Lawfare, la guerra sin armas diseñada por Estados Unidos
Escrito por
Aday del Sol / CubaSí
Dirigentes progresistas de Latinoamérica son víctimas del lawfare
(en español, guerra jurídica), un instrumento de persecución política
donde se busca que sectores líderes de la izquierda queden fuera del
juego.
Es tan descarada su aplicación, que hasta su ideólogo, el general de
división retirado de la Fuerza Aérea de EE.UU., Charles Dunlap Jr., la
ha reconocido como el medio para pulverizar al enemigo haciendo uso de
la ley y conseguir lo que de otra manera tuviera que alcanzarse con el
uso de la aplicación militar tradicional. Una suerte de excelencia
suprema de la guerra cuyo objetivo no es más que subyugar la resistencia
del enemigo sin tener que luchar.
¿Qué significa el lawfare en la política latinoamericana?
Guerra jurídica o lawfare es una palabra inglesa correspondiente a una contracción gramatical de las palabras «ley» (law) y «guerra» (warfare). De acuerdo con investigaciones realizadas por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), su planificación comenzó hace años, mientras la izquierda en América Latina ponía en marcha sistemas democráticos participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales, lideradas por el «establecimiento» estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos para la izquierda.
Guerra jurídica o lawfare es una palabra inglesa correspondiente a una contracción gramatical de las palabras «ley» (law) y «guerra» (warfare). De acuerdo con investigaciones realizadas por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), su planificación comenzó hace años, mientras la izquierda en América Latina ponía en marcha sistemas democráticos participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales, lideradas por el «establecimiento» estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos para la izquierda.
Según un texto publicado en el Celag, escrito por Camila Vollenweider y Silvina Romano, el lawfare
es definido como el «uso indebido de instrumentos jurídicos con fines
de persecución política y destrucción de imagen pública de un adversario
político».
Este tipo de acusaciones sin pruebas tienen una extensa cobertura en
los medios de comunicación «para presionar al acusado y su entorno»,
haciéndolo más vulnerable, afirman las autoras del texto.
El mandatario boliviano, Evo Morales, durante su participación en la
VIII Cumbre de las Américas, realizada en Lima el pasado año, se refirió
a este fenómeno como una «falsa lucha contra la corrupción», detrás de
la cual se esconden intenciones de «derrocar gobiernos legítimos y
proyectos de cambio».
Asimismo, el papa Francisco expresó que «el lawfare es utilizado para minar los procesos políticos emergentes de nuestra región».
Ya hemos visto como esta estrategia propicia que los gobiernos conservadores saquen con facilidad de la cancha a líderes avalados y votados por la ciudadanía, como, por ejemplo, el de Gustavo Pietro, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Rafael Correa.
Ya hemos visto como esta estrategia propicia que los gobiernos conservadores saquen con facilidad de la cancha a líderes avalados y votados por la ciudadanía, como, por ejemplo, el de Gustavo Pietro, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Rafael Correa.
Los pobres, los beneficiados por los cambios que no convienen a la
derecha, escuchan de la prensa hegemónica que los gobernantes que hasta
ayer cultivaron una estrecha relación política y económica durante sus
gestiones, ahora son criminales enjuiciados por supuestos manejos
irregulares en sus países. A su vez, ocultan que los supuestos delitos
son fabricados en Washington y después procesados por una mafia de
jueces corruptos que venden sus servicios al imperialismo.
Tal es el caso de Sergio Moro, el actual ministro de Justicia de Brasil, entrenado en EE.UU., que terminó juzgando al expresidente Lula da Silva
a varios años de prisión para quitar del camino al hombre con más
posibilidad y popularidad para llegar a la presidencia en las elecciones
del 2018 y sentar en la silla presidencial al utraderechista Jair
Bolsonaro. Y como una mano lava la otra y las dos lavan la cara,
Bolsonaro le pagó el favor a Moro este jueves, al expresar su
incondicional apoyo frente a las acusaciones de coordinación indebida
con los fiscales cuando era juez y encabezaba una cruzada contra la
corrupción, divulgadas por el portal noticioso The Intercept.
