viernes, 27 de febrero de 2015

Utiliza el derecho penal para someter, denuncian ONG
La PGR busca disfrazar la represión y el castigo a la protesta pública

Fernando Camacho Servín 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de febrero de 2015
 
La apelación de la Procuraduría General de la República (PGR) a la puesta en libertad de las 11 personas que habían sido detenidas tras la manifestación del pasado 20 de noviembre en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa es una señal de descaro y necedad por parte del gobierno federal, pues las autoridades insisten en presentar argumentos que ya habían sido desechados por inconsistentes.
Así lo afirmaron el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), el cual advirtió que la intención de la PGR es utilizar el derecho penal como herramienta de represión y castigo contra la protesta pública, señaló.
Mediante un comunicado conjunto, los organismos subrayaron que, a muy poco tiempo de que se conozca la sentencia en el caso de los 11 detenidos, la entidad a cargo de Jesús Murillo Karam sigue enarbolando cuatro causas inverosímiles para impugnar el auto de libertad ordenado por un juez, luego de no encontrara elementos para acusarlos de asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio.
Entre ellas, destacaron ambos colectivos, está el hecho de considerar que la tentativa de homicidio está comprobada porque los inculpados supuestamente gritaron vamos a matar a éste pinche perro, y señalar que es un hecho la pertenencia de los detenidos a un grupo anarquista porque todos ellos reconocen la hora y motivo de la cita en la plancha del Zócalo.
Además, la PGR insiste todavía en que está acreditado que el 20 de noviembre hubo una reunión tumultuaria en el Zócalo y que hubo actos violentos, por lo tanto es obvio que hubo violencia contra las personas y las cosas.
Asimismo, reivindica que los detenidos son anarquistas, porque aunque saben conducirse negando que se conocen, está acreditado que estaban ahí con el mismo fin.
Por todo ello, el IMDHD y la ODI consideraron un descaro la apelación de la PGR, y como una necedad del gobierno federal utilizar el derecho penal como herramienta de represión y castigo en contra de la protesta pública.

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