Chile: Violencia social y violencia política en un nuevo once de septiembre
Alexis Meza Sánchez
Recientemente, un nuevo 11 de septiembre ha desnudado focos de violencia en las calles de diversas poblaciones del país. Un carabinero muerto, decenas de heridos, 265 detenidos, muchos de ellos menores de edad, es el saldo de una noche plagada de barricadas, cortes de luz, intentos de saqueos, como ya es habitual en estas conmemoraciones.
Muchos se han adelantado a aclarar, que esto nada tiene que ver con el 11 de septiembre y que se trataría de meros actos delictuales, producidos por lumpen organizado que se aprovecha de esta fecha para dar paso a sus innobles objetivos. A mi juicio el problema es más complejo.
El 11 de septiembre es una fecha simbólica para las luchas populares del Chile reciente. Es un acto fundacional, que a sangre y fuego impuso un modelo de sociedad basado en la segregación social (especialmente de la juventud pobladora), la precarización laboral (especialmente de la juventud pobladora) y en proveer prebendas y privilegios a los grandes grupos económicos. Se trata de un modelo de sociedad que estética y discursivamente ofrece un paraíso de oportunidades, a través de la publicidad y el endeudamiento, pero que en los porfiados hechos de la vida cotidiana, solo genera frustración y rabia social, fruto de sus promesas incumplidas.
Que no se nos olvide, aunque suene una perogrullada, que la violencia social tiene sus raíces en una sociedad estructuralmente desigual. Esto por cierto, es un problema político que no se ha querido atender.
Que no se nos olvide, aunque suene una perogrullada, que la violencia social tiene sus raíces en una sociedad estructuralmente desigual. Esto por cierto, es un problema político que no se ha querido atender.
Sumemos a lo anterior, que este modelo de sociedad es orientado políticamente por un duopolio binominal, que ofrece exiguos canales de representación y que no trepida un minuto en dar la espalda a los intereses de una gran mayoría ciudadana. El último acuerdo para aprobar el ajuste tributario es solo un botón de muestra, de la simbiosis político-ideológica que por más de 20 años ha co-gobernado el país. No es casual entonces, que el descrédito de la ‘clase política’ (corroborado por cualquier Encuesta) y la crisis de representatividad, sea a estas alturas un dato insoslayable.
En la misma línea, la permanente criminalización de la protesta social, relevada a través de los medios de comunicación masivos, contribuye a acrecentar dicha rabia social acumulada contra todas las expresiones del establishment: bancos, carabineros, políticos, prensa, supermercados, locomoción colectiva, etc.
Discutir si esto es violencia política o violencia social (como si fueran expresiones totalmente disociadas) me parece un ejercicio estéril. La politicidad de lo social se encarna (en este caso) en el rechazo a la impunidad del cual gozan los poderosos y en los escasos canales de expresión y movilidad social que genera una sociedad profundamente segregada.
Se han construido escenarios pro-marginalización en los barrios periféricos, los que a su vez han generado sus propios códigos de sociabilidad para enfrentar la violencia cotidiana, la violencia de la calle. No nos extrañemos entonces, cuando por los poros y agujeros de esta sociedad que se creía hasta hace poco impermeable, emerge (como la llamó en su minuto el historiador Julio Pinto) esta barbarie con recuerdos, que ante la ausencia de relato de futuro, busca marcar territorio en su presente inmediato, pretendiendo demostrar (al resto del país) quienes son los que ‘controlan’ la ‘pobla’.
La impunidad de quienes asesinaron y torturaron o los beneficios carcelarios que hoy gozan los pocos condenados de un régimen de terror que asoló nuestro país, es una grieta que deja flancos muy amplios y que hacen impracticable “cerrar” las protestas del ‘once’, ante la inexistencia de ‘justicia política’. Sin justicia no hay paz social posible. Por su parte, la impunidad de quienes hoy lucran con la educación, con la salud, con el retail, con las autopistas o con las inmobiliarias, cuestionan a su vez las bases de la ‘justicia social’.
¿Es condenable la muerte de un carabinero? Por cierto que si. No obstante esto no es un hecho aislado, sino que el síntoma de un proceso de desintegración social, que la elite política se resiste a aceptar y reconocer.
Alexis Meza Sánchez es Magíster en Historia y Ciencias Sociales.
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