El legado de la guerra contra las drogas en México
La sociedad mexicana sigue sin percibir un cambio en cuanto a la violencia. (Foto. Archivo)
Fecha de publicación 30 septiembre 2014
Las tropas desplegadas para luchar contra organizaciones criminales solo han incrementado la violencia y las violaciones a los derechos humanos, según los activistas.
En un principio, la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente de México, Felipe Calderón, fue promovida como la solución a los cárteles, el crimen y la violencia. Sin embargo, no se necesitó mucho tiempo para darse cuenta que los resultados fueron totalmente lo contrario.
Desde diciembre de 2006, después de que un miembro del Partido Acción Nacional (PAN) de Calderón anunció su plan llamado “Guerra contra el tráfico de drogas”, más de 80 mil personas han sido asesinadas o desaparecidas. Grupos de Derechos Humanos y varios periodistas dicen que los muertos sobrepasan los 100 mil. Dentro de las víctimas hay civiles, criminales, policías, oficiales y soldados.
Calderón desplegó las tropas debido a que las corruptas agencias de policía locales no podían luchar contra las organizaciones criminales que se encuentran fuertemente armadas y bien entrenadas incluso en el uso de armamento militar.
Las organizaciones criminales han llegado a ejecutar gente en las calles, abandonado sus cabezas en sitios públicos, con la finalidad de mostrar su poder.
Pero mientras los cárteles de la droga se volvían más violentos, de acuerdo a los defensores de los derechos humanos y a las estadísticas, de la misma manera lo hacían las agencias militares mexicanas en su lucha contra las organizaciones criminales.
Los archivos revelan que mientras la militarización se incrementa en México, de igual forma lo hicieron los reclamos por crímenes de torturas cometidos por policías y militares, indico Ortíz a teleSUR. Ella también lidera el grupo de derechos humanos “Nuestros Hijos de Regreso a Casa”. Grupo que lucha para frenar el feminicidio y la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Para Miguel Agustín, del Centro Pro Derechos Humanos de Juárez, el despliegue de tropas ha incrementado drásticamente el uso de la tortura. De la misma manera, Agustín dijo a teleSUR que la sola palabra “guerra” ya indica que desde un principio la idea fue utilizar la violencia en lugar de dedicar recursos para atacar la raíz misma del crimen, la impunidad y la corrupción.
Las fuerzas armadas arbitrariamente detienen a ciudadanos y los llevan a bases militares donde permanecen incomunicados y son torturados con la finalidad única que firme confesiones o incriminen a otras personas, sin embargo de ellos no saber de qué son acusados y siendo inocentes de cualquier crimen. Dijo Agustín a teleSUR.
La militarización del país, señalo Agustín, ha traído una ola de abusos de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de graves violaciones de los mismos así como una impunidad que va en contra de la seguridad y la paz pública.
Sin embargo, el actual presidente, Enrique Peña Nieto, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió mantener a las fuerzas armadas en las calles.
Cerca de ocho años después que el entonces presidente Calderón tomó la decisión de desplegar las fuerzas armadas como una medida supuestamente temporal y excepcional, continúan aún patrullando las calles mientras la violencia criminal continúa asolando al país, menciono Agustín.
La mayor diferencia es que la nueva regla para las autoridades es “no hablar en públicamente acerca de la violencia”, dijo Agustín refiriéndose a la estrategia de Peña Nieto de evitar dar declaraciones acerca de hechos criminales.
Ortíz dijo que Peña Nieto ha aprendido a “enseñar una falsa imagen de la situación actual. Los oficiales mexicanos siguen creyendo que aquello que no se dice, no existe”.
Cuando se le preguntó que está causando más violencia entre las organizaciones criminales y los agentes de seguridad del gobierno, Agustín no dudó en culpar a la impunidad. “Las organizaciones criminales usan la violencia como una herramienta de control territorial y de esa manera incrementan su poder y réditos económicos, y pueden hacerlo con impunidad porque México carece de un sistema judicial criminal que sea funcional, especialmente en lo que a investigación se refiere”.
“Las fuerzas de seguridad frecuentemente se confabulan con las organizaciones criminales y usan la tortura y otras violaciones a los derechos humanos para “inventar” culpables y pretender que están luchando contra el crimen. También utilizan detenciones arbitrarias y torturas para extorsionar a las personas por dinero. El factor común en ambas situaciones –violencia criminal y violaciones a los derechos humanos- es la casi total impunidad que hacen posibles y rentables estas prácticas”, aseguró Agustín, quien recordó que los índices de impunidad de todos los crímenes en México está en el orden del 98 al 99 por ciento.
Entre 2010 y 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de siete mil denuncias de tortura y abuso cometido por policías y soldados. Ortíz también subrayó que la impunidad y la carencia de organismos apropiados de seguridad son las causas para el incremento de los índices de violencia. No hay otra manera de explicar este fracaso sino la existencia de una gran red de corrupción y complicidad entre la policía, las fuerzas armadas y el crimen organizado que se ha venido dando en nuestro sistema por muchos años, dijo Ortíz.
“Es el reflejo de nuestro corrupto y deficiente sistema como consecuencia de la cultura de impunidad que rodea a todas las filas políticas en México. Es como una invitación abierta al crimen”.
Sin embargo, no sólo la actual estrategia gubernamental contra los cárteles de la droga y la impunidad han hecho aumentar las violaciones a los derechos humanos, Agustín aseguró que la carencia de acceso a información objetiva y el uso de los medios por parte del gobierno, para difundir mensajes e imágenes de víctimas detenidas arbitrariamente son, entre otros factores, los que dan lugar a la tortura.
