Declaran estado de excepción en oeste de Guatemala tras masacre indígena
Al menos 11 muertos y 4 heridos fue el resultado de la masacre. (Foto: EFE)
Fecha de publicación 25 septiembre 2014
Luego de que murieron 11 líderes de comunidades indígenas en San Juan Sacatepéquez (oeste) a manos de activistas a favor de la construcción de proyectos cementeros en su territorio, el Gobierno guatemalteco prohibió las manifestaciones y las reuniones de los movimientos en resistencia para evitar más violencia.
El gobierno de Guatemala declaró el estado de prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez (oeste) para evitar nuevos actos de violencia tras la ofensiva armada en contra de los pueblos indígenas de resistencia, que dejó 11 muertos y 4 heridos el pasado 19 de septiembre.
El incidente provocado por la entrada arbitraria de activistas a favor de un proyecto cementero que busca construir en territorios de comunidades originarias, la empresa Cementos Progresos S.A., atemorizó a la comunidad, cuando dispararon contra miembros del movimiento de resistencia que desde hace más de seis años luchan para que no se lleve a cabo el proyecto.
Los indígenas respondieron con protestas tras la muerte de varios de los comunitarios. El corresponsal de teleSUR en Guatemala, Mario Rosales, informó que el gobierno decidió este jueves suspender las garantías a estas comunidades y prohibió las reuniones y manifestaciones de los indígenas en el municipio.
Además, envió un contingente de más de 300 policías a custodiar la zona, lo cual fue considerado por los comunitarios "como una provocación y medida de amedrentamiento", dijo Rosales.
El periodista destacó que por la masacre, la justicia emitió 39 ordenes de captura y este jueves lograron arrestas a cinco personas sospechosas. "Pero no se conoce si están vinculados con los movimientos en resistencia o con los autores de la masacre", señaló Rosales.
El conflicto en el oeste del país se agudizó en 2006, cuando la empresa Progreso decidió construir proyectos cementeros sin consultar con las poblaciones indígenas y comunidades de resistencia que residen en el municipio, al parecer por el respaldo que le dado el gobierno a la cementera.
En 2011, el caso fue expuesto por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien destacó “la presencia de empresas en los territorios indígenas ha generado una situación de grave conflictividad y ha causado enormes divisiones en las comunidades”.
Las comunidades nativas rechazan también las medidas del presidente Otto Pérez Molina, que según ellos, promueve el intento de genocidio contra los pueblos mayas por lo que ha declarado varios estados de excepción en territorios indígenas, siempre cuando se veían afectados intereses empresariales.
El incidente provocado por la entrada arbitraria de activistas a favor de un proyecto cementero que busca construir en territorios de comunidades originarias, la empresa Cementos Progresos S.A., atemorizó a la comunidad, cuando dispararon contra miembros del movimiento de resistencia que desde hace más de seis años luchan para que no se lleve a cabo el proyecto.
Los indígenas respondieron con protestas tras la muerte de varios de los comunitarios. El corresponsal de teleSUR en Guatemala, Mario Rosales, informó que el gobierno decidió este jueves suspender las garantías a estas comunidades y prohibió las reuniones y manifestaciones de los indígenas en el municipio.
Además, envió un contingente de más de 300 policías a custodiar la zona, lo cual fue considerado por los comunitarios "como una provocación y medida de amedrentamiento", dijo Rosales.
El periodista destacó que por la masacre, la justicia emitió 39 ordenes de captura y este jueves lograron arrestas a cinco personas sospechosas. "Pero no se conoce si están vinculados con los movimientos en resistencia o con los autores de la masacre", señaló Rosales.
El conflicto en el oeste del país se agudizó en 2006, cuando la empresa Progreso decidió construir proyectos cementeros sin consultar con las poblaciones indígenas y comunidades de resistencia que residen en el municipio, al parecer por el respaldo que le dado el gobierno a la cementera.
En 2011, el caso fue expuesto por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien destacó “la presencia de empresas en los territorios indígenas ha generado una situación de grave conflictividad y ha causado enormes divisiones en las comunidades”.
Las comunidades nativas rechazan también las medidas del presidente Otto Pérez Molina, que según ellos, promueve el intento de genocidio contra los pueblos mayas por lo que ha declarado varios estados de excepción en territorios indígenas, siempre cuando se veían afectados intereses empresariales.
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