En aquel momento, Moro intentó con todas sus fuerzas mostrar un
supuesto papel imparcial de la justicia burguesa en general y de la
operación Lava Jato en particular, pero las evidencias de lo contrario
son aplastantes. Según la publicación laizquierdadiario.com, desde su
formación, Sergio Moro recibió entrenamiento en los Estados Unidos, como
se comprueba en un documento filtrado por Wikileaks. La propia forma de
acción de la operación Lava Jato muestra que el eje estuvo puesto en la
cacería de las empresas estatales o las gigantes privadas nacionales
que tienen un rol importante en el terreno internacional. Es decir,
aquellas empresas que compiten de alguna manera con multinacionales
estadounidenses o sectores a
los que el imperialismo quiere acceder como el petróleo, la
construcción, la minería, etc. Una muestra de que la operación siempre
actuó como un brazo del imperialismo por los estrechos lazos que
mantiene con el juez Moro, a cargo de la investigación, denuncia el
sitio.
Casualmente, Rafel Correa también es víctima de una orden de arresto por parte de la «justicia ecuatoriana» que le impide regresar al país para hacer campaña en las próximas elecciones. Para el exmandatario de Ecuador, el lawfare
es una tendencia que busca acabar con «todo lo que se refiere al
progreso latinoamericano. En vez de reparar en la democracia, en los
derechos humanos, el Estado de derecho y la Constitución, destrozan todo
con tal de eliminar cualquier rasgo de progreso».
Lo curioso aquí resulta que la caza, como ya he dicho en otras
ocasiones, es, sobre todo, contra líderes de izquierda. Las acusaciones
de corrupción que implican a Lenín Moreno, el mandatario de Ecuador,
provocadas por la filtración de INA Papers por parte de Wikileaks, así
como sus posibles delitos, como asociación ilícita, lavado de activos,
cohecho, y sus paraísos fiscales, parecen no importarle a los organismos
jurídicos internacionales.
Aparentemente, tampoco tiene la menor repercusión que Trump sea acusado de tramposo y estafador —con pruebas mostradas ante el Congreso— por su exabogado y asesor, Michael Cohen. Y ni hablar de la cancelación de las cuentas venezolanas en bancos europeos, en la que el gobierno estadounidense se ha robado más de 30 mil millones de dólares.
Aparentemente, tampoco tiene la menor repercusión que Trump sea acusado de tramposo y estafador —con pruebas mostradas ante el Congreso— por su exabogado y asesor, Michael Cohen. Y ni hablar de la cancelación de las cuentas venezolanas en bancos europeos, en la que el gobierno estadounidense se ha robado más de 30 mil millones de dólares.
¿Cómo luchar contra el lawfare?
La analista argentina Silvina Romano propone, desde Telesur, algunos
puntos claves: «El primero es generar una contrainformación desde los
medios alternativos y de izquierda, hay que rehacer la historia desde
otros espacios y de forma rápida y atractiva para que llegue a la mayor
cantidad de gente posible. Tenemos que ser capaces de lograr que la
gente se involucre en política. Lo que se busca con este fenómeno es
vaciar la política, dándole ventaja a la derecha, que siempre está lista
para tomar decisiones. Es muy importante, además, que la gente se
informe, se comprometa y, sobre todo, que se niegue a la despolitización
que propone el lawfare. Con los gobiernos progresistas, la
región aprendió que lo importante es estar ahí, es hablar de política,
participar y hacer cambios».
Por otra parte, añade, hay que lograr que los aparatos jurídicos no
sean intervenidos desde otros organismos bajo una supuesta colaboración
internacional. ¿Qué hace el departamento de Justicia estadounidense
asesorando al departamento de Justicia de América Latina?
Ante este difícil escenario al que se enfrenta la izquierda
latinoamericana, es urgente aplicar desde nuestra región medidas
específicas para combatir con autonomía e independencia judicial esta
guerra, que, aunque sin armas de fuego, es capaz de desangrar a América
Latina.
Lo último, y quizás lo más importante, sería denunciar la agresividad
con que actúan las corporaciones estadounidenses a través del aparato
de justicia, de seguridad y mediático contra los gobiernos
latinoamericanos para quedarse con estos mercados, enclavados en zonas
con grandes recursos naturales, que es una, o quizás la única y
verdadera causa, que ha ocasionado esta cacería de brujas contra los
líderes progresistas, cuyo único delito probado hasta ahora ha sido el
de intentar salvar a millones de la pobreza y la ignorancia.
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