Desde diciembre de 2006, después de que un miembro del Partido Acción Nacional (PAN) de Calderón anunció su plan llamado “Guerra contra el tráfico de drogas”, más de 80 mil personas han sido asesinadas o desaparecidas. Grupos de Derechos Humanos y varios periodistas dicen que los muertos sobrepasan los 100 mil. Dentro de las víctimas hay civiles, criminales, policías, oficiales y soldados.
Calderón desplegó las tropas debido a que las corruptas agencias de policía locales no podían luchar contra las organizaciones criminales que se encuentran fuertemente armadas y bien entrenadas incluso en el uso de armamento militar.
Las organizaciones criminales han llegado a ejecutar gente en las calles, abandonado sus cabezas en sitios públicos, con la finalidad de mostrar su poder.
Pero mientras los cárteles de la droga se volvían más violentos, de acuerdo a los defensores de los derechos humanos y a las estadísticas, de la misma manera lo hacían las agencias militares mexicanas en su lucha contra las organizaciones criminales.
Crímenes y torturas en aumentoNumerosos activistas como Marisela Ortíz, luchadora contra el femicidio, quien desde el 2011 vive en Estados Unidos, luego de haber recibido amenazas de muerte tanto ella como su familia por el trabajo que desempeña, manifestó que el despliegue de tropas para luchar contra los carteles fue un error que sólo condujo a más violencia.
Los archivos revelan que mientras la militarización se incrementa en México, de igual forma lo hicieron los reclamos por crímenes de torturas cometidos por policías y militares, indico Ortíz a teleSUR. Ella también lidera el grupo de derechos humanos “Nuestros Hijos de Regreso a Casa”. Grupo que lucha para frenar el feminicidio y la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Para Miguel Agustín, del Centro Pro Derechos Humanos de Juárez, el despliegue de tropas ha incrementado drásticamente el uso de la tortura. De la misma manera, Agustín dijo a teleSUR que la sola palabra “guerra” ya indica que desde un principio la idea fue utilizar la violencia en lugar de dedicar recursos para atacar la raíz misma del crimen, la impunidad y la corrupción.
Las fuerzas armadas arbitrariamente detienen a ciudadanos y los llevan a bases militares donde permanecen incomunicados y son torturados con la finalidad única que firme confesiones o incriminen a otras personas, sin embargo de ellos no saber de qué son acusados y siendo inocentes de cualquier crimen. Dijo Agustín a teleSUR.
La militarización del país, señalo Agustín, ha traído una ola de abusos de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de graves violaciones de los mismos así como una impunidad que va en contra de la seguridad y la paz pública.
Sin embargo, el actual presidente, Enrique Peña Nieto, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió mantener a las fuerzas armadas en las calles.
Cerca de ocho años después que el entonces presidente Calderón tomó la decisión de desplegar las fuerzas armadas como una medida supuestamente temporal y excepcional, continúan aún patrullando las calles mientras la violencia criminal continúa asolando al país, menciono Agustín.
Sin un cambio realLos registros de derechos humanos también afirman que no ha existido un real cambio en la estrategia federal de seguridad entre las administraciones de Calderón y Peña Nieto.
La mayor diferencia es que la nueva regla para las autoridades es “no hablar en públicamente acerca de la violencia”, dijo Agustín refiriéndose a la estrategia de Peña Nieto de evitar dar declaraciones acerca de hechos criminales.
Ortíz dijo que Peña Nieto ha aprendido a “enseñar una falsa imagen de la situación actual. Los oficiales mexicanos siguen creyendo que aquello que no se dice, no existe”.
Cuando se le preguntó que está causando más violencia entre las organizaciones criminales y los agentes de seguridad del gobierno, Agustín no dudó en culpar a la impunidad. “Las organizaciones criminales usan la violencia como una herramienta de control territorial y de esa manera incrementan su poder y réditos económicos, y pueden hacerlo con impunidad porque México carece de un sistema judicial criminal que sea funcional, especialmente en lo que a investigación se refiere”.
“Las fuerzas de seguridad frecuentemente se confabulan con las organizaciones criminales y usan la tortura y otras violaciones a los derechos humanos para “inventar” culpables y pretender que están luchando contra el crimen. También utilizan detenciones arbitrarias y torturas para extorsionar a las personas por dinero. El factor común en ambas situaciones –violencia criminal y violaciones a los derechos humanos- es la casi total impunidad que hacen posibles y rentables estas prácticas”, aseguró Agustín, quien recordó que los índices de impunidad de todos los crímenes en México está en el orden del 98 al 99 por ciento.
Entre 2010 y 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de siete mil denuncias de tortura y abuso cometido por policías y soldados. Ortíz también subrayó que la impunidad y la carencia de organismos apropiados de seguridad son las causas para el incremento de los índices de violencia. No hay otra manera de explicar este fracaso sino la existencia de una gran red de corrupción y complicidad entre la policía, las fuerzas armadas y el crimen organizado que se ha venido dando en nuestro sistema por muchos años, dijo Ortíz.
“Es el reflejo de nuestro corrupto y deficiente sistema como consecuencia de la cultura de impunidad que rodea a todas las filas políticas en México. Es como una invitación abierta al crimen”.
Sin embargo, no sólo la actual estrategia gubernamental contra los cárteles de la droga y la impunidad han hecho aumentar las violaciones a los derechos humanos, Agustín aseguró que la carencia de acceso a información objetiva y el uso de los medios por parte del gobierno, para difundir mensajes e imágenes de víctimas detenidas arbitrariamente son, entre otros factores, los que dan lugar a la tortura.
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