Astillero
El desacuerdo de un secretario // Jiménez Espriú y los
corruptos// Amparos, para entrampar // Sánchez Cordero demanda lealtad
Julio Hernández López
![Foto](https://www.jornada.com.mx/2019/06/18/fotos/008o1pol-1.jpg)
▲ La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el titular de la
Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal; el
consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y Martí
Batres, presidente de la Mesa Directiva senatorial, participaron en una
reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena.
Foto Pablo Ramos
Doce palabras pronunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú:
Dijo el Presidente por la mañana eso, yo no estoy de acuerdo. Se refería el afamado ingeniero y universitario a la postulación andresina de que son
corruptosquienes promueven amparos del Poder Judicial federal contra las obras aeroportuarias que se pretenden realizar en la base militar de Santa Lucía. No es un asunto menor que el titular de la SCT disienta de quien lo puso en el cargo, pues en ese punto, el de los
corruptosque aspiraban a ser beneficiarios del proyecto original en Texcoco, ha descansado buena parte del discurso defensivo y ofensivo del político tabasqueño.
No es la primera ocasión en que un miembro del gabinete de Andrés
Manuel López Obrador se manifiesta contra la posición de su jefe: la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en su momento que
estaba en contra de la reducción de salarios y prestaciones a los
miembros del Poder Judicial de la Federación (al que pertenece, como
ministra en retiro), reducción que categóricamente demandaba el
Presidente de México.
Sin embargo, la dimensión del diferendo es mayor en el caso aéreo que
en el judicial. La profusión de solicitudes de amparo respecto a los
casos Santa Lucía (para que no se inicien los trabajos de construcción) y
Texcoco (para que no se ahogue en agua lo estructuralmente avanzado en
cuanto a un nuevo aeropuerto) entraña una calculada pretensión de
entrampar el curso del gobierno obradorista y someterlo a un
multiplicable freno jurídico en cuanto tema les parezca impugnable a las
fuerzas políticas y económicas que no han encontrado una vía política y
electoral para enfrentar ese obradorismo aún sumamente fuerte en
términos de aceptación popular.
En términos formales es indiscutible que asiste a cualquier ciudadano
el legítimo derecho de inconformarse frente a actos de poder que le
parezcan lesivos a su interés particular o al social. Ese derecho puede
ejercerse hasta la saciedad e incluso en términos que puedan parecer
excesivos. La ley indica y reconoce ese derecho y lo regula para que se
cumpla a través de las vías judiciales establecidas, que pueden aceptar o
rechazar las pretensiones de los demandantes. Aunque fueran mal
intencionadas o políticamente sesgadas o tendenciosas las recurrencias
de, por ejemplo, los ciudadanos Claudio X. González (directivo y mecenas
de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) y Gustavo de Hoyos
(presidente de Coparmex y flagrante 3P: presunto precandidato
presidencial 2024), tienen pleno derecho a solicitar amparos y a generar
cuantas incidencias judiciales crean adecuadas a su parecer.
Sin embargo, y ya instalados en el terreno ideológico, político e
incluso electoral, los alegatos y promociones judiciales contra Santa
Lucía y virtualmente a favor de Texcoco tienen una clara significación
contraria al proceso que se autodenomina Cuarta Transformación. Grupos,
membretes, personajes e intereses que fueron silenciosos validadores de
anteriores actos discutibles o abiertamente repudiables de gobiernos
priístas y panistas ahora se han convertido en feroces defensores de una
legalidad a la que anteriormente no protegieron y cuyas continuas
violaciones no les merecieron fervores cívicos y jurídicos.
El desacuerdo de Jiménez Espriú tiene como referencia ese contexto.
Y, en tal escenario, debilita el discurso de su jefe, centrado en la
denuncia de los corruptos que pretenden frenarlo a él y sus obras
estelares. Después de Jiménez Espriú entró en escena Olga Sánchez
Cordero, la secretaria de Gobernación rudamente desplazada de algunas
funciones por el vicepresidente provisional, Marcelo Ebrard. Dijo que la
lealtad al presidente López Obrador debe ser norma cotidiana para
garantizar la unidad de propósitos de la 4T. ¿Pleito en las alturas?
¿Quién será el siguiente secretario en dejar el gabinete obradorista?
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
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