que, en la legalidad aparente, se puedan cocinar sobrecostos y sobreprecios ilegítimos, injustos para la sociedad", como lo ha hecho el gigante OHL.
Los contratos millonarios de obras se hacen así respetando las leyes, en la forma: "están hechas para permitir esas fisuras por donde se cuela la corrupción, tienen los sellos oficiales para indicar que es legal, pero quienes negocian esas obras saben muy bien cuáles documentos y qué información deben transparentar y cuáles no".
Esas formas "son ilegítimas, es decir no se justifican, ni ética ni financieramente, el problema es que las leyes mexicanas actuales lo permiten".
La cultura de controles políticos, sociales y administrativos, mediante balances y contrapesos para rendir cuentas no se ha cultivado en México por décadas, se lamenta el investigador.
"Se ampara en un marco normativo endeble que nadie tiene interés real en modificar, porque es una mina de oro para enriquecerse desde el sector público", resume.
Así se hace realidad la máxima mexicana de que "un político pobre es un pobre político".
Y desde el Presidente hacia abajo muchos obtienen sus mansiones de contratistas… que construyen para el Gobierno.
El Sistema Nacional Anticorrupción que recién se está construyendo este año es resultado de una sociedad civil más madura y atenta, aunque aún es minoría, que vigila normas para desmontar la corrupción, abierta por la endémica oportunidad de la impunidad.
Los montos que son malversados sin castigo pueden variar muchísimo; pero en promedio pueden rondar el 20 por ciento de los contratos, afirma Arredondo.
"Todo depende de la flexibilidad del ejercicio del gasto público, de las variaciones del tipo de cambio del dólar, de la temporalidad de la ejecución, de los sobreprecios que pueden oscilar entre el 25 y el 40, por ciento", cuantifica Arredondo con base en los registros analizados con su lupa en la letra pequeña.
Sin embargo, hay contratos que sobrepasan esos porcentajes. El experto advierte que la Auditoria Superior de la Federación –que es una fuente accesible para los investigadores de la sociedad civil- hace un buen trabajo sobre las denominadas áreas de riesgo en el gasto público mexicano, no se le pude acusar de negligencia.
El problema es que las peores zonas de opacidad se originan en la planeación, por la ausencia de una cultura administrativa de control de riesgos: "gastan sin controles, y cuando nadie los vigila, allí los gastos del Estado se disparan". Es el hueco del barril sin fondo.
Les invitamos a comentar la publicación en nuestra página de Facebook o nuestro canal de Twitter.
El revuelo internacional no debería ser porque se trata de una transnacional española que construye carretas por doquier en México con sobreprecios y sobornando altos funcionarios, "sino que la trama se cocina desde el lado privado, un terreno donde las reformas anticorrupción no incursionan", denuncia el investigador Arredondo.
Las nuevas leyes de transparencia y anticorrupción aprobadas por el Congreso están orientadas a vigilar al sector público pero dejan las manos libres al voraz sector privado.
"Allí queda abierta la brecha para la impunidad", señala el investigador de la ONG integrada por decenas de académicos y expertos, organizados como un prestigioso vigilante social independiente en el corazón de un bohemio barrio colonial de la capital mexicana, Coyoacán.
El escándalo se origina en que se trata de llamadas grabadas –casi una hora en total– cruzadas entre varios directivos de una empresa multinacional y del soborno a responsable del gabinete de un gobierno estatal, nada menos que el secretario de Comunicaciones y Transporte del central Estado de México que gobernó Enrique Peña antes de ganar la Presidencia de México.
Sin embargo, otro problema de origen en el modus operandi de la corrupción mexicana está en las adjudicaciones directas: los contratos otorgados por los gobernantes sin procesos públicos de licitaciones, señala Arredondo.
"En México abundan las figuras legales en las cuales los gobernantes se amparan para autorizar adjudicaciones directas de manera discrecional, que deberían ser eliminadas", apunta.
