Señala que autoridades estatales están facultadas para investigar denuncia por peculado
Juez de Chihuahua niega a la PGR el expediente de Alejandro Gutiérrez
Los recursos que se habrían desviado de la Secretaría de Educación local a campañas del PRI eran estatales, no federales, afirma
Un tribunal colegiado resolvería conflicto de competencia
Un tribunal colegiado resolvería conflicto de competencia
Un juez de Chihuahua se negó a entregar a la justicia federal el
expediente de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario nacional
adjunto del Partido Revolucionario Institucional, acusado del delito de
peculado. En la audiencia se determinó que la autoridad local tiene
facultades para seguir con las investigaciones del caso
Foto Jesús Estrada
J. Estrada, R. Villalpando y D. A. García
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2018
Miércoles 28 de marzo de 2018
Un juez de Chihuahua negó la competencia de la
Procuraduría General de la República (PGR) para atraer la investigación
por peculado agravado que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició
contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez –ex secretario nacional adjunto del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y operador político de
Manlio Fabio Beltrones– y otros dos ex funcionarios del gobierno de
César Duarte Jáquez (2010-2016) implicados en el presunto desvío de 250
millones de pesos a las arcas del tricolor.
Los recursos federales habrían sido desviados desde la Secretaría de
Educación estatal; por ello, el pasado 16 de febrero Gerardo Moreno
García, juez federal de la Ciudad de México, resolvió solicitar la
atracción de los casos de Alejandro Gutiérrez, Enrique Antonio Tarín,
director de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de
Duarte, además de Gerardo V. M., ex director de Administración de la
Secretaría de Hacienda local.La noche del lunes, al concluir la audiencia de más de 10 horas y después de que el Ministerio Público y los abogados de los imputados expusieron sus argumentos, el juez local Alejandro Legarda Carreón dijo que los imputados han interpuesto varios amparos en contra de los juicios que enfrentan, los cuales fueron rechazados por jueces federales.
Explicó que si los jueces que determinaron improcedentes los amparos no consideraron que el caso eran de competencia federal, por lógica debe permanecer en el ámbito local.
La FGE informó que el juez de control del distrito judicial Morelos resolvió que los elementos de prueba obtenidos por la FGE resultan suficientes para continuar el proceso en contra de Alejandro Gutiérrez.
En la audiencia se expuso que, de acuerdo con revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública federal se determinó que los recursos desviados se tomaron del erario local y los fondos de las asignaciones federales del ramo 23 correspondientes a provisiones salariales y económicas se aplicaron al objeto convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que estos últimos no tienen relación con el desvío.
La FGE argumentó que la causa penal debe permanecer en el ámbito local debido a que la triangulación de recursos se realizó en Chihuahua y los recursos fueron depositados en 2016 en la cuenta 4058556945 del banco HSBC, de la Secretaría de Hacienda estatal.
Con esta resolución, un tribunal colegiado de circuito deberá
resolver si la presunta triangulación de recursos estatales para
financiar campañas del PRI es de ámbito federal o del fuero común.
Confiamos en que el tribunal colegiado ratificará la decisión del juez local. Si se observan las resoluciones de la justicia federal en otros juicios de amparo sobre los mismos delitos que se imputan a Alejandro Gutiérrez, no hay duda de que se trata de un peculado de carácter local y que corresponde en exclusiva a las autoridades estatales su desahogo, declaró el gobernador Javier Corral Jurado.
Entre diciembre de 2015 y octubre de 2016, Gerardo V. M. y Enrique
Antonio T. G. habrían simulado la realización de dictámenes de excepción
a licitaciones públicas y actas de adjudicación directa, así como
contratos con sus respectivos pagos y facturación, para desviar 250
millones de pesos destinados a programas educativos en la entidad y a la
elaboración de manuales de servicios aéreos.
A Alejandro G. G. se le imputa haber designado a las empresas con las
cuales se celebraron los contratos para el desvío de los recursos.
En febrero pasado, Corral Jurado acordó con el secretario de
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la entrega de 900 millones de
pesos para el gobierno estatal, agilizar la extradición del ex
gobernador César Duarte, el traslado de Alejandro Gutiérrez a un penal
federal y dejar sin efecto las multas de la PGR al fiscal general de
Chihuahua y a otros tres servidores públicos de esa entidad por no
entregar la información requerida para investigar presuntos actos de
tortura en contra de Alejandro Gutiérrez.
Interno en el Centro de Reinserción Social número uno de Aquiles
Serdán, Chihuahua, el ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional del
PRI, detenido el 20 de diciembre, alegó tortura, por lo cual la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares. El ombudsman
también pidió peritajes médicos a la PGR, y la información con que
contaban el secretario general de Gobierno de Chihuahua, la fiscalía y
el centro de reinserción.
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