Parlatino expresa su apoyo a Ecuador contra petrolera Oxy
La XXX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) arremetió contra la sentencia del Ciadi que obliga a Ecuador a pagar millones de dólares a la petrolera estadounidense Oxy.
La Asamblea Nacional ecuatoriana informó el domingo en un comunicado de que el Parlatino criticó el arbitraje del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y aprobó la propuesta presentada por Ecuador en la XXXI Asamblea Ordinaria del organismo, celebrada el viernes en Panamá.
Asimismo, según reza la misiva, apostó por ayudar al Gobierno de Quito a pagar USD 1 061 775 000 a la Occidental Exploration Corporation (Oxy) a través de un “acuerdo digno” y por crear un instituto regional con el fin de abordar este tipo de asuntos relacionados con la soberanía de los países de la zona.
La presidenta del Parlamento de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, en un discurso pronunciado en la mencionada reunión del Parlatino, denunció que el fallo del Ciadi, un organismo del Banco Mundial (BM), apunta contra la soberanía y legislación nacional y el presupuesto general del Estado.
“Esta cantidad de dólares más intereses es lo que estaríamos restando a la inversión en salud y educación”, criticó la titular ecuatoriana.
Y por ello urgió a la formación de una nueva institucionalidad para defender los derechos de las naciones de la región frente a las acciones desestabilizadoras de las empresas trasnacionales.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, abogó por crear centros de arbitraje regionales, que a su juicio “buscan realmente la justicia, no solamente los beneficios del capital internacional”.
El problema que enfrenta Quito con la Oxy se retrotrae al supuesto incumplimiento del antiguo Tratado Bilateral de Inversión (TBI). En realidad, según el mandatario, todo empezó cuando el Occidente contravino las leyes ecuatorianas.
En 2006 la petrolera incumplió un contrato de exploración y explotación petrolera en Ecuador, y sin el permiso del Gobierno de Ecuador, cedió a una firma canadiense el 40 por ciento de sus derechos de explotación.
La medida generó la caducidad del contrato, por lo que, según la Procuraduría General del Estado (PGE), no estaba sujeto a ningún arbitraje internacional, el tribunal argumentó en cambio que la caducidad del contrato fue una medida desproporcionada.
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