Patishtán: indulto, el mal menor
Luego de 13 años de injusto encarcelamiento, el profesor tzotzil
Alberto Patishtán será liberado hoy, según anticipó la víspera el presidente
Enrique Peña Nieto, al amparo de las reformas recientes al Código Penal Federal,
que facultan al Ejecutivo para que,
de manera excepcional, pueda conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común
cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciaday cuando los acusados
no representen un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas.
La excarcelación es en sí misma un hecho positivo por cuanto implica la
rectificación de la profunda injusticia cometida contra Patishtán y porque
constituye una muestra de voluntad política y de ejercicio saludable de los
contrapesos entre los poderes de la Unión.
Vistas en el contexto de lo estrictamente jurídico, sin embargo, las
condiciones en que se produce la excarcelación del indígena tzotzil son
indicativas del extravío y la descomposición imperantes en el sistema de
justicia del país. Es exasperante que después de 13 años y, tras agotar todas
las instancias jurisdiccionales nacionales –incluida la Suprema Corte de
Justicia de la Nación–, el indulto próximo ponga en evidencia que el Estado se
quedó sin recursos legales para reconocer la inocencia manifiesta de Patishtán y
para corregir las irregularidades procesales y el encarnizamiento a que fue
sometido. En este sentido, el indulto es un mal menor, pero de ninguna manera
satisfactorio ante la dimensión de la injusticia perpetrada.
Es pertinente recordar, por otra parte, que las injusticias similares distan
de ser
excepcionales, como queda asentado en la reforma legal ad hoc recientemente aprobada. En esta ocasión la intervención del Ejecutivo y el Legislativo contribuyeron a aliviar los sucesivos despropósitos cometidos por funcionarios del Poder Judicial, policías y ministerios públicos; sin embargo, no pocas personas estuvieron, en el pasado reciente, o siguen estando, actualmente, en circunstacias parecidas a la de Patishtán, sin que sus casos hayan recibido la atención pública que, a fin de cuentas, ha presionado a la excarcelación, hoy decidida, del profesor tzotzil.
Por último, su liberación no puede ni debe ser vista como un punto final del
episodio: antes bien, este hecho debe ser el primero de una serie de acciones
orientadas a reparar el daño causado al activista y a sus familiares, entre las
cuales debe figurar la investigación de los funcionarios ministeriales que
integraron el proceso, así como de los jueces y los magistrados que no
remediaron el atropello que cometían al encarcelar a un hombre manifiestamente
inocente. Es exigible y deseable, en suma, el deslinde de responsabilidades y la
aplicación de las sanciones legales a que dé lugar este grave conjunto de
extravíos policiales y judiciales como un primer paso para impedir la
persistencia y la repetición de injusticias como la que sufrió Alberto Patishtán
durante más de dos sexenios.
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