Viola la ley, exigencia de identificación para usar transporte público: ONG
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Jueves 20 de junio de 2019
Jueves 20 de junio de 2019
El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur
del país y la exigencia de que las compañías de transporte público no
permitan el uso de sus unidades a quienes no presenten identificación
violentan las garantías de las personas que transitan y habitan en
México, advirtieron decenas de organizaciones civiles e instancias
académicas.
Estas acciones, dijeron, violan la Constitución, así como las leyes
Nacional de Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria y
Asilo Político.
Destacaron que el artículo 11 constitucional asienta que todas las
personas tienen el derecho a entrar, salir, viajar y mudarse por el
territorio nacional sin necesidad de contar con un pasaporte,
salvoconducto u otros requisitos semejantes.
Instancias como Oxfam México; el Programa de Asuntos Migratorios de
la Universidad Iberoamericana; el Servicio Jesuita a Refugiados México;
el Instituto para las Mujeres en la Migración; Sin Fronteras IAP; el
Centro Fray Matías de Córdova y miembros del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del CIESAS, así como el Instituto
de Liderazgo Simone de Beauvoir, entre decenas más, emitieron un
comunicado conjunto en el que criticaron las medidas adoptadas por el
gobierno para contener la migración.
Subrayaron que en el caso de personas con necesidades de protección
internacional, el uso de la Guardia Nacional en los operativos
obstaculiza su derecho al asilo, como señala la Ley sobre Refugiados,
instaurando temor fundado de ser detenidas y deportadas si utilizan cualquier transporte que les permita acercarse a los puntos donde pueden empezar su trámite del reconocimiento de la condición de refugiadas.
Señalaron que las empresas de transporte únicamente tienen
responsabilidad administrativa o penal si llevan a indocumentados con
conocimiento y con el propósito de evadir las normas, y además lucran al
hacerlo.
Pese a ello, el martes, el Grupo Flecha Amarilla y Autobuses de
Oriente emitieron un anuncio al público en el que señalan que para
abordar alguno de sus autobuses se les solicitará un documento de
identidad por disposición del gobierno federal,
lo que es claramente inconstitucional por violar el derecho al libre tránsito, la garantía de privacidad, y la no discriminación.
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