El año más cruento para líderes sociales y activistas de Colombia
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REUTERS / John Vizcaino
BOGOTÁ
(Sputnik) — El 2018 que está por terminar ha sido el más violento para
los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia: 164
fueron asesinados por parte de grupos armados ilegales ante la falta de
presencia del Gobierno, que flaquea en la implementación del Acuerdo de
Paz.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo,
entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de noviembre pasado un total de 423
líderes fueron ultimados en el país, "siendo el 2018 en el que mayor
número de homicidios se han cometido (164), luego el 2016 (133) y el
2017 (126)".
Las cifras del organismo dan cuenta de que los más afectados son los líderes dedicados a trabajos comunales, de los cuales han sido asesinados 62, seguidos por los campesinos (26), comunitarios (22) e indígenas (21), entre otros. Sin embargo, las cuentas son diferentes para quienes viven la violencia en carne propia.
"En la base de datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia [ONIC] se cuentan 92 indígenas asesinados en lo que va corrido de este año, 42 de los cuales se han cometido desde que inició el gobierno de Iván Duque", el pasado 7 de agosto, dijo el senador indígena Feliciano Valencia al diario local El Espectador.
Para la Defensoría, la situación de los líderes sociales es aún más aguda en el departamento del Cauca (suroeste), donde este año han sido asesinados 30 de ellos, mientras que en Antioquia (noroeste) los asesinatos ascienden a 24, Norte de Santander (nordeste) a 18, Valle del Cauca (suroeste) a 12, Nariño (suroeste) a 11 y Meta (centro) a 10, por citar solo algunos.
De
acuerdo con las comunidades, entre los responsables las amenazas y
asesinatos están el grupo armado ilegal Águilas Negras (disidencia del
paramilitarismo), así como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el
grupo ilegal Ejército de Liberación Popular, la guerrilla del Ejército
de Liberación Nacional y disidentes de la antigua guerrilla de las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Los líderes sociales defienden sus tierras frente al avance los
cultivos ilícitos, ya que varias de ellas integran programas estatales
de sustitución de los mismos, frente a lo cual se oponen los grupos
armados, que a su vez buscan dominar las hectáreas y hacerse con rutas
del narcotráfico.
El enfrentamiento entre grupos armados se ha intensificado luego de que las antiguas FARC firmaron el Acuerdo de Paz con el Gobierno
en noviembre de 2016, lo que dio paso a la desmovilización de por los
menos 7.000 guerrilleros, quienes abandonaron los territorios que ahora
se disputan tales grupos y que dejan a los líderes en medio del
conflicto.
Datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) señalan que en Colombia la siembra de cultivos ilícitos se incrementó 17% entre 2016 y 2017, por lo que al final de ese año se contabilizaron 171.000 hectáreas de matas de coca.
De
los 574 compromisos que adquirieron el Gobierno y las FARC en el
Acuerdo de Paz, 74 corresponden a medidas de protección y seguridad a
líderes sociales, pero a pesar del despliegue inicial del Estado, las
medidas no son efectivas.
En tanto, las investigaciones tampoco parecen avanzar como deberían,
pues según reportes del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional, solo en el 30% de los casos
se ha detenido a los presuntos responsables.
La Fiscalía, por su parte, alega que no hay impunidad, ya que ha esclarecido el 55% de los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos cometidos desde 2016, pero no se basa para ello en las cifras de la Defensoría del Pueblo, sino en las entregadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cifra las muertes en 183 casos a agosto de 2018.
Según el organismo, del total de muertes reportadas por la ONU, 90 ya fueron esclarecidas por los investigadores, mientras que se han producido 18 condenas con sentencias en firme, en 30 procesos se han formulado imputación de cargos y en 24 se han radicado los respectivos escritos de acusación.
Pero para los líderes sociales, las cifras manejadas por la Fiscalía no son satisfactorias ni mucho menos tranquilizadoras. El pasado 28 de noviembre, en el marco de la primera visita al país del primer ministro de Holanda, Mark Rurte, líderes sociales de Urabá (Antioquia) pidieron al Gobierno central que continúe con la implementación del Acuerdo de Paz para que, entre otras cosas, se logre reducir las muertes de líderes y defensores de derechos humanos en el país.
"Solo quienes hemos vivido el conflicto en carne propia podemos ansiar la paz de corazón", dijo en esa oportunidad la defensora de Derechos Humanos, Carmensa Álvarez, según recogió el diario local El País.
