El interesado misterioso en la detención de Moreira en España
23 de febrero de 2016
El caso de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, sigue bajo investigación, aunque sea periodística, por su detención en España el pasado 15 de enero cuando fue acusado por los delitos de malversación de fondos públicos cuando fue gobernador, blanqueo de dinero, cohecho y ser parte de los Zetas.
El periodista del diario español El País, José María Irujo, (22 febrero, 2016) publicó una investigación en la que divulga que durante los ocho días en los que Humberto Moreira estuvo en la prisión de Soto del Real, a 40 kilómetros de Madrid, en todo momento contó con el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto que “puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”.
Informa el periodista Irujo que la gestión a favor de Moreira de mayor nivel estuvo a cargo de la Procuradora General de la República, Arely Gómez, que telefoneó a su homóloga, la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, para preguntar por el caso y conocer la posición de los fiscales. “Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, según un portavoz de la Fiscalía General del Estado.
El mismo día en que fue detenido Moreira los funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron instrucciones para que atendieran el caso, unos localizando a los abogados españoles más aptos para que se hicieran cargo de su defensa , otros atendiendo a Vanessa Guerrero, esposa de Moreira y a sus dos hijas.
En cuanto se supo de la detención, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Policía Nacional comenzaron a sonar. Funcionarios de la PGR, adscritos a la embajada de México, preguntaban por qué se había detenido a Moreira y que indicios o cargos había en su contra. “Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”.
El silencio creó malestar en la embajada de México pues además, en esta ocasión, las autoridades españolas no le habían avisado de la detención como lo hacen habitualmente y se enteraron por la prensa digital española.
Funcionarios de la embajada de México redactaron un documento dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores de España en el que, amparados en el artículo 36 de la Convención de Viena, solicitaban al juez Santiago Pedraz información sobre los delitos por los que se investigaba a Moreira; “el tiempo que duraría el secreto sumario; el resultado de la audiencia celebrada el día 22; si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza; y el tiempo que puede durar la instrucción del caso.” La respuesta del juez fue protocolaria.
El juez Pedraz puso en libertad provisional a Humberto Moreira el 22 de enero, al considerar que no estaba justificada la perpetración de los delitos que motivaron su detención, además señaló que la justicia española no era competente para investigar posibles delitos cometidos en México y Estados Unidos, y que no había base alguna para apreciar la integración de Moreira en una organización criminal.
Mientras Humberto Moreira estuvo preso en España se desataron diversos comentarios sobre la intervención del gobierno de Peña Nieto para liberar a su antiguo colaborador, se dijo que no podía dejarlo porque había financiado su campaña en 2012, que como expresidente del PRI, tendría que recibir el apoyo de sus correligionarios y demás.
La liberación de Moreira en tan corto tiempo desató la especulación de que había sido consecuencia de un canje con España y Estados Unidos, que solicitó la entrega de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como condición para cancelar el procedimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario