La empresa compró los terrenos donde ubicó la zona de amortiguamiento de su regasificadora a una señora muerta, reconoció Antonio Martínez Luna, quien a cargo de la Procuraduría de Baja California convalidó la operación. Roberto Garduño, enviado Publicado: 03/04/2011 14:37 San Diego, California. La instalación de la planta regasificadora de gas natural licuado de la trasnacional Sempra Energy en el litoral de Ensenada, “está afectada de nulidad” porque la empresa compró los terrenos ecológicos y de conservación turística a una señora muerta, 
reconoce el ex procurador de justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, quien en su momento convalidó la operación de compra venta. El ex funcionario que ahora reside en San Diego acepta que desde el año 2007 el proceso dio un giro radical al descubrirse el acta de defunción de la señora Elodia Gómez Castañón, quien era la supuesta propietaria de los terrenos que “compró” Sempra como zona de amortiguamiento de su regasificadora, y el propietario original Ramón Sánchez Ritchie los dio a conocer al declarar que la trasnacional los ocultó para conseguir la autorización de levantamiento de la planta. En entrevista refiere que en el año 2006 el secretario general de gobierno “Bernardo Martínez nos dijo que esa empresa estaba realizando una inversión muy importante para el estado, y que Sempra estaba despojada de sus terrenos por un individuo (Ramón Sánchez Ritchie) que decía que era dueño de la tierra. En este caso se trataba de una inversión importante y teníamos que resguardarlo jurídicamente bien. La empresa presentó una denuncia y se empezaron a aportar pruebas, y sí fue algo muy rápido el desalojo”. “La empresa aportó y el señor Sánchez Ritchie tuvo tiempo para aportar, y tras el análisis se decidió que sí procedía restituir a la empresa el predio. Así fue y para no tardar tanto se le fijó una fianza, y como era un asunto muy importante se hizo rápido y en el momento en que aportaran la fianza, y se llevó a cabo la restitución del terreno.” “Finalmente se cumplió jurídicamente con lo que había que hacerse. Pero ahora me entero que el señor Sánchez Ritchie hizo investigaciones en lo privado y obtuvo otras pruebas que en el momento no tenían a la mano y que no aportaron al ministerio público, por lo menos esas pruebas no las tenía el ministerio público, y no las aportaron, ni Sánchez Ritchie ni la empresa, no las aportaron ni al expediente ni a la averiguación previa. Al ver esos documentos aparece un acta de defunción de la señora que estaba en pugna con Sánchez Ritchie en materia agraria. Y resulta que esta señora le da el poder a otra para que venda pero la señora que otorga el poder muere en el 2004, y esta operación se realiza en el 2006, ¡obviamente está afectado de nulidad! Porque la persona que dio el poder ya había muerto.” -¿Por qué hasta ahora se reconoce la nulidad jurídica de la restitución? -Esa acta de defunción no apareció en la averiguación previa, ni la copia de un amparo en donde les niegan restituir el predio a la supuesta propietaria que había otorgado el poder. Esos dos elementos son de vital importancia para el Ministerio Público, no se aportaron en su momento, y si se hubieran aportado no se hubiera restituido, y nosotros por supuesto que no hubiéramos permitido eso, porque el que restituyó fue el Ministerio Público y no el procurador, y por supuesto que hubiéramos opinado que no se restituyera. -¿El gobernador Eugenio Elorduy u otro funcionario intervino para facilitar la operación de Sempra en Baja California? -El gobernador jamás a mi me pidió que hiciera algo indebido, que en ese momento no era indebido porque con las pruebas que teníamos procedía jurídicamente, él nunca estuvo en las reuniones, quien estuvo fue el secretario general de gobierno Bernardo Martínez (quien después de concluir su encargo en el gobierno de Elorduy, fue contratado por Sempra Energy), él si me pidió que aceleráramos porque representaba algo y estaba jurídicamente bien sustentado. -¿Y Sempra Energy? -Estuvo presente y encima de nosotros para que resolviéramos rápido, por supuesto que sí estaba encima, le interesaba. -¿Por qué se permitió usted tal omisión? -Yo no hubiera permitido, aunque es facultad expresa del Ministerio Público, no hubiera consignado otra vez. Te hablo de lo que se a lo mejor hay otro elemento para que se convenciera el Ministerio Publico de volver a consignar, jurídicamente no era lógico ni procedente volver a consignar, se ha debatido en tribunales y como consecuencia lógica se restituyó al señor Sánchez Ritchie. -Los afectados piden que se les indemnice y el municipio demanda que se le participen beneficios económicos por el uso de la tierra, y Sempra se niega – ¿qué procedería? -Ninguna inversión por gigantesca que sea debe pisotear los intereses de un solo mexicano y sí se lesionaron los intereses de familias. Sé que ese terreno es un colchón de amortiguamiento, yo creo que deben arreglarlo en lo político, en lo económico, en lo social, deben de arreglarlo ya no puede seguir creciendo, no sé de quién es la negligencia el dejarlo crecer, ahora hay vecinos a un lado y la empresa sigue operando. Y aquí el que tiene el sartén por el mando es el gobierno federal y el del estado que deben decir arréglense ya. He visto que el alcalde de Ensenada ha dicho atinadamente, ‘voy y clausuro porque no se cumplió con el uso de suelo’, pero llega el gobierno del estado y vuelve a abrir. Yo sé que es mucho dinero lo que está en juego y mientras más se esperen más difícil va a ser. -¿Hay soberbia de la empresa y un afán de imposición? -Sí las hay, porque la han dejado crecer. Todas las empresas deben ser bienvenidas pero siempre y cuando estén apegadas cien por ciento a la ley, no hay de otra, sí creo que ha habido relajamiento, indiferencia o interés en que crezca el problema. Lo que pasó con la clausura del alcalde y después van y rompen los sellos implica que se está incurriendo en responsabilidad. Se rompió el respeto. -¿Cómo desalojaron a Ramón Sánchez Ritchie de su terreno? -Nuestra obligación era dar al propietario de la tierra certeza, lo que procedía era que el ministerio público integrara la averiguación previa y el juez ordenara restituir a la empresa, pero eso se tarda, y nosotros dijimos para qué le dejo eso al juez, si tengo los elementos y la facultad jurídica para hacerlo. Lo que sucedió, es que si la empresa conocía que la señora a la que le compraron había muerto dos años antes y el poder estaba afectado de nulidad no debió seguir con la operación. Yo como abogado de la empresa por supuesto que haría esa investigación, si voy a comprar un predio de 150 o 200 hectáreas yo iría a hablar con la dueña y no con la que tiene el poder. Obviamente la que arregló todo fue la que tuvo el poder y no la dueña, y de ahí se vino todo este problema, y esa persona tampoco dijo que en el amparo les habían negado dar la posesión material. Esas dos pruebas son las que no se aportaron inicialmente, pero sí son las pruebas que se aportaron cuando se regresó el expediente al juez hace tres años y medio y Sempra no tuvo la posesión material, por eso el juez federal ahora, con justa razón, les dijo restituyan el predio.
reconoce el ex procurador de justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, quien en su momento convalidó la operación de compra venta. El ex funcionario que ahora reside en San Diego acepta que desde el año 2007 el proceso dio un giro radical al descubrirse el acta de defunción de la señora Elodia Gómez Castañón, quien era la supuesta propietaria de los terrenos que “compró” Sempra como zona de amortiguamiento de su regasificadora, y el propietario original Ramón Sánchez Ritchie los dio a conocer al declarar que la trasnacional los ocultó para conseguir la autorización de levantamiento de la planta. En entrevista refiere que en el año 2006 el secretario general de gobierno “Bernardo Martínez nos dijo que esa empresa estaba realizando una inversión muy importante para el estado, y que Sempra estaba despojada de sus terrenos por un individuo (Ramón Sánchez Ritchie) que decía que era dueño de la tierra. En este caso se trataba de una inversión importante y teníamos que resguardarlo jurídicamente bien. La empresa presentó una denuncia y se empezaron a aportar pruebas, y sí fue algo muy rápido el desalojo”. “La empresa aportó y el señor Sánchez Ritchie tuvo tiempo para aportar, y tras el análisis se decidió que sí procedía restituir a la empresa el predio. Así fue y para no tardar tanto se le fijó una fianza, y como era un asunto muy importante se hizo rápido y en el momento en que aportaran la fianza, y se llevó a cabo la restitución del terreno.” “Finalmente se cumplió jurídicamente con lo que había que hacerse. Pero ahora me entero que el señor Sánchez Ritchie hizo investigaciones en lo privado y obtuvo otras pruebas que en el momento no tenían a la mano y que no aportaron al ministerio público, por lo menos esas pruebas no las tenía el ministerio público, y no las aportaron, ni Sánchez Ritchie ni la empresa, no las aportaron ni al expediente ni a la averiguación previa. Al ver esos documentos aparece un acta de defunción de la señora que estaba en pugna con Sánchez Ritchie en materia agraria. Y resulta que esta señora le da el