Peñafiel: descuido inexplicable
El titular de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo ayer que si se
comprueba que el agua mineral Peñafiel que se vende en México tiene un
contenido de arsénico superior al permitido por la norma, esa
dependencia procederá a retirar el producto del mercado. El funcionario
comentó que en Estados Unidos la bebida ya fue sacada de los anaqueles
por algunos supermercados y tiendas, e informó que Keurig Dr. Pepper,
empresa propietaria de la marca Peñafiel, debió entregar ayer mismo el
requerimiento de información que le fue turnado el miércoles de la
semana pasada por la Profeco.
Desde el mismo 24 de abril, la propia Keurig Dr. Pepper anunció que
había suspendido la producción de Peñafiel, luego de que se dio a
conocer una investigación de la revista estadunidense Costumers Report (CR),
que reveló la presencia de 17 partes por billón (ppb) de arsénico en
esa bebida, en contraste con una recomendación cinco veces menor: tres
ppb, y muy por encima de la norma adoptada por la Oficina de Alimentos y
Medicamentos del país vecinos (FDA, por sus siglas en inglés) de 10
ppb. Ayer también, la portavoz de la compañía refresquera, Katie Gilroy,
confirmó que las plantas de Tehuacán (Puebla) y Tlajomulco (Jalisco)
mantienen suspendida la producción de agua mineral sin sabor, cuyos
análisis arrojaron arsénico en niveles ligeramente elevados, en tanto que otros productos saborizados de la misma marca
están dentro de las pautas.
Es pertinente, en primer lugar, despejar rumores sensacionalistas injustificados: en condiciones normales, el arsénico está presente en el aire, el agua y el suelo, si bien en cantidades casi infinitesimales, y algunas moléculas de más, como ocurre en el agua mineral Peñafiel, no conllevan el peligro de un inminente envenenamiento masivo; a la larga podrían llegar a tener, sí, consecuencias nocivas para la salud de los consumidores regulares. Aun con esta consideración en mente, es preocupante que, a más de una semana de que se conoció la investigación de CR, las autoridades no hayan adoptado medidas de prevención para eliminar riesgos, por pequeños que sean, y no hayan ordenado retirar de los aparadores los lotes que se presumen contaminados.
No se debe ignorar, ciertamente, el elevado costo económico ni las
complicaciones logísticas que conlleva una decisión semejante, pero si
la propia empresa fabricante de Peñafiel ha detenido la producción y si
sus distribuidores al menudeo en Estados Unidos han retirado la bebida,
resulta inevitable concluir que Profeco actúa, en este caso, a la zaga
de los acontecimientos y con una lentitud injustificable.
Sorprende, finalmente, que la determinación del organismo público
dependa de los reportes elaborados por la propia empresa. Es claro que
el Estado debe contar con laboratorios y sistemas de análisis que le
permitan detectar con precisión y agilidad posibles compuestos riesgosos
en los productos de venta al público, que informe con transparencia y
puntualidad y que intervenga de manera oportuna en defensa de la salud
de los consumidores.
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