Criminalidad y violencia, imparables
El asesinato de Yendi Guadalupe Torres Castellanos, quien se desempeñaba de fiscal especializada en delitos sexuales en
Pánuco, Veracruz, establece una nueva cota en el descontrol de la
violencia delictiva en esa entidad y en el país. Apenas el viernes de la
semana anterior, en Banderilla, municipio conurbado a Xalapa, sujetos
no identificados mataron a balazos al alcalde de Ixhuatlán de Madero,
Víctor Manuel Espinoza Tolentino, y a su esposa. Con ellos, la cifra de
ejecuciones sumó 21 en un fin de semana; ocho días atrás habían sido
abandonados en esa capital los cuerpos desmembrados de cinco mecánicos y
chatarreros. En esa ocasión la autoridad estatal atribuyó el móvil de
los homicidios a un
Lo cierto es que ante hechos como los referidos de manera cotidiana,
el gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares parece más rebasado
por la delincuencia, si cabe, que los de sus antecesores priístas Javier
Duarte de Ochoa y Fidel Herrera, a pesar de que en su campaña electoral
la restauración de la seguridad pública y de la paz fue una promesa
central y reiterada. No obstante, sólo en octubre pasado los homicidios
violentos sumaron 174, según cifras oficiales, y la sociedad veracruzana
acumula ya tres gubernaturas en medio de la zozobra, la desesperanza y
el terror.probable vínculo de las víctimas con actividades ilícitas, en tanto que la muerte de Espinoza Tolentino se pretendió presentar como resultado de un asalto.
Pero la muerte de la fiscal de Pánuco tiene implicaciones
adicionales para el resto del país. Ese crimen fue antecedido por el
asesinato del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, en un
ataque en el que también murió su hijo y resultaron lesionadas la esposa
y la hija del funcionario. Desde hace muchos años, activistas
independientes de derechos humanos, ambientalistas e informadores son
víctimas de la violencia delictiva, pero con estas dos muertes la
criminalidad pone la mira en funcionarios gubernamentales de las áreas
de derechos humanos y del combate a delitos sexuales. Es decir, parece
empeñada en anular del todo la de por sí minúscula capacidad de
respuesta del Estado ante violaciones a las garantías individuales y
atropellos a los derechos de género. Parece buscar, en suma, asegurarse
una impunidad total e indisputada.
El desafío es, pues, insoslayable, y exaspera constatar que en las
actuales administraciones estatales –la veracruzana en primer lugar– y
la federal, no existe la voluntad política de hacerle frente ni de
frenar el pavoroso deterioro de la seguridad pública y del estado de
derecho. De no actuarse de inmediato y de no aplicar las leyes para
contrarrestar la impunidad, quedarán marcadas por la omisión y la
complacencia.
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