poder a otra para que venda pero la señora que otorga el poder muere en el 2004, y esta operación se realiza en el 2006, ¡obviamente está afectado de nulidad! Porque la persona que dio el poder ya había muerto.” -¿Por qué hasta ahora se reconoce la nulidad jurídica de la restitución? -Esa acta de defunción no apareció en la averiguación previa, ni la copia de un amparo en donde les niegan restituir el predio a la supuesta propietaria que había otorgado el poder. Esos dos elementos son de vital importancia para el Ministerio Público, no se aportaron en su momento, y si se hubieran aportado no se hubiera restituido, y nosotros por supuesto que no hubiéramos permitido eso, porque el que restituyó fue el Ministerio Público y no el procurador, y por supuesto que hubiéramos opinado que no se restituyera. -¿El gobernador Eugenio Elorduy u otro funcionario intervino para facilitar la operación de Sempra en Baja California? -El gobernador jamás a mi me pidió que hiciera algo indebido, que en ese momento no era indebido porque con las pruebas que teníamos procedía jurídicamente, él nunca estuvo en las reuniones, quien estuvo fue el secretario general de gobierno Bernardo Martínez (quien después de concluir su encargo en el gobierno de Elorduy, fue contratado por Sempra Energy), él si me pidió que aceleráramos porque representaba algo y estaba jurídicamente bien sustentado. -¿Y Sempra Energy? -Estuvo presente y encima de nosotros para que resolviéramos rápido, por supuesto que sí estaba encima, le interesaba. -¿Por qué se permitió usted tal omisión? -Yo no hubiera permitido, aunque es facultad expresa del Ministerio Público, no hubiera consignado otra vez. Te hablo de lo que se a lo mejor hay otro elemento para que se convenciera el Ministerio Publico de volver a consignar, jurídicamente no era lógico ni procedente volver a consignar, se ha debatido en tribunales y como consecuencia lógica se restituyó al señor Sánchez Ritchie. -Los afectados piden que se les indemnice y el municipio demanda que se le participen beneficios económicos por el uso de la tierra, y Sempra se niega – ¿qué procedería? -Ninguna inversión por gigantesca que sea debe pisotear los intereses de un solo mexicano y sí se lesionaron los intereses de familias. Sé que ese terreno es un colchón de amortiguamiento, yo creo que deben arreglarlo en lo político, en lo económico, en lo social, deben de arreglarlo ya no puede seguir creciendo, no sé de quién es la negligencia el dejarlo crecer, ahora hay vecinos a un lado y la empresa sigue operando. Y aquí el que tiene el sartén por el mando es el gobierno federal y el del estado que deben decir arréglense ya. He visto que el alcalde de Ensenada ha dicho atinadamente, ‘voy y clausuro porque no se cumplió con el uso de suelo’, pero llega el gobierno del estado y vuelve a abrir. Yo sé que es mucho dinero lo que está en juego y mientras más se esperen más difícil va a ser. -¿Hay soberbia de la empresa y un afán de imposición? -Sí las hay, porque la han dejado crecer. Todas las empresas deben ser bienvenidas pero siempre y cuando estén apegadas cien por ciento a la ley, no hay de otra, sí creo que ha habido relajamiento, indiferencia o interés en que crezca el problema. Lo que pasó con la clausura del alcalde y después van y rompen los sellos implica que se está incurriendo en responsabilidad. Se rompió el respeto. -¿Cómo desalojaron a Ramón Sánchez Ritchie de su terreno? -Nuestra obligación era dar al propietario de la tierra certeza, lo que procedía era que el ministerio público integrara la averiguación previa y el juez ordenara restituir a la empresa, pero eso se tarda, y nosotros dijimos para qué le dejo eso al juez, si tengo los elementos y la facultad jurídica para hacerlo. Lo que sucedió, es que si la empresa conocía que la señora a la que le compraron había muerto dos años antes y el poder estaba afectado de nulidad no debió seguir con la operación. Yo como abogado de la empresa por supuesto que haría esa investigación, si voy a comprar un predio de 150 o 200 hectáreas yo iría a hablar con la dueña y no con la que tiene el poder. Obviamente la que arregló todo fue la que tuvo el poder y no la dueña, y de ahí se vino todo este problema, y esa persona tampoco dijo que en el amparo les habían negado dar la posesión material. Esas dos pruebas son las que no se aportaron inicialmente, pero sí son las pruebas que se aportaron cuando se regresó el expediente al juez hace tres años y medio y Sempra no tuvo la posesión material, por eso el juez federal ahora, con justa razón, les dijo restituyan el predio. 
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