DEMOCRACIA LA OTRA AMERICA

Funcionarios de gobiernos panistas, los dueños de ranchos impugnados

El dinero y la política, detrás de la explotación laboral en San Quintín

Previamente a la reunión que sostendrían con funcionarios federales y estatales, trabajadores agrícolas del valle de San Quintín marcharon en demanda de un salario mínimo de 200 pesos diarios

 

Foto Édgar Lima

Julio Hernández López

Enviado

Periódico La Jornada
Sábado 25 de abril de 2015

Valle de San Quintín, BC.

 

Construida en una colina dominante, la magna residencia de uno de los miembros de la familia Rodríguez confirma a la planicie proletaria el sometimiento infrahumano de las masas. Basta a cualquiera de los miles de empleados del rancho, irónicamente denominado Los Pinos, tender la vista hacia las alturas inmobiliarias para confirmar ese poderío del dinero entreverado con la política.

Antonio Rodríguez Hernández, por ejemplo, ha sido diputado local y secretario de fomento agropecuario en el gobierno estatal panista anterior, que fue encabezado por José Guadalupe Osuna Millán. La iglesia de la explotación de los jornaleros agrícolas en manos de los luteros empresariales, pues ese mismo cargo lo ocupa actualmente Manuel Valladolid, otro dueño de rancho impugnado, aunque éste con el actual gobernador también panista, Federico Vega, llamado Kiko. Jueces y partes, impulsores y ejecutores de políticas agropecuarias gubernamentales que les benefician, compañeros de gabinete y representantes de facción ante las autoridades que deberían ejercer controles y sanciones en contra de esos mismos empresarios-políticos.

Al rancho Los Pinos (Productora Industrial del Noroeste, su razón social) han llegado alegremente varios presidentes de la República. Ernesto Zedillo, por ejemplo, inauguró en agosto de 1999 un conjunto de cuartos para trabajadores denominado Las cuarterías, y una empacadora de hortalizas. En marzo de 2009, Calderón hizo que su visita a Baja California terminara en el rancho Los Pinos, donde había una rumbosa fiesta familiar. Y Enrique Peña Nieto entregó en noviembre de 2013 el Premio Nacional a la Exportación a la familia Rodríguez, por sus hechuras en San Quintín.

Tecnología de punta y explotación infame

A los pies de la mansión hegemónica donde vive Bernardo Rodríguez, en ese rancho Los Pinos, que es el más repudiado por los jornaleros que lo consideran el peor en cuanto a violaciones y agravios contra los trabajadores y sus familias, se extiende la contradictoria realidad de este pródigo valle. Enormes extensiones de tierras cultivadas con las técnicas más modernas, siempre bajo control las variables de agua, humedad, temperatura y nutrientes para la producción de tomate, chile, calabaza, pepino, espárrago y cebollín pero, sobre todo, las fresas y frutas rojas, las berries de exportación a Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y África. Invernaderos y cultivos bajo malla, sombra para garantizar a los mercados extranjeros la máxima calidad que es altamente remunerada. El primer mundo tecnológico y empresarial.

La contraparte es menos vistosa. Casi fantasmal. Son las decenas de miles de trabajadores casi sin nombre, traídos de Oaxaca, Guerrero y otras entidades del país, en un ritual viajero mercantil que les instala en campamentos donde son virtuales esclavos durante el tiempo de la cosecha, vigilados y sometidos por guardias de seguridad privada, amontonados en galerones o en cuartos desastrados, expuestos a enfermedades por el uso sin protección adecuada de pesticidas y otros productos tóxicos, condenados a paga ínfima y sin prestaciones de ley o con algunas pero recortadas e insuficientes.

Driscoll’s, el verdadero gobierno

Eso sucede a lo largo de los 90 kilómetros de la carretera transpeninsular en donde se asientan los ranchos cuyos productos son comprados por la controladora Driscoll’s, una firma con sede en California, que ejerce en el valle de San Quintín una gobernanza aplastante. Sus tarifas, requerimientos y reglas constituyen indirectas leyes verdaderas en cuanto a la operación, salarios y condiciones de vida de los trabajadores cuasi esclavos, pues los productores locales se ajustan a las necesidades de lucro de la trasnacional dominante y cuidan sus propios márgenes altos de ganancias, a costa de los jornaleros que son el eslabón infinitamente más débil de la cadena supermillonaria.

Frente a ese neoporfirismo (que inevitablemente recuerda el gran reportaje de John Kenneth Turner, publicado como libro en 1908 bajo el título de México bárbaro) se han producido diversas explosiones de inconformidad, pero ninguna como la que cimbró a la región el pasado 17 de marzo. El levantamiento de los jornaleros explotados fue atendido de manera deficitaria por el gobierno cómplice del panista Kiko Vega y sus secretarios, entre ellos uno de los neohacendados locales, el mencionado Manuel Valladolid Seamanduras. Ese 17, el subsecretario de gobierno, Pablo Alejo López, tuvo que enfrentar penosamente los exaltados reclamos de jornaleros que exigían la presencia del gobernador Vega, que no daba ni dio la cara. Subsecretario que para tratar de escabullirse argüía frente al hambre histórica de quienes ganan hasta 110 pesos al día por 10 o 12 horas de trabajo: “Tengo dos días sin comer… ¡por Dios! Se los juro, no he comido. Necesito unos taquitos de frijol”.

La diferencia respecto a otros momentos en que la ira jornalera se expresó y luego fue mediatizada por los gobiernos, es que ahora hay una organización sólida, denominada Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (Aonemjus). Tiene cinco voceros y de ellos el más conocido es Fidel Sánchez, un oaxaqueño que ha trabajado en Estados Unidos, que solamente terminó el primer año de primaria y que en una ocasión se ha negado a saludar de mano al gobernador Kiko Vega (reservando ese saludo para cuando los políticos cumplan las promesas hacia los jornaleros), además de hablar sin tapujos ante legisladores y funcionarios respecto al aplicado incumplimiento de funciones y obligaciones de los personajes del poder. Otra voz fuerte es la de Lucila Hernández, quien ha remarcado el peso de la doble jornada de las trabajadoras agrícolas que deben desempeñarse en el campo y en la casa, además de insistir en las denuncias de acoso sexual contra mujeres por parte de capataces y directivos de ranchos.

Ayer, los jornaleros volvieron a salir a la carretera transpeninsular, con mantas y pancartas, a la espera de las resoluciones que se dieran durante una reunión con senadores, diputados y funcionarios estatales y federales deseosos de cerrar nuevamente el expediente de San Quintín con algunas enmiendas menores (ya antes se aprobó un aumento de 15 por ciento en el pago por día, mas los trabajadores lo consideran absolutamente insuficiente). Pero los jornaleros ahora se ven a sí mismos y no a las alturas, a sus pies marchando a ras de tierra y no las residencias prominentes o los acuerdos de élite. La perspectiva ha cambiado.