Un informe desenmascara la conspiración para asesinar a la dirigente hondureña Berta Cáceres
Publicado: 2 nov 2017 10:28 GMT
Expertos internacionales e independientes
han revisado documentación en manos la Fiscalía hondureña sobre el
asesinato de la activista y han concluido que existió un complot para
matarla.
Un cartel con la fotografía de la defensora indígena Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 en Honduras.
Jorge Cabrera / Reuters
Directivos
y empleados de la empresa hidroeléctrica hondureña Desarrollos
Energéticos (DESA), junto con agentes del Estado y sicarios contratados,
conspiraron para asesinar a la líder feminista Berta Isabel Cáceres
Flores, concluye el grupo de expertos independientes que ha realizado
una investigación sobre el caso.
El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) presentó en
Tegucigalpa, la capital de Honduras, el resultado de una investigación
del asesinato de la reconocida ambientalista, defensora indígena,
activista de los derechos humanos y opositora al golpe de Estado contra
José Manuel Zelaya, ocurrido el 2 de marzo de 2016.
Facsímil
del informe final sobre el asesinato de Berta Cáceres, elaborado por
expertos independientes y presentado en Honduras, el 31 de octubre de
2017.
/ gaipe.net
El informe, titulado 'Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres', revelapor primera vez la
existencia de una maniobra para asesinar a la lideresa hondureña,
fraguada en noviembre de 2015, con la finalidad de silenciar su reclamo
contra la construcción de una hidroeléctrica que afectaría al medio
ambiente.
Los datos obtenidos por los expertos
permitieron determinar, además, que hubo un intento de asesinato previo
entre los días 5 y 6 de febrero del 2016, y que fue abortado por
cuestiones logísticas.
Los miembros del GAIPE, utilizando "la misma información que tiene en su poder el Ministerio Público", lograron establecer que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres "coincide con movilizaciones" convocadas por las comunidades indígenas y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), opuestos al proyecto Agua Zarca de la empresa DESA.
Datos constatados
Para llegar a estas conclusiones, el GAIPE analizó más de cuarenta mil páginas de registros
telefónicos, 'chats', mensajes de texto, reportes de sistemas de
posicionamiento global (GPS por sus siglas en inglés) y correos
electrónicos, "extraídos de algunos de los celulares incautados en la
investigación penal", reza el texto.
El grupo de
expertos, conformado por dos estadounidenses, dos colombianos y un
guatemalteco, analizó el "contexto y el operativo que condujo al
asesinato", así como "las conexiones detrás del crimen", "las
responsabilidades de quienes están siendo procesados" y otros aspectos
omitidos en la investigación de la fiscalía, detalla el informe.
Control estatal
El
problema para llegar a los autores intelectuales del asesinato de Berta
Cáceres, no solo reside en la Fiscalía, explicó a RT el expresidente de
Honduras, José Manuel Zelaya Rosales.
"Lo que no permite que se aclare el delito del vil asesinato de Berta,
es que en Honduras no hay independencia de poderes", asegura.
Según
Zelaya, el actual presidente de esta nación centroamericana "concentra y
controla todas las instituciones de forma casi absoluta", incluidos los
medios de comunicación, "comerciales y estatales y las cúpulas de las
dos principales iglesias".
El informe del GAIPE, opina el
hoy diputado, tiene la virtud de permitir "identificar los cuellos de
botella" de la investigación, aunque considera que el proceso legal debe
ser concluido.
En la mira
Desde
el 28 de junio de 2009, fecha en la que se ejecutó el golpe de Estado
contra el presidente Zelaya, organizaciones de derechos humanos
denuncian el asesinato de líderes sociales y activistas políticos que
condenaron y protestaron la salida abrupta del gobierno constitucional.
"Al
menos 109 activistas han sido asesinados entre 2010 y 2015", mientras
"Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los
defensores del medio ambiente", según el último recuento de este tipo de
crímenes publicado por COPINH.
Carlos
Reina, miembro de la Coordinación Nacional del Partido Libertad y
Refundación (LIBRE) declaró a RT desde Honduras que "nada ha cambiado
desde 2009" en lo que se refiere a las amenazas para quienes se oponen
al actual régimen.
En este sentido, "la persecución a los
opositores al golpe de Estado, continúa", asegura Reina, que denuncia
la extensión de los hostigamientos "a la prensa y a los juzgados".
El
expresidente Zelaya, por su parte, estima que todo ese panorama ocurre
porque "las leyes que hoy rigen en Honduras, son promovidas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el comando militar de EE.UU." .
La
institucionalidad erigida tras el golpe de Estado consiguió que "las
víctimas de aquel golpe militar seamos los perseguidos", mientras los
golpistas "están protegidos y otros ostentan el poder político, entre
ellos, el actual presidente [Juan Orlando Hernández]".
Ernesto J. Navarro
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