La ONG presenta informe
Desde 2015 han sido asesinados más de 4 mil menores, lamenta Redim
Critica que el nuevo gobierno también militarice la seguridad
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 27 de abril de 2019
Sábado 27 de abril de 2019
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está siguiendo
la misma estrategia de militarización de la seguridad pública aplicada
desde hace al menos dos sexenios, lo que ha provocado la muerte violenta
de más de 4 mil niños y adolescentes en los pasados cuatro años,
advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de dicho organismo,
indicó que la mencionada estrategia –que se ha adoptado con más fuerza
desde el gobierno de Felipe Calderón– parece ser decidida y aplicada por
el Ejército y no por las autoridades civiles, y enfatizó que ante la
ausencia del Estado en diversas regiones del país, la delincuencia
organizada ha ocupado ese hueco.Al presentar un informe elaborado por la Redim, el especialista indicó que de acuerdo con cifras oficiales, desde 2015 a marzo de 2019 han sido asesinados 4 mil 299 menores de edad, que representan cerca de 4 por ciento del total de víctimas de homicidio doloso.
En ese periodo, la entidad que acumula el mayor número de niños asesinados es Chihuahua, con 507. Sin embargo, en un balance general, el estado de México fue la entidad más violenta para menores de edad en 17 meses, seguido de Guerrero y Guanajuato.
En el primer trimestre de 2019, añadió Pérez García, se
contabilizaron 285 homicidios dolosos contra la población de cero a 17
años, lo cual equivale a un promedio de tres niños y adolescentes
diarios.
En lo que se refiere al feminicidio, los mismos datos indican que de
2015 a lo que va de 2019 ha habido 2 mil 987 casos, de los cuales 284
son contra niñas y adolescentes, es decir, uno de cada 10.
Asimismo, en los años recientes se registró una notable disminución
en la incidencia de tráfico de menores, pues 80 por ciento de casos se
dieron en 2016 y 2017, pero los episodios que aún existen se concentran
de forma muy clara en Sonora.
Pérez García hizo énfasis en que estos índices de violencia se deben a
la misma estrategia de seguridad pública que está siguiendo la actual
administración, cuyas características principales son la militarización,
el carácter centralista del gobierno, el despliegue de contingentes muy
numerosos de soldados y marinos, la existencia de pocas carpetas de
investigación y la ínfima cantidad de sentencias contra los
responsables.
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