México SA
Mantienen impune a Lozoya // Lo
rescatala misma juez
Carlos Fernández-Vega
El siempre
aceitado–y desacreditado– aparato mexicano de
procuración de justiciala volvió a hacer. Una raya más al tigre:
por no tratarse de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, concedió suspensión definitiva contra la orden de aprehensión girada en contra de Emilio Lozoya Austin por presuntas operaciones con recursos de origen ilícito.
Con ello no sólo le echa una generosa mano al ex director de
Petróleos Mexicanos en tiempos de Enrique Peña Nieto, sino que le da
cobertura (léase impunidad) a la pandilla de
nuevos priístasque asaltaron a la nación, y de pasadita le facilita la chamba al abogánster defensor de gánsteres, Javier Coello Trejo, quien amenazó con citar a comparecer a esa misma pléyade si su defendido, Lozoya Austin, pisaba la cárcel.
Pero esto último allí se quedó, porque la
justiciaprotegió a Lozoya, de tal suerte que el propio EPN y bellezas como Luis Videgaray pueden estar tranquilos, con todo y que los delitos de los que se acusa al ex director de Pemex van de lavado de dinero a defraudación fiscal, pasando por cohecho, sin olvidar el grave daño patrimonial causado a la ex paraestatal por la compra de Agronitrogenados a otro gánster, Alonso Ancira Elizondo, a costillas del erario nacional.
Lo llamativo de la decisión de la juez octavo de distrito de amparo
en materia penal, Luz María Ortega, es que, según dice, los delitos de
los que se acusa a Lozoya
no son graves, aunque prácticamente son los mismos que llevaron a la cárcel a Elba Esther Gordillo, detenida en febrero de 2013, y en donde gozó de vacaciones pagadas hasta agosto de 2018, en las postrimerías del sexenio peñanietista.
¿De qué acusaron a la Gordillo? Lavado de dinero, operaciones con
recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Y más tardó el
aparato de justiciaen detenerla en el aeropuerto de Toluca que en ponerla tras las rejas, por tratarse –según se argumentó por aquellos ayeres– de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Pero ahora la juez Luz María Ortega considera que los presuntamente cometidos por Emilio Lozoya no entran en esa consideración, por lo que otorgó la suspensión definitiva. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? ¿Es a contentillo del cliente, del juzgador o son otros los elementos –sean estos políticos o económicos, o ambos– que deciden los casos, cuándo sí y cuándo no amerita cárcel, por mucho que los delitos sean los mismos?
El pasado 29 de mayo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró que
es sólida la investigación para detener a Emilio Lozoya y por eso existe una orden de aprehensión; los delitos son graves y ameritan prisión preventiva oficiosa; si el juez dio la orden de aprehensión contra el ex director de Pemex fue porque encontró que todos los elementos aportados y las acciones estaban correctas.¿Entonces? ¿Un juez dice sí y el otro no?
Si de justicia se trata, ayer se conmemoró el aniversario número diez
de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en donde
murieron calcinados 49 niños y más de 100 quedaron heridos, algunos con
lesiones de por vida, mientras los responsables se mantienen impunes,
entre ellos Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, tía de
Margarita Zavala y una de las dueñas de la guardería.
Quince días atrás el IMSS presentó una denuncia penal en contra del
ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, de tal suerte que la Fiscalía
General de la República inició la carpeta de investigación, pero el
gobierno federal valora si ese personaje es el único que debe ser
acusado o deben incluirse 25 funcionarios de los tres órdenes de
gobierno.
Las rebanadas del pastel
Casualidades de la vida: la citada juez Luz María Ortega
es la misma que en agosto de 2018 concedió suspensión definitiva para
que no se judicializara la carpeta de investigación por el caso
Odebrecht, de tal suerte que la Fepade fue impedida para aprehender al
responsable. ¿Y a quién se la concedió? ¡Sorpresa! A Emilio Lozoya
Austin, quien se amparó ante tal posibilidad.
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