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México: azúcar amargo

Ingenios, enésima vuelta

Estatización-privatización

Carlos Fernández-Vega

 

En el cuento de nunca acabar, el gobierno federal reprivatiza ingenios azucareros que fueron rescatados con recursos públicos, es decir, los mismos que, en su tiempo, Luis Echeverría y José López Portillo reingresaron al rebaño del Estado, sólo para que Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari los devolvieran a manos privadas, Ernesto Zedillo los volviera a rescatar y subsidiar, y Vicente Fox una vez más los estatizara para que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto los retornaran a particulares. ¿Quieres que te lo cuente otra vez?

Resulta que el director del Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (Feesa), Carlos Rello Lara (ex integrante del consejo de administración de la refresquera Embotelladora del Valle de Anáhuac) anunció formalmente que, a más tardar en junio, se reprivatizarán los últimos nueve ingenios de los 27 que el gobierno foxista expropió el 3 de septiembre de 2001, cuando los entonces titulares de las secretarías de Hacienda, Agricultura y Comercio, Francisco Gil Díaz, Javier Usabiaga (El Rey del Ajo) y Luis Ernesto Derbez, respectivamente, juraron que tal acción no le costará prácticamente nada al erario. De mil a 3 mil millones de pesos, tal vez, aseguraron, aunque el más reciente corte de caja de la Auditoría Superior de la Federación ubica en más de 20 mil millones el costo fiscal por tal expropiación.

El funcionario detalló que de esos nueve ingenios, cinco son los mejores del país, con rendimientos superiores a los del promedio de América Latina, y con los mejores niveles de producción, por lo que el erario obtendría poco más de 8 mil millones de pesos, IVA incluido. Al hacerle notar que existía una importante diferencia (entre el costo fiscal documentado por la ASF y el anunciado precio de venta), Rello destacó que se deben considerar los ingresos recibidos por la venta anterior de otros 18 ingenios que también fueron expropiados, aunque dijo no recordar el monto (La Jornada, Víctor Cardoso), en este nada dulce Fobaproa azucarero.

Unas cuantas semanas antes de que Vicente Fox expropiara (por razones de utilidad pública) 27 ingenios azucareros (45 por ciento del universo de entonces), el ambiente laboral e industrial en el sector estaba más que encendido, pero el entonces secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, serenamente afirmaba que se trataba de un problema entre particulares. Repentinamente, Fox lo tornó en conflicto de interés público que, supuestamente, motivó la expropiación de 27 de los 60 ingenios existentes en el país. En el decreto respectivo se adujo que los propietarios privados llevaron a sus empresas a perder la salud financiera, contrayendo grandes deudas ante diversas sociedades de crédito y organismos del gobierno federal, poniendo con ello en riesgo además del patrimonio de los trabajadores del campo el de todos los mexicanos.

El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, fue más allá y acusó a los propietarios: convirtieron los 27 ingenios en un hoyo negro financiero para el presupuesto federal; gobiernos anteriores fueron los responsables de haber autorizado la privatización de esa industria con un alto riesgo moral, porque se negoció con créditos públicos para favorecer a empresarios dedicados a ordeñar el negocio en su beneficio particular; de no haber actuado, se habría incurrido en una enorme irresponsabilidad del gobierno. De cualquier suerte, decía, la expropiación sería temporal.

Pues bien, lo temporal acumula 14 años, muchos juicios y un elevado costo fiscal, sin obtenerse a cambio mejorara alguna en el sector azucarero, una telenovela de larga data entre el gobierno y los particulares (que en su momento también formaron parte del gobierno), todo a costillas de la nación.

La Auditoría Superior de la Federación lo ha resumido así: el decreto expropiatorio (de Fox) fue una medida coyuntural; no se dirigió a la raíz de las causas de la sobreproducción y de déficit cíclicos, ni a los problemas de financiamiento y modernización; por el contrario, se retomó el círculo vicioso de rescatar, sanear y volver a privatizar, con lo que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. El gobierno tiene frente a sí la necesidad de enajenar los ingenios azucareros lo más pronto posible para evitar costos fiscales adicionales para la sociedad; en caso contrario, tendrá que constituir una empresa paraestatal para administrarlos, con lo que volvería a la época del Estado interventor en el sector azucarero.

Por causas de utilidad pública, dice la ASF, el Estado ha rescatado los ingenios, los ha vuelto a privatizar y los ha vuelto a rescatar, en un círculo vicioso que parece no tener solución; ha creado instituciones con objeto de ordenar la industria, las ha liquidado por su falta de efectividad y las ha vuelto a crear, para insistir en nuevas formas de operación que tampoco han sido efectivas; ha controlado los precios y los ha liberado, y nada ha resuelto.

A su vez, los propietarios de los ingenios reprivatizados incurrieron en prácticas imprudentes de endeudamiento; hacia el año 2000 más de la mitad de ellos enfrentaba serios problemas para cumplir sus obligaciones con los abastecedores de caña, con otros proveedores, con el fisco y para honrar el servicio de sus deudas. Además, el precio nacional del azúcar oscilaba entre 400 y 500 dólares por tonelada, mientras en el mercado internacional era de 194 dólares y la fructuosa, sustituto del azúcar, estaba a 230 dólares. En la zafra 96/97 se logró una producción récord que originó sobreoferta, que aunada a los precios del mercado internacional, causó una caída en los precios internos del producto; para compensar esa caída, el gobierno tuvo que volver a intervenir y otorgar un subsidio a la industria a partir de 1997.

Nuevamente estatizados el 3 de septiembre de 2001, los 27 ingenios han reflejado pérdidas en todos los años, derivadas principalmente por los impactos de los pasivos contraídos antes de la expropiación. Entre esas deudas destacaban las que los privados mantenían con el IMSS y Conagua, es decir, a las arcas públicas. De los 27 expropiados, por decisión judicial 14 fueron regresados a sus propietarios. Y el círculo reinicia: de nueva cuenta serán privatizados.

Las rebanadas del pastel

Y de cereza, por si alguien no se había enterado, el Banco de México descubrió el agua fría: la actividad económica en México ha tenido un desempeño un tanto débil.

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