Militares durante un operativo antinarco en Veracruz.
Foto: Yahir Ceballos
Foto: Yahir Ceballos
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ha llegado la hora para el retiro de los militares de las calles. La situación actual ya no es sostenible, con casi 50 mil integrantes de las fuerzas armadas que se encargan de manera cotidiana de tareas de seguridad pública. Estamos en una coyuntura de abuso generalizado contra los derechos humanos y de violación flagrante a la Constitución, así como frente a un abierto fracaso en el combate a la violencia y a la delincuencia organizada. Es imperativo determinar una fecha específica y cercana para el retorno de los soldados a sus cuarteles.
En su momento, el gobierno federal justificó la estrategia de recurrir al Ejército y a la Marina como una medida temporal que supliría a las corporaciones policiacas del país mientras éstas “limpiaban” y “profesionalizaban” su personal. Pero la “medida temporal” se ha convertido en una misión permanente para “mantener la paz” en toda la República. De allí la desesperación por aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que buscan “legalizar” las acciones que hoy violentan gravemente el mandato constitucional de que los militares únicamente puedan “ejercer funciones” que “tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129).
Estamos por cumplir cinco años del inicio de la “guerra” de Felipe Calderón y las autoridades no cansan de informarnos que los militares deberán seguir en las calles durante por lo menos siete o 10 años más. Pero no existe ninguna garantía de que al término de este plazo no se pida una prórroga por otro periodo igual, y así sucesivamente hasta que se eternice la estrategia actual. Asimismo, cada vez más mandos militares son nombrados jefes de corporaciones policiacas y procuradurías estatales. Más que un plan de desmilitarización, hoy asistimos a un evidente proceso de profundización de la vía militar.
Recientemente han surgido voces que, si bien son críticas de la militarización, cuestionan la demanda de un retiro inmediato de las fuerzas armadas en todo el país. Señalan que encuartelar a todos los militares de golpe sería igual de irresponsable que su atropellado despliegue al principio del mandato de Calderón. También invitan a reflexionar sobre las diferencias entre diversas zonas del país, en algunas de las cuales la influencia militar supuestamente ha sido positiva, o por lo menos no tan nociva, como en Cherán, Michoacán, en comparación con otras, como Ciudad Juárez.
Estos puntos de vista son muy respetables, y hasta correctos desde un punto de vista estrictamente práctico. Sin embargo, en el plano estratégico se encuentran gravemente equivocadas. El peligro es que al suavizar la demanda social quedemos presos del juego de Calderón, que busca presentar a las fuerzas armadas como la única solución frente a la barbarie y el desmoronamiento institucional.
Hoy la sociedad no puede darse el lujo de solamente exigir la “desmilitarización” en abstracto. Un reclamo de esta naturaleza será fácilmente asimilado por el gobierno, que aplazará artificialmente el retiro de las fuerzas armadas, tal y como ya está ocurriendo. Si la ciudadanía quiere tener la posibilidad de incidir realmente en las políticas gubernamentales tiene que retomar el grito histórico del movimiento de solidaridad con Chiapas en 1994 (“Chiapas, Chiapas no es cuartel. Fuera Ejército de él”) y aplicarlo al resto del país.
Las fuerzas armadas hoy han llegado a ser más parte del problema que de la solución. Si bien puede ser cierto que en algunas partes del país su llegada ha llenado un gran vacío generado por la corrupción y la inefectividad de las instituciones y autoridades locales, su permanencia en esta función garantiza que los problemas de fondo, por ejemplo la profesionalizacion de la fuerza pública o la atención a la juventud, no se resuelvan en el corto plazo. Con el pretexto de tener supuestamente “controlado” el tema con hombres uniformados y fuertemente armados que patrullan las calles, ya no existe la misma presión social o compromiso institucional para atender la problemática de raíz.
Asimismo, las fuerzas armadas de ninguna manera escapan a la corrupción y no están capacitadas para realizar tareas de seguridad pública. Tarde o temprano los militares caerán presos de las mismas prácticas de complicidad e inefectividad de los policías. La utilización política del Ejército en el caso de la detención de Jorge Hank Rhon y las miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos por militares son ejemplos claros de ello. Las protecciones garantizadas por el fuero militar, asunto todavía no resuelto aún con los nuevos criterios de la Suprema Corte, también ayudan a propiciar este escenario al garantizar la impunidad de los delitos cometidos contra civiles.
Lo realmente grave es que a la postre el despliegue permanente de los soldados podría desembocar en la pérdida de confianza de la sociedad entera en la institución militar. Así, la ciudadanía se encontraría en una verdadera situación límite, ya que ahora sí tendría que exigir el retiro inmediato de las fuerzas militares sin que existiera ninguna otra fuerza disponible para reemplazarlas.
