Una denuncia histórica
Javier Flores
En un hecho sin precedente en la historia de nuestro país, el pasado
martes 15 de mayo se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función
Pública en contra de los funcionarios del gobierno mexicano que no han cumplido
con la asignación del uno por ciento del producto interno bruto (PIB) para la
investigación científica y el desarrollo tecnológico que establece la ley. El
documento, en el que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de
esa falta, fue elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que
preside el doctor Juan Pedro Laclette. En él se solicita realizar una
investigación con el fin de determinar cuáles servidores de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) incumplieron con esa obligación, lo que
involucraría a funcionarios de los gobiernos panistas encabezados por Vicente
Fox y Felipe Calderón Hinojosa.
Para valorar la importancia de este hecho, hay que tomar en cuenta que la
denuncia fue elaborada por un acuerdo tomado en la décima sesión extraordinaria
de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC –organismo
de participación creado por la Ley de Ciencia y Tecnología–, que está integrada
por los rectores y directores de instituciones de educación superior e
investigación, entre las que se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Instituto Politécnico Nacional y su Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados; participan además, por medio de sus presidentes, las
academias de Ingeniería, la Nacional de Medicina y las mexicanas de Ciencias,
Historia, y de la Lengua, así como el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y la
Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. También
forman parte de la mesa directiva del foro los titulares de las asociaciones
Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico y
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, así como los
líderes del Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Confederación Patronal de la
República Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
Finalmente, participan tres representantes de científicos miembros del Sistema
Nacional de Investigadores.
Tanto la Ley de Ciencia y Tecnología (artículo 9 bis) como la Ley General de
Educación (artículo 25) determinan con claridad que el gasto nacional en
investigación científica y desarrollo tecnológico no podrá ser menor del uno por
ciento del PIB. A partir de estas disposiciones, la denuncia señala que existe
la obligación de la SHCP de prever, en los Proyectos de Presupuestos de Egresos
(de 2006 a la fecha), los recursos suficientes para cumplir con esa disposición,
algo que desde entonces no ha ocurrido. Aunque no se menciona ningún nombre en
el documento, quienes han encabezado esa secretaría de Estado durante el periodo
señalado han sido Francisco Gil Díaz (en la presidencia de Fox), así como
Agustín Carstens y Ernesto Cordero (durante el gobierno de Calderón).
La denuncia señala que el incumplimiento de estas leyes ha significado una
merma en los recursos para la investigación científica y el desarrollo
tecnológico en el periodo 2006-2011, del orden de 464 mil 484 millones de pesos,
“…con lo que se acentúa el subdesarrollo y se desperdicia el potencial de los
investigadores que con muchos trabajos logra formar México”. De este modo, se
afecta jurídicamente en especial a los investigadores jóvenes, por la
insuficiencia de centros de investigación y plazas de trabajo, dice la denuncia.
El documento agrega que dado que está plenamente demostrado que la inversión en
ciencia se traduce en una mejora en la calidad de vida de la población, el
incumplimiento por parte de los servidores públicos de la SHCP ha afectado “… la
esfera jurídica de millones de mexicanos que el día de hoy viven en situación de
pobreza, como consecuencia directa de sus omisiones”.
Además de pedir a la Secretaría de la Función Pública que realice la
investigación para conocer quiénes son los servidores públicos que incumplieron
con la obligación señalada, en la denuncia se solicita expresamente la
imposición de las sanciones administrativas correspondientes. Sobre este punto,
en una parte del documento se señala que los recursos involucrados (los más de
460 mil millones de pesos) deben ser considerados en la imposición de dichas
sanciones, con lo que se buscaría recuperar ese dinero para la investigación
científica y el desarrrollo tecnológico de México.
También se solicita a la autoridad fijar las medidas preventivas y
correctivas para evitar futuras omisiones en la asignación del uno por ciento
del PIB para la ciencia y la tecnología que determina la ley, y, finalmente, le
piden denunciar ante el Ministerio Público Federal, los hechos que, como
resultado de la investigación, pudieran constituir delitos.
Se trata de una denuncia bien fundamentada, clara y directa, con la que se
trata de poner fin a la idea de que las leyes en nuestro país no se cumplen y
que prevalece la impunidad, especialmente cuando son servidores públicos los
involucrados en el incumplimiento. Es un documento histórico, que ilustra el
hartazgo de buena parte del sistema nacional de ciencia y tecnología por el
abandono en el que se tiene a estas actividades. Habrá que estar muy pendientes
del curso que tome este proceso, y de la actitud de la Secretaría de la Función
Pública ante el mismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario