El nuevo error de Peña Nieto por 'premiar' a quien habría encubierto un crimen
El próximo 30 de noviembre, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza concluyen su periodo como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que tendrán que ser sustituidos por quienes resulten designados de las ternas que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado para que éste determine quiénes serán los nuevos ministros.
Desde hace algunos meses el relevo de ministros se volvió polémico a partir de que, contra la opinión de algunos académicos, juristas e integrantes del Poder Judicial, el presidente Peña Nieto impuso como ministro a Eduardo Medina Mora, quien se desempeñaba como embajador en Washington.
Al respecto, por diferentes medios, asociaciones de jueces y magistrados solicitaron al presidente Peña la integración de ternas con perfiles que, en apego a la Constitución (artículo 95), estuvieran “desvinculadas de cualquier influencia política que pueda afectar la imparcialidad e independencia” del Poder Judicial.
Asimismo, grupos de ciudadanos y académicos demandaron realizar una auscultación abierta y recogieron firmas para oponerse a la designación de candidatos ligados a los partidos o subordinados al Presidente. Exigieron un procedimiento transparente que fue resumido con la frase “ni cuotas, ni cuates”.
Los grupos, principalmente del Poder Judicial y la academia, no solo pidieron que la designación no correspondiera a cuotas de los partidos, sino que solicitaron la equidad de género en la integración de los ministros de la SCJN y propusieron que las dos vacantes fueran ocupadas por dos mujeres a fin de pasar a tres.
Por medio de su Consejería Jurídica, el presidente Peña Nieto presentó por escrito al Senado las propuestas de ternas para ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su criterio reflejan los perfiles que requiere.
La primera terna está integrada por: Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle. La segunda terna está conformada por: el magistrado Álvaro Castro Estada, el fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek. La Corte quedará con la actual conformación, es decir dos ministras y nueve ministros.
De la revisión de la trayectoria profesional de los integrantes de las ternas se desprende que hubo cuidado en no caer en la demanda: “ni cuotas, ni cuates”, es decir, no responden a intereses de partido ni ha subordinación con el presidente, excepto en el caso de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Procurador de Justicia del Estado de México,(PGJEM) cuya inclusión incurrió en la aplicación de un criterio de lealtad política, por encima de su capacidad como jurista o funcionario público.
Pero el análisis de los perfiles no solo está corriendo por cuenta de los senadores, algunos especialistas y líderes de opinión de los medios se han asomado a las ternas y coinciden en que la inclusión del Procurador de Justicia no es aceptable.
El articulista del diario Excélsior, Leo Zuckermann, en su colaboración titulada Otra mala decisión del presidente Peña, (23, noviembre 2015) señala que incluir al procurador de justicia del Estado de México. “Es una mala decisión, Alejandro Gómez, en lugar de ser candidato al máximo tribunal del país, garante último de los derechos humanos, debería estar siendo procesado por todos los delitos relacionados con falsear una investigación judicial, la de Tlatlaya, un caso donde presumiblemente se violaron múltiples derechos humanos.”
En el relato de la investigación sobre los acontecimientos de Tlatlaya Leo Zuckermann comenta: “Hoy sabemos, sin embargo, que las pruebas fueron fabricadas para encubrir lo sucedido. Gracias a las investigaciones de medios internacionales y organizaciones de derechos humanos, Sedena reculó y corrigió su versión de los hechos. Algunos de los soldados involucrados fueron detenidos y procesados. En los medios aparecieron fotografías donde se aprecia, con claridad, que los soldados sí habían ejecutado a varios de los muertos ese día en Tlatlaya. Lo cual comprueba, a su vez, que la PGJEM mintió para proteger al Ejército.”
En su artículo “Las ternas para ministro de la Suprema Corte, un primer análisis” (NEXOS, 18 noviembre 2015) Jorge Javier Romero, profesor-investigador de la UAM Xochimilco, comenta que Alejandro Jaime Gómez, era Procurador cuando sucedió el caso de Tlatlaya. Recibió una recomendación de la CNDH, la cual considera que “la actuación del personal ministerial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que estuvo presente el día de los hechos en la bodega, también transgredió los derechos humanos de las víctimas indirectas del caso, al no tomar medidas adecuadas para preservar el lugar de los hechos”. De lo que responsabiliza a los agentes ministeriales y al Procurador.
El senado recibió las ternas y en los siguientes días entrará al análisis de los perfiles y, si lo hace con responsabilidad e independencia cuidará, en su elección, que se mantenga la autonomía del Poder Judicial y en lo particular de la SCJN.
El nombramiento de los ministros de la SCJN dejó al descubierto el enorme poder otorgado por la Constitución al presidente en turno. Esa es la capacidad que en el sistema político mexicano se concede a un poder para disminuir a los otros dos.
En medio de la polémica se propuso revisar el procedimiento para elegir a los ministros. Dos poderes deciden sobre un tercero y al hacerlo afectan la autonomía e independencia del Poder Judicial. No hay equilibrios. Hay cómplices.
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