Un dato detectado por el experto revela el estilo de los gobernantes del central Estado de México, un enclave histórico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que volvió al poder con Peña en 2012 –tras perder en el 2000 la Presidencia que ejerció siete décadas–: las adjudicaciones federales directas subieron de 20 a 40 por ciento desde 2012.
"En México: político pobre es un pobre político"
Las reformas del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción contemplan un tribunal de justicia administrativa, de manera que habrá mayores obligaciones, "pero no son suficientes y las leyes secundarias, aún pendientes, son una oportunidad para incluir el tema de las responsabilidades de las contrapartes privadas del Estado", anticipa el responsable de Fundar.
"El caso OHL revela que es en el sector privado donde se cocina la corrupción y no se castiga; porque las leyes crean una fiscalía especial de combate a la corrupción que sólo penaliza a los funcionarios públicos por la malversación de fondos del Estado", dejando escapar por la puerta trasera a los conspiradores privados.
La oportunidad de las nuevas leyes anticorrupción se abre así para detectar dónde se presentan las irregularidades del sector privado que se confabula parra corromper funcionarios, como lo hizo OHL al ofrecer vacaciones decembrinas pagadas de lujo a un alto cargo del gobierno del Estado de México.
La mayoría de los fraudes en México ocurren en los contratos de infraestructura, mediante sobreprecios, proyectos deliberadamente mal planeados, contratos con errores de diseño que permiten a los gobiernos ejercer el gasto en forma discrecional, modificar las inversiones con precios alterados, aprobarlos y permitir a las empresas cobrar de más.
En el país latinoamericano "no existe un control de esos trucos que se hacen desde el momento de la planeación de los proyectos a lo largo del tiempo", afirma Arredondo.
De esta manera, "quedan abiertas la puertas para que, en la legalidad aparente, se puedan cocinar sobrecostos y sobreprecios ilegítimos, injustos para la sociedad", como lo ha hecho el gigante OHL.
Los contratos millonarios de obras se hacen así respetando las leyes, en la forma: "están hechas para permitir esas fisuras por donde se cuela la corrupción, tienen los sellos oficiales para indicar que es legal, pero quienes negocian esas obras saben muy bien cuáles documentos y qué información deben transparentar y cuáles no".
Esas formas "son ilegítimas, es decir no se justifican, ni ética ni financieramente, el problema es que las leyes mexicanas actuales lo permiten".
La cultura de controles políticos, sociales y administrativos, mediante balances y contrapesos para rendir cuentas no se ha cultivado en México por décadas, se lamenta el investigador.
"Se ampara en un marco normativo endeble que nadie tiene interés real en modificar, porque es una mina de oro para enriquecerse desde el sector público", resume.
Así se hace realidad la máxima mexicana de que "un político pobre es un pobre político".
Y desde el Presidente hacia abajo muchos obtienen sus mansiones de contratistas… que construyen para el Gobierno.
El Sistema Nacional Anticorrupción que recién se está construyendo este año es resultado de una sociedad civil más madura y atenta, aunque aún es minoría, que vigila normas para desmontar la corrupción, abierta por la endémica oportunidad de la impunidad.
Los montos que son malversados sin castigo pueden variar muchísimo; pero en promedio pueden rondar el 20 por ciento de los contratos, afirma Arredondo.
"Todo depende de la flexibilidad del ejercicio del gasto público, de las variaciones del tipo de cambio del dólar, de la temporalidad de la ejecución, de los sobreprecios que pueden oscilar entre el 25 y el 40, por ciento", cuantifica Arredondo con base en los registros analizados con su lupa en la letra pequeña.
Sin embargo, hay contratos que sobrepasan esos porcentajes. El experto advierte que la Auditoria Superior de la Federación –que es una fuente accesible para los investigadores de la sociedad civil- hace un buen trabajo sobre las denominadas áreas de riesgo en el gasto público mexicano, no se le pude acusar de negligencia.
El problema es que las peores zonas de opacidad se originan en la planeación, por la ausencia de una cultura administrativa de control de riesgos: "gastan sin controles, y cuando nadie los vigila, allí los gastos del Estado se disparan". Es el hueco del barril sin fondo.
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