Enseñanza gratuita y de calidad o habrá
estallido social, advierten
Las protestas de estudiantes, las más largas en la historia de
Chile
El gobierno derechista, sordo a las peticiones, insiste en una educación
elitista
Multitudinaria protesta del pasado 28 de agosto en el centro
de Santiago por educación gratuita y de calidadFoto
Ap
Ante las marchas estudiantiles el gobierno del presidente
Sebastián Piñera sólo responde con represiónFoto
Reuters
Dpa
Periódico La Jornada
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 25
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 25
Santiago, 1º de septiembre. Miles de jóvenes mantienen vivas las
protestas estudiantiles más largas en la historia de Chile. Exigen reformas
estructurales que mejoren el actual sistema educativo, soluciones ante la
proliferación de centros con fines de lucro y el endeudamiento de los alumnos en
la educación superior. Ahora, 16 meses después, llaman a
un nuevo estallido social.
Ante la crisis de la educación se requiere aumentar el gasto público y que dichos recursos estén orientados de manera efectiva al desarrollo de una mejor calidad de la educación, potenciando el sistema público, escribió en su blog la dirigente estudiantil Camila Vallejo el primero de mayo de 2011, a pocos días de realizarse la primera marcha de protesta, que reunió a cerca de 8 mil estudiantes.
Esta primera movilización, el 28 de abril de 2011, marcó el inicio de una
serie de medidas de presión estudiantil, como marchas, actos culturales y
ocupaciones de colegios y universidades, que darían el carácter de urgencia a la
necesidad social de una mejor educación.
En Chile la enseñanza está regulada por la Ley General de Educación (LGE),
que en 2009 derogó sin cambios sustanciales a su antecesora, la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada en 1990 en los últimos días de la
dictadura militar del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990).
Ambas legislaciones, LGE y LOCE, establecen
la libertad de enseñanzasin asegurar el derecho al acceso a una educación garantizada por el Estado. Éste, como indica Naciones Unidas, debe implementar políticas públicas hacia la instauración de la gratuidad a nivel secundario y superior.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Chile
posee la educación universitaria más cara del mundo, con un valor anual de sus
aranceles de 3 mil 400 dólares equivalentes a 22.7 por ciento del producto
interno bruto per cápita, cifra superior a la de países como Estados
Unidos, Inglaterra, Australia o Japón.
Para el que tiene privilegio, el sistema educacional chileno es el mejor mundo posible. La ley se pone enteramente a disposición de los ricos, denunció el académico Fernando Atria, de la Universidad Adolfo Ibáñez, experto en derecho social a la educación.
La
educación como derecho y no como privilegiojunto con
educación pública, gratuita y de calidadhan sido los lemas con mayor presencia en las marchas en estos más de 16 meses de protestas.
Estas consignas reflejan las peticiones de detener el endeudamiento a raíz de
los altos aranceles cobrados en la educación superior, de fortalecimiento de la
educación pública con la disminución del financiamiento compartido y de una
enseñanza pública que alcance los estándares de calidad de los colegios
privados.
Los colegios públicos chilenos son minoría en las mediciones de estándares de
calidad educativa. De los 100 establecimientos con mayores puntuaciones en la
Prueba de Selección Universitaria 2011, dos son públicos, mientras que de las
100 instituciones con mejor rendimiento en el Sistema Nacional de Evaluación, 99
son privadas y sólo una es pública.
El movimiento estudiantil exige cambios estructurales en el sistema educativo
chileno, demandas a las que el ministro Harald Beyer, de Educación, ha
respondido proponiendo
becas para el 60 por ciento más pobre y crédito hasta el 90 por ciento de la población; fortalecimiento de la educación pública desde una elección más profesional de los directores hasta recursos que antes no existían, y la prohibición efectiva del lucro con una superintendencia que enfrente este problema de verdad.
