Voceros de la privatización
Amedida que se acerca la fecha de la discusión de los planes de la
reforma energética, se multiplican las voces que pugnan, desde la iniciativa
privada, por una apertura mayor a la planteada por el proyecto presidencial –de
suyo privatizador– y por un traslado de potestades públicas a particulares. En
la más reciente edición semanal de El Indicador, los especialistas
financieros de banco Santander señalan que
la nueva versión de la reforma permitiría al gobierno decidir el tipo de contrato que sería ofrecido para cada proyecto. Estos podrían ser contratos de servicio, contratos de utilidad o producción compartida o licencias. El documento añade que
un modelo de producción compartida o un modelo de licencias garantizarían un control operativo más amplio de los proyectos que el modelo inicial propuesto por el gobiernoy afirma que
un movimiento en dicha dirección ciertamente sería tomado muy positivamente por los inversionistas.
Debe señalarse que todos los escenarios esbozados por la institución
financiera resultan, por principio, indeseables. La eventual reforma al artículo
27 constitucional, incluso una como la que pretende la iniciativa de ley
presentada por Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, entregaría el control
de parte de la renta petrolera a particulares, nacionales o extranjeros, por
medio de los contratos de utilidad compartida. Por añadidura, la incorporación
de figuras como los contratos de producción compartida y las concesiones sobre
campos petrolíferos posibilitaría, además, el ingreso y el control de los
recursos naturales a petroleras trasnacionales como Chevron-Texaco, Mobil,
Shell, Halliburton, Exxon y Repsol a los campos petrolíferos del país.
Por lo demás, la adición que propone Santander se inscribe en la lógica de
los intereses del capital financiero y las presiones que éste ejerce con el fin
de desmantelar y privatizar Pemex. Estas presiones, que proceden tanto del
extranjero como de la oligarquía que controla el poder público en el país,
pretenden presentar a la paraestatal como una empresa económicamente inviable,
depreciada y a punto del colapso, y con ello, instalar en la opinión pública
nacional la necesidad de transferir el control de la industria petrolera a manos
privadas.
Ante la nueva andanada privatizadora es necesario reiterar que la actual
situación de esa industria no se debe, como lo quiere hacer ver el capital
financiero, a una incapacidad del Estado para administrarla y para cumplir con
sus responsabilidades en la materia, sino a que es utilizada, por falta de una
política fiscal justa y equitativa, como principal fuente de financiamiento del
Estado. La difícil situación económica que enfrenta el sector energético en el
país –y particularmente el petrolero– no es consecuencia del precepto
constitucional que pone en manos de la nación la explotación de las reservas
petroleras, sino de la política impositiva depredadora y asfixiante que el
gobierno federal ejerce sobre el sector.
En suma, es urgente que Pemex sea colocada en un régimen de autonomía fiscal,
a fin de que pueda disponer de los recursos necesarios para su modernización, y
vaya que los tendría, si no le quitaran por vía impositiva la mayor parte de sus
ingresos brutos. La administración federal debe buscar recursos allí donde los
obtienen los países democráticos: en el cobro de impuestos justos y equitativos
a las grandes empresas, a los capitales financieros y a los dueños de las
grandes fortunas. La sociedad, por su parte, debe entender que no puede
permitirse la venta parcial o total de la industria petrolera, pues ello
implicaría la pérdida de la más importante fuente de recursos económicos propios
para el desarrollo del país.
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