sábado, 3 de octubre de 2015

  • La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rose-Marie Antoine.

    La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rose-Marie Antoine.

La CIDH ha anunciado que México vive una grave crisis de derechos humanos y, como ejemplo, se refirió al caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
"Crisis es la palabra para describir la situación de derechos humanos en México", ha declarado este viernes la presidenta de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Rose-Marie Antoine, en su visita a México.
De acuerdo con el informe de la CIDH, México sufre desde hace décadas un problema estructural en materia de seguridad debido al crimen organizado.
Durante una conferencia de prensa a la que habían asistido decenas de familiares de desaparecidos, Antoine ha subrayado que la CIDH "constató en el terreno la grave crisis" que vive México por la extrema inseguridad y la violencia.
Los padres de estudiantes desaparecidos portan fotografías de sus seres queridos, en su encuentro con la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, en México. 2 de octubre de 2015

En este mismo contexto, Antoine ha enfatizado que el drama de los estudiantes desaparecidos no en un caso “aislado”, sino se considera un patrón de lo que está pasando en este país latinoamericano.
Asimismo, la alta responsable de la CIDH, luego de calificar de “alarmante”, la problemática de desapariciones en México, ha urgido la designación de un nuevo fiscal especial que asuma la dirección de las investigaciones para esclarecer el caso de los alumnos de Ayotzinapa.
A finales de septiembre de 2014, un grupo de policías locales disparó contra alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala, en el estado de Guerrero; incidente en el que seis personas perdieron la vida.
Sin embargo, el martes, una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso de la Escuela Normal de Ayotzinapa reveló que los normalistas mexicanos fueron atacados por un grupo policial de élite, antes de desaparecer el año pasado en la ciudad de Iguala.
Según la versión de la Fiscalía mexicana, rechazada por los familiares, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Esta tragedia, que acaba de cumplir su primer año, está marcado por masivas marchas de protestas en México y ha expuesto al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a duras críticas nacionales e internacionales por la falta de justicia en el caso de los estudiantes.
fdd/ncl/hnb

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