DEMOCRACIA LA OTRA AMERICA

Amenazan a abogado de familia atacada en N. Laredo

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Sábado 31 de marzo de 2018

 

Luego del operativo de la Secretaría de Marina que el pasado domingo provocó la muerte de una mujer y sus dos hijas menores de edad en Nuevo Laredo, así como heridas graves en el padre de familia y otras dos niñas sobrevivientes al ataque, tanto las víctimas como el abogado defensor de ellas están siendo blanco de una campaña de odio a través de redes sociales, alertaron diversos colectivos civiles y defensores de derechos humanos.

En un comunicado conjunto –signado por decenas de organizaciones y activistas a título individual–, se advirtió que se ha desatado una campaña de criminalización de las víctimas y amenazas en redes sociales contra el abogado de la familia, Raymundo Ramos, quien es director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Los firmantes exigieron que se proteja la vida e integridad de las dos niñas que sobrevivieron al ataque, su padre y los activistas que han denunciado el caso, por temor a que sufran represalias por parte de la Marina o el gobierno de Tamaulipas.
De igual manera, exigieron que se active el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y que las autoridades estatales emitan mensajes al más alto nivel para dejar en claro que no estimulan ni toleran la criminalización de las víctimas ni la filtración de información de la indagatoria sobre el caso.

Exigen que no haya presión

Llamaron a la Secretaría de Marina a desarrollar un mecanismo de seguimiento para evitar que sus integrantes tengan contacto con la familia y con las autoridades del estado, para que no se ejerza ningún tipo de presión contra ellas que obstaculice la investigación objetiva de los hechos.

En entrevista con La Jornada, Raymundo Ramos señaló que las descalificaciones y amenazas que han lanzado en contra suya a través de redes sociales –donde lo acusan de mentir y de pertenecer a grupos delincuenciales– son una reacción del Estado para desacreditar a quienes alzan la voz para denunciar los abusos de las fuerzas de seguridad.