DEMOCRACIA LA OTRA AMERICA

México SA

Gasto: recorte y corrupción

Austeridad de a mentiras

Gobierno anima desigualdad

Carlos Fernández-Vega

Cada que el gobierno recorta el gasto público (algo por demás recurrente) el pretexto inmediato es que procede en tal sentido para mantener sanas las finanzas públicas, y en seguida obsequia la cereza: seremos austeros y nos apretaremos el cinturón.

¿En serio? El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM adelanta a México SA su más reciente estudio sobre el tema que se menciona, y de entrada subraya que la tan cacareada austeridad es para los pobres, no para los ricos. De ese detallado trabajo académico se toman los siguientes pasajes. Va, pues.

¿Por qué se habla de una falsa austeridad? Porque los recursos disminuidos no son aquellos asignados a los gastos de la burocracia ni a los altos funcionarios y servidores públicos; cotidianamente se conocen casos de corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, moches, y demás actos ilegales que se nutren del erario, mientras continúan los recortes.

En muchas ocasiones el recorte al gasto de inversión pública beneficia a los privados; es posible correlacionar el gran crecimiento del número y penetración de las instituciones educativas y de salud de carácter privado; incluso en el transporte público y la infraestructura, la inversión privada se ha hecho presente, lo cual permite obtener beneficios privados en sectores que históricamente eran de carácter público.

Se documenta que a partir de 2007 el gasto en desarrollo económico ha sido el más castigado en cuanto a su proporción respecto al total del gasto programable y a su variación anual durante ese periodo; esto presupone que ha perdido lugar respecto a otros destinos de gasto que, sin ser menos importantes, si son menos prioritarios para el desarrollo, especialmente el social.

Si se observa el decepcionante desempeño del sector privado de la economía nacional, sus bajos ritmos de inversión, los cada vez más precarios empleos ofrecidos, las prestaciones que están en niveles paupérrimos, el complemento natural que significa el gasto público ha tenido un comportamiento tal que ha perdido su capacidad de complementar el consumo e inversión privados, lo cual ha acentuado notablemente las secuelas en el tejido social, las cuales se han gestado durante todo el periodo y se palpa en la actualidad.

Los efectos de una falsa austeridad que perjudica la inversión en desarrollo económico y social trae como consecuencia una baja de la productividad laboral cuando hablamos de recortes al gasto en educación, ya que éste se traduce en ciudadanos menos educados y con menor cualificación intelectual y de su fuerza de trabajo, los cuales no pueden desarrollar y asimilar nuevos patrones tecnológicos a la planta productiva de la nación. El discurso oficial sobre la reforma educativa se pone severamente en entredicho cuando se revela la importancia de este rubro frente a otros menos cruciales y más favorecidos.

En salud, las consecuencias se notan en el mediano y largo plazos, pues una menor disponibilidad de recursos para este renglón cuando la población es creciente, provoca una saturación de la infraestructura médica pública y una elevación del costo de la salud para la población. Progresivamente esto se traduce en pérdida del bienestar social y empeoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes.

El gobierno tiene como uno de sus objetivos primordiales reducir la brecha de la desigualdad y dotar de benefactores materiales a las capas sociales menos favorecidas, pero no ha cumplido con este mandato. Aunado a esto, las erogaciones que tendrían que coadyuvar a cumplir este objetivo han sido reducidas por la aplicación de medidas de austeridad, las cuales tendrían que afectar en mayor medida a ramos que tuvieran menor impacto en la consecución del mencionado objetivo.

La falsa austeridad también se ve reflejada en el sistema impositivo de una nación, ya que éste debe procurar la justa distribución de la carga del gasto público según la capacidad del contribuyente, atendiendo siempre al principio de progresividad, así como a la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, fundamentado en un sistema eficiente para la recaudación de los impuestos.

Desde el periodo del desarrollo estabilizador en México, las misceláneas y reformas fiscales propuestas y aprobadas han devorado porciones inequitativas del ingreso de segmentos medios y bajos de la población, comparados con aquellos que tienen ingresos superiores y pertenecen a las minorías rentistas y con grandes ganancias.

Los ingresos por ganancias de sectores como el financiero y minero no se gravan adecuadamente, como por principio se debería hacer, lo que provoca que el peso del erario público lo carguen los trabajadores que viven al día o bien que apenas pueden solventar los gastos de una vida digna, mientras los recursos públicos se emplean ineficientemente y se dilapidan en gasto corriente de la burocracia estatal. No es coincidencia que al amparo de la nueva ideología económica y política, las fortunas privadas hayan crecido a ritmos tan acelerados y hayan convertido a varios empresarios en magnates al nivel de posicionarse en las listas de los hombres más poderosos y ricos del planeta.

Las consecuencias del mal empleo de los recursos públicos y la falsa austeridad han acentuado sobremanera la mala distribución del ingreso y la desigualdad social; no es sorpresa que la apatía de la ciudadanía y su malestar con la clase política vayan en ascenso de la mano de una disminución del sentimiento de cohesión social y de unidad nacional. La escalada de la violencia, la delincuencia y la descomposición del tejido social son en buena parte responsabilidad de una inadecuada política de desarrollo económico y social.

El concepto de austeridad debe revaluarse, librarlo de dogmas y aplicarlo para acabar con el dispendio y la ineficiencia de la burocracia gubernamental; el gasto público debe aplicarse a proyectos productivos y de desarrollo social. El gasto tiene que reprogramarse para disminuir la desigualdad de ingresos y oportunidades en el país; los responsables de las políticas públicas deben tener presente que una sociedad democrática, que traería una nación justa, equitativa y con oportunidades no es compatible con las grandes desigualdades sociales.

Las rebanadas del pastel

Como dice el clásico, habrá que ver de qué boquita sale más carroña en el debate Clinton-Trump… Y ayer el billete verde se vendió a 20.21 microscópicos pesitos.

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