Actuemos y exijamos ahora, antes de que sea demasiado tarde. En lugar de buscar vías para la “legalización” de la violación permanente a la Constitución con la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional durante un periodo extraordinario legislativo, el gobierno federal y el Congreso de la Unión deberían fijar de una vez por todas una fecha específica y un plan detallado para el retiro de las topas de nuestras calles, pueblos y hogares antes de las elecciones de 2012.
johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
En su momento, el gobierno federal justificó la estrategia de recurrir al Ejército y a la Marina como una medida temporal que supliría a las corporaciones policiacas del país mientras éstas “limpiaban” y “profesionalizaban” su personal. Pero la “medida temporal” se ha convertido en una misión permanente para “mantener la paz” en toda la República. De allí la desesperación por aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que buscan “legalizar” las acciones que hoy violentan gravemente el mandato constitucional de que los militares únicamente puedan “ejercer funciones” que “tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129).
Estamos por cumplir cinco años del inicio de la “guerra” de Felipe Calderón y las autoridades no cansan de informarnos que los militares deberán seguir en las calles durante por lo menos siete o 10 años más. Pero no existe ninguna garantía de que al término de este plazo no se pida una prórroga por otro periodo igual, y así sucesivamente hasta que se eternice la estrategia actual. Asimismo, cada vez más mandos militares son nombrados jefes de corporaciones policiacas y procuradurías estatales. Más que un plan de desmilitarización, hoy asistimos a un evidente proceso de profundización de la vía militar.
Recientemente han surgido voces que, si bien son críticas de la militarización, cuestionan la demanda de un retiro inmediato de las fuerzas armadas en todo el país. Señalan que encuartelar a todos los militares de golpe sería igual de irresponsable que su atropellado despliegue al principio del mandato de Calderón. También invitan a reflexionar sobre las diferencias entre diversas zonas del país, en algunas de las cuales la influencia militar supuestamente ha sido positiva, o por lo menos no tan nociva, como en Cherán, Michoacán, en comparación con otras, como Ciudad Juárez.
Estos puntos de vista son muy respetables, y hasta correctos desde un punto de vista estrictamente práctico. Sin embargo, en el plano estratégico se encuentran gravemente equivocadas. El peligro es que al suavizar la demanda social quedemos presos del juego de Calderón, que busca presentar a las fuerzas armadas como la única solución frente a la barbarie y el desmoronamiento institucional.
Hoy la sociedad no puede darse el lujo de solamente exigir la “desmilitarización” en abstracto. Un reclamo de esta naturaleza será fácilmente asimilado por el gobierno, que aplazará artificialmente el retiro de las fuerzas armadas, tal y como ya está ocurriendo. Si la ciudadanía quiere tener la posibilidad de incidir realmente en las políticas gubernamentales tiene que retomar el grito histórico del movimiento de solidaridad con Chiapas en 1994 (“Chiapas, Chiapas no es cuartel. Fuera Ejército de él”) y aplicarlo al resto del país.
Las fuerzas armadas hoy han llegado a ser más parte del problema que de la solución. Si bien puede ser cierto que en algunas partes del país su llegada ha llenado un gran vacío generado por la corrupción y la inefectividad de las instituciones y autoridades locales, su permanencia en esta función garantiza que los problemas de fondo, por ejemplo la profesionalizacion de la fuerza pública o la atención a la juventud, no se resuelvan en el corto plazo. Con el pretexto de tener supuestamente “controlado” el tema con hombres uniformados y fuertemente armados que patrullan las calles, ya no existe la misma presión social o compromiso institucional para atender la problemática de raíz.
Asimismo, las fuerzas armadas de ninguna manera escapan a la corrupción y no están capacitadas para realizar tareas de seguridad pública. Tarde o temprano los militares caerán presos de las mismas prácticas de complicidad e inefectividad de los policías. La utilización política del Ejército en el caso de la detención de Jorge Hank Rhon y las miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos por militares son ejemplos claros de ello. Las protecciones garantizadas por el fuero militar, asunto todavía no resuelto aún con los nuevos criterios de la Suprema Corte, también ayudan a propiciar este escenario al garantizar la impunidad de los delitos cometidos contra civiles.
Lo realmente grave es que a la postre el despliegue permanente de los soldados podría desembocar en la pérdida de confianza de la sociedad entera en la institución militar. Así, la ciudadanía se encontraría en una verdadera situación límite, ya que ahora sí tendría que exigir el retiro inmediato de las fuerzas militares sin que existiera ninguna otra fuerza disponible para reemplazarlas.
Actuemos y exijamos ahora, antes de que sea demasiado tarde. En lugar de buscar vías para la “legalización” de la violación permanente a la Constitución con la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional durante un periodo extraordinario legislativo, el gobierno federal y el Congreso de la Unión deberían fijar de una vez por todas una fecha específica y un plan detallado para el retiro de las topas de nuestras calles, pueblos y hogares antes de las elecciones de 2012.
johnackerman.blogspot.com
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