Para la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que agrupa a las
federaciones de estudiantes universitarios, las medidas gubernamentales no son
suficientes, pues las autoridades solamente han planteado
tímidas aspirinas en lugar de hacerse cargo del problema central.
La insatisfacción estudiantil hacia el sistema educacional comenzó
expresándose con tres marchas de protesta en todo Chile entre abril y mayo de
2011, llegando a su punto más álgido cuando después del paro nacional del
primero de junio de ese año, la Confech dejó en libertad de acción a las
federaciones con respecto a las medidas de protesta que cada universidad
decidiera tomar. Ya el 3 de junio, 17 universidades se encontraban movilizadas
con la ocupación de sus dependencias.
Paralelamente, colegios secundarios comenzaron a ser tomados por sus
alumnos. Del 7 y el 9 de junio de 2011 las ocupaciones se quintuplicaron de
cinco a 26 y registró unas 600 a fin de ese mes.
Frente a este crecimiento del movimiento estudiantil, el 5 de julio de 2011
el presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto Gran Acuerdo Nacional de la
Educación, que sería financiado con los 4 mil millones de dólares del Fondo por
la Educación, junto con la creación de una Subsecretaría de Educación y una
Superintendencia de Educación Superior, para fiscalizar el lucro en la
enseñanza.
Junto con estas medidas, el mandatario derechista declaró que la estatización
de la educación demandada por los estudiantes
constituye un grave error y que daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza.
Los estudiantes rechazaron el anuncio mostrando no solamente insatisfacción
hacia el sistema educativo, sino también a las propuestas del gobierno frente a
sus demandas, y respondieron con nuevas movilizaciones.
En septiembre de 2011, tras un cambio de gabinete, de tres propuestas
ministeriales rechazadas y un histórico bajo nivel de aprobación al gobierno, el
presidente Piñera encabezó una mesa de diálogo que reunió a los dirigentes
estudiantiles, el Colegio de Profesores y el Consejo de Rectores.
Este primer intento de conversación fracasó, lo que motivó a los estudiantes
a salir una vez más a las calles durante septiembre y octubre, mes en que las
ocupaciones en colegios y universidades se depusieron frente al riesgo de perder
el año académico, sumado a la renovación de los dirigentes de las diversas
federaciones universitarias.
La tranquilidad vivida entre octubre de 2011 y abril de 2012, donde se
registraron solamente dos convocatorias a movilizaciones, fue interrumpida en
junio del presente año. El presidente de la Federación de Estudiantes de Chile,
Gabriel Boric, declaró entonces que los estudiantes se cansaron
de esperar respuestas del gobierno, de ver empresarios delincuentes y de no tener soluciones (...) Sin movilizaciones y sin presión social este gobierno no escucha, dijo.
Las palabras de Boric marcaron el comienzo de un proceso de pláticas entre
los estudiantes para establecer una agenda de movilizaciones para agosto, y así
iniciar
un nuevo estallido social, como declaró la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Eloísa González.
Lejos de terminar, el movimiento estudiantil está retomando poco a poco la
importancia que tuvo en 2011 con nuevas ocupaciones de colegios secundarios,
pese a la inmediata reacción de las autoridades para desalojarlos, y con nuevas
convocatorias a manifestarse a lo largo de todo Chile.
“El año pasado nos decían ‘bajen las tomas y vamos a dialogar’. ¿Qué
pasó? No hubo diálogo. El año pasado nos dijeron ‘vamos a solucionar todo’, ¿y
en qué estamos?”, declaró el vocero de la Confederación de Estudiantes
Secundarios, Cristofer Sarabia, frente al resurgimiento del movimiento
estudiantil a consecuencia de las nulas respuestas que ha dado el gobierno a las
demandas de gratuidad, calidad y fin del lucro.
Las autoridades los han calificado de
intransigentes, de
minoría, de querer
todo o naday de
atentar contra la educación públicacon las ocupaciones. Pero los estudiantes no se rinden.
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