Indignación: Gobierno de México niega prórroga a forenses del caso Ayotzinapa
Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa convocaron a una marcha masiva este martes 26 de septiembre para conmemorar un mes más de los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
| Foto: Archivo - Ahora Noticias (Referencial).
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos enfrenta un nuevo embate del Estado. El GIEI no tiene más plazo para seguir la investigación.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa carece de un esclarecimiento fidedigno. Ahora, la hipótesis de que el gobierno de México obstaculizaba las investigaciones trajo como consecuencia la exclusión de los forenses en el caso.
Las autoridades mexicanas rechazaron la prórroga de seis meses más para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) continuara con las pesquisas forenses, por lo tanto, deben dejar el caso este 30 abril.
La decisión fue tomada cuando los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del GIEI, presentaron este domingo un informe final en el que cuestionan el papel de las fuerzas federales y detallan que la mecánica de trabajo de la Procuraduría General y el sistema penal, solo se encargan de entorpecer las investigaciones.
El dato: en el año 2015, cuando el GIEI ofreció como resultado de las investigaciones, la omisión por parte de la PGR de un presunto autobús de narcotráfico desviado la noche de la desaparición de los estudiantes, el gobierno cambió de actitud.
Los padres de los 43 afirman que esta decisión del Gobierno pretende alejarlos de la verdad y de las investigaciones
Tras conocerse el informe final, Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) dijo en conferencia de prensa que el Estado mexicano "reitera" su compromiso con los padres de los 43 y aseguró que la PGR trabaja exhaustivamente en una indagatoria que sigue abierta (a un año y siete meses) y en la que se atienden todas y cada una de las líneas de investigación.
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Por su parte, James Cavallaro, presidente de la CIDH, lamentó la actuación del gobierno. Informó que la misión del GIEI culmina "a pesar de que los objetivos permanecen incumplidos, principalmente lo que se refiere a la ubicación de los estudiantes desaparecidos".
Cavallaro también lamentó la ausencia de representantes gubernamentales en la presentación del informe y afirmó que han sufrido de una fuerte campaña mediática en su contra, orquestada por los medios de comunicación para desacreditar su trabajo.
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Al final, familiares asistentes al encuentro, así como público en general, acusaron al presidente Enrique Peña Nieto de "asesino".
¿Qué oculta el gobierno de México?
Edgar Cortéz, coordinador del área de seguridad ciudadana y justicia del Instituto Mexicano de DD.HH. y Democracia en México, dijo en entrevista exclusiva para teleSUR, que México "tiene un sistema de justicia muy deficiente, con muchas fallas, con incapacidad y limitaciones técnicas que tiende a favorecer algunos intereses".
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"Los funcionarios que laboran dentro de las instituciones de Justicia, incluidos los de la Procuraduría General de México, parecen estar más preocupados por mantener las formalidades y la burocracia que dar con una respuesta de que fue lo que sucedió con los estudiantes", recalcó.
Hipótesis y nuevas dudas
Cortéz, recalcó que "No hay una hipótesis consistente, en su momento, el entonces procurador de Justicia dijo que los 43 estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal, entregados a la delincuencia organizada y quemados en el basurero de Colula esa misma noche".
Para hoy, el grupo de expertos que fue expulsado de la investigación, dio con informaciones y evidencias que no concuerdan con la primera versión. En el informe, detallan que al menos siete de los teléfonos de los normalistas fueron usados un día después en la zona de Iguala y Colula.
Además, revelaron que en el basurero no se localizaron restos óseos, el único que se localizó fue a 49 minutos del basurero de Cocula, sobre el Río San Juan y que la veracidad de las declaraciones de los detenidos no coincide con las pruebas periciales de fuego y balística encontradas en el basurero.
El Estado, ¿el único responsable?
De acuerdo con el analista Edgar Cortéz, quien tiene la obligación de realizar las investigaciones, el gobierno de México es el único responsable.
"A través de la Procuraduría General de México, que es la institución que lleva la justicia del país, el gobierno es el único responsable de llevar a cabo las investigaciones, no los expertos investigadores forenses, y más aún cuando el resultado de su trabajo se da con la poca credibilidad", agregó.
Entre tanto, los familiares de los desaparecidos, así como la comunidad internacional, realizan más esfuerzos y demandan pronta justicia.
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Como ejemplo de la falta de voluntad política por parte de las autoridades está la falta de aprobación de la Ley de Desapariciones Forzadas en México, que se ha venido discutiendo desde el año pasado, sin concretarse la firma del documento.
"Ha sido un proceso lento porque el Ejecutivo tardó mucho tiempo en presentar su iniciativa y ahora está en discusión en el Congreso; todavía no está terminada. Muchos familiares han tenido observaciones y han expresado la preocupación de que la ley no es suficiente para esclarecer las desapariciones del país", resaltó Cortéz.
En contexto
El 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela normalista iniciaron una manifestación en contra de la discriminación que sufren por la repartición de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del Gobierno local.
Policías municipales detuvieron la protesta disparándoles, el saldo: seis personas muertas, al menos 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
La teoría de la PGR indica que los 43 estudiantes fueron detenidos por la Policía de Iguala, entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado en el basurero de Cocula.
Los expertos forenses internacionales dejarán la investigación del caso, tras constatar las fallas en la investigación oficial de la PGR de México y tras la negativa del Gobierno en renovar su contrato.
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