Impunidad y corrupción en Quintana Roo
Iván Restrepo
En una entrevista publicada en 1978 en la magnífica revista México Forestal, que fundó don Miguel Ángel de Quevedo en 1925, el delegado de la de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en Quintana Roo predijo el fin de los bosques en dicha entidad. El ingeniero Mario Villanueva advertía sobre los efectos negativos por destruir tan preciado recurso. Villanueva sería después gobernador de la entidad y al inicio de su mandato propuso ordenar ambiental y territorialmente el crecimiento de la Riviera Maya, los 120 kilómetros costeros que van de Cancún a Tulum. Una tarea en la que participaron reconocidos especialistas y Julia Carabias, entonces secretaria del Medio Ambiente federal. La corrupción, la impunidad, el atraer inversiones a cualquier costo, hicieron trizas el ordenamiento. Años antes, Pedro Joaquín Coldwel estableció la que, pese a todo, es la reserva natural más importante de Quintana Roo: Sian Kaan.
Ahora esta entidad es noticia, pues su gobernador, Roberto Borge, la endeudó escandalosamente y se ha enriquecido junto con sus amigos. Son incontables los abusos y excesos cometidos. El último, en la franja litoral de Punta Piedra, en el municipio de Tulum. El 18 de junio pasado, cerca de 200 guardias de seguridad privada, desalojaron violentamente a 300 turistas extranjeros que vacacionaban en 20 pequeños hoteles. Igualmente sacaron los muebles de dichos lugares. Quienes intentaron oponerse al desalojo, fueron agredidos con palos y gases lacrimógenos. Patricia Vázquez y Carlos Águila, corresponsales de La Jornada, dieron cuenta de lo ocurrido y que el desalojo y despojo lo ordenó un juzgado de Playa del Carmen. Es una antigua disputa por tierras entre ejidatarios de dicha franja costera y un grupo de empresarios de Monterrey.
Los golpeadores no exhibieron orden judicial alguna y contaron con el apoyo de la policía local para apropiarse de los hoteles. Los despojados de sus negocios responsabilizaron por lo que les pueda pasar a los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe Montemayor Garza. Los señalan de intentar quitarles lo que les pertenece mediante un título de propiedad falso de diciembre de 1948. Desde que gobernaba Mario Villanueva, en Punta Piedra esos empresarios buscan por todos los medios apropiarse ilegalmente de terrenos con alto valor comercial. Antes lograron otros desalojos violentos e ilegales.
Todo apunta a que los empresarios y los grupos dedicados al despojo de tierras ejidales o particulares cuentan con el apoyo de Borge, sus fieles en el Poder Judicial y uno que otro notario corrupto. El reciente desalojo y despojo fue noticia mundial y llevó a que las embajadas de nueve países expresaran su preocupación ante la Secretaria de Relaciones Exteriores y amenazaran con emitir alertas para que sus ciudadanos no viajen a Tulum.
Y mientras Guillermo Haro, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dice que se investiga lo ocurrido y que en Quintana Roo es donde más se ha evitado el crecimiento inmobiliario que afecta al medio ambiente (lo que no es verdad), el gobierno estatal no aclara todavía el destino de los millonarios recursos recaudados por el impuesto al hospedaje, que deben destinarse a promoción e infraestructura turística.
Borge busca blindarse contra cualquier acción futura en su contra por los desmanes que, junto con su pandilla, ha cometido con la complicidad de sus cercanos colaboradores; su partido, el PRI, los poderes Legislativo y Judicial y la complacencia de una prensa venal que vive del dinero público a cambio de insultar a quienes lo critican. Ese blindaje quedará sin efecto por varios motivos: 1) fue derrotado en las urnas el candidato que Borge impuso para sucederlo; 2) quien triunfó promete no encubrir los delitos cometidos por el góber; 3) la Procuraduría General de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar inconstitucional el blindaje borgiano, y 4) la ciudadanía de Quintana Roo exige aplicar todo el peso de ley a los corruptos de la actual administración. Ojalá esta vez no reine, como es costumbre, la impunidad.
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