Mineras canadienses: saqueo y devastación
El presidente del grupo Amistad México-Canadá e integrante de la
Cámara de los Comunes de este último país, Bernard Trottier, señaló ayer, en el
cierre de la 19 reunión interparlamentaria binacional, que es responsabilidad
del Congreso mexicano generar leyes que propicien una mejor operación de las
compañías mineras extranjeras en el territorio nacional. Asimismo, el político
señaló que en su país esas empresas respetan el medio ambiente, las tradiciones
y culturas de las poblaciones donde se encuentran asentadas, y aportan
significativas cantidades de recursos al erario.
Estas declaraciones equivalen a un rechazo del legislativo canadiense, en voz
de uno de sus integrantes, a la propuesta de sus contrapartes mexicanas de
endurecer los controles administrativos sobre las compañías mineras originarias
de Canadá, cuyo desempeño aquí resulta completamente opuesto al descrito por
Trottier: en efecto, las empresas de ese tipo que operan en México, y las
canadienses en particular –First Majestic Silver, Fortuna Silver Mines,
Continuum Resources, Timmis Gold, Starcore International Mines, Aurico Gold y
Agnico-Eagle Mines, entre otras–, han sido objeto de múltiples y documentadas
denuncias por atentar contra los derechos sociales, culturales y ambientales de
los entornos en que se asientan, por violentar sistemáticamente los derechos de
sus trabajadores y por gozar de desmesurados beneficios fiscales y de
condiciones mucho más ventajosas que las que obtienen en sus países de
origen.
Esas prácticas y privilegios se traducen en un manto de impunidad y en una
capacidad indebida de presión y de chantaje sobre las autoridades nacionales.
Debe recordarse que, en el marco de las negociaciones de la reforma fiscal
recientemente aprobada, las mineras canadienses amenazaron con abandonar el país
en caso de que se diera luz verde a la creación de un impuesto especial a las
utilidades de la explotación.
Con ese telón de fondo, es evidente que las autoridades y las instancias
legislativas de nuestro país tienen una responsabilidad principal, por acción y
por omisión, en la configuración del poder fáctico e indebido que detentan las
mineras, y que resulta impostergable, en consecuencia, revisar el marco legal
que ha hecho posible la entrega de millones de hectáreas del territorio nacional
a cambio de casi nada, a los intereses depredadores de esas empresas y
establecer mecanismos para regular y sancionar las malas prácticas en que suelen
incurrir.
La postura del funcionario canadiense podría ser vista como un llamado al
Legislativo y al Estado mexicano en general para que ejerza la soberanía que le
corresponde sobre esa enorme fuente de riqueza, y sería, en ese sentido,
irreprochable. Sin embargo, un elemento de contexto ineludible son las
revelaciones sobre el espionaje que la Agencia de Seguridad en Comunicación de
Canadá ha venido realizando hacia el Ministerio de Minas y Energía de Brasil,
información que suscitó un desencuentro diplomático entre ambos países y que
exhibió a Ottawa como un gobierno que busca información confidencial que permita
a sus corporaciones mineras operar en condiciones ventajosas en los países donde
tienen intereses.
Tal precedente hace que surjan sospechas sobre si el espionaje canadiense ha
venido aplicándose también en contra de las dependencias encargadas de regular
la actividad minera en México, y si las injustificables ventajas de que gozan
aquí las trasnacionales de ese país no son, al menos en parte, resultado de una
labor semejante.
Si esas sospechas se confirmaran, la afirmación de que México debe asumir
toda la responsabilidad por el desempeño de las mineras canadienses en su
territorio no sería más que un mero acto de simulación e hipocresía. Como
quiera, es urgente que el Estado mexicano recupere cuanto antes el terreno
perdido frente a esas corporaciones y que refuerce las regulaciones sobre un
sector que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México es sinónimo
de saqueo y devastación.
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