"La
implementación en Colombia, comparada con otros procesos de paz en el
mundo, muestra un avance significativo, lo que da una esperanza de que
pueda ser una plataforma de cambio en el país", explicó el representante
del Instituto en Colombia, Borja Paladini Adell.
El instituto evaluó los primeros 18 meses del proceso de
implementación, desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 31 de mayo de
2018, y dio cuenta de que 61% de los compromisos entre el Gobierno y las
FARC está en proceso de implementación o ha sido implementado
completamente, mientras que el 39% restante sigue pendiente.
Sin embargo, el reporte no hizo referencia a la situación de los líderes sociales, quienes temen de que la lista de sus muertos siga en aumento.
Las cifras del organismo dan cuenta de que los más afectados son los líderes dedicados a trabajos comunales, de los cuales han sido asesinados 62, seguidos por los campesinos (26), comunitarios (22) e indígenas (21), entre otros. Sin embargo, las cuentas son diferentes para quienes viven la violencia en carne propia.
"En la base de datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia [ONIC] se cuentan 92 indígenas asesinados en lo que va corrido de este año, 42 de los cuales se han cometido desde que inició el gobierno de Iván Duque", el pasado 7 de agosto, dijo el senador indígena Feliciano Valencia al diario local El Espectador.
Para la Defensoría, la situación de los líderes sociales es aún más aguda en el departamento del Cauca (suroeste), donde este año han sido asesinados 30 de ellos, mientras que en Antioquia (noroeste) los asesinatos ascienden a 24, Norte de Santander (nordeste) a 18, Valle del Cauca (suroeste) a 12, Nariño (suroeste) a 11 y Meta (centro) a 10, por citar solo algunos.
Plan del Gobierno
La aguda situación llevó al Gobierno central a lanzar el Plan de Acción Oportuna (PAO), mediante el cual busca implementar medidas rápidas por parte de las entidades que tienen competencias en materia de protección a defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales.
"La finalidad de este plan (…) es encontrar una
visión común de las entidades del Estado y definir acciones concretas
en el territorio", dijo en días pasados la ministra del Interior, Nancy
Patricia Gutiérrez.
Asimismo, la funcionaria explicó que para cumplir con el objetivo se
articularán 18 entidades que tienen en sus manos adelantar el programa
que permita prevenir acciones violentas contra los líderes sociales y
tomar medidas de protección.
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AP Photo / Ivan Valencia
Datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) señalan que en Colombia la siembra de cultivos ilícitos se incrementó 17% entre 2016 y 2017, por lo que al final de ese año se contabilizaron 171.000 hectáreas de matas de coca.
La paz
Las muertes de líderes sociales también se dan en las ciudades por cuenta de la defensa que varios de ellos hacen a la implementación del Acuerdo de Paz, la cual avanza a media marcha.
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REUTERS / Henry Romero
La Fiscalía, por su parte, alega que no hay impunidad, ya que ha esclarecido el 55% de los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos cometidos desde 2016, pero no se basa para ello en las cifras de la Defensoría del Pueblo, sino en las entregadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cifra las muertes en 183 casos a agosto de 2018.
Según el organismo, del total de muertes reportadas por la ONU, 90 ya fueron esclarecidas por los investigadores, mientras que se han producido 18 condenas con sentencias en firme, en 30 procesos se han formulado imputación de cargos y en 24 se han radicado los respectivos escritos de acusación.
Pero para los líderes sociales, las cifras manejadas por la Fiscalía no son satisfactorias ni mucho menos tranquilizadoras. El pasado 28 de noviembre, en el marco de la primera visita al país del primer ministro de Holanda, Mark Rurte, líderes sociales de Urabá (Antioquia) pidieron al Gobierno central que continúe con la implementación del Acuerdo de Paz para que, entre otras cosas, se logre reducir las muertes de líderes y defensores de derechos humanos en el país.
"Solo quienes hemos vivido el conflicto en carne propia podemos ansiar la paz de corazón", dijo en esa oportunidad la defensora de Derechos Humanos, Carmensa Álvarez, según recogió el diario local El País.
Implementación significativa
Pese a tal escenario, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame (EEUU), calificó en agosto pasado de "significativo" el proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia al compararlo con los de otros países.
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REUTERS / Jose Miguel Gomez
Sin embargo, el reporte no hizo referencia a la situación de los líderes sociales, quienes temen de que la lista de sus muertos siga en aumento.
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