Presos políticos: la justicia anhelada
La promesa de campaña
del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer justicia a los
presos políticos se materializó ayer con la liberación de 12 personas
encarceladas en 2013 por su presunta participación en el secuestro de
dos sobrinos menores de edad del entonces dirigente del Consejo
Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. Las víctimas de
detención arbitraria –entre quienes se cuentan integrantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como
activistas y defensores de derechos humanos– permanecieron recluidas sin
sentencia durante cinco años con ocho meses, y lograron su libertad
gracias al desistimiento de la Procuraduría General de la República.
Es necesario saludar el inicio de la reparación del daño causado a
luchadores sociales, ambientales y opositores políticos, quienes fueron
privados de su libertad de manera ilegal por oponerse a proyectos
impulsados o respaldados por los pasados gobiernos federales y locales,
de manera acusada en los estados de Guerrero, México y Oaxaca.En particular, debe indicarse que, al menos, tres de los casos –los de los defensores Damián Gallardo Martínez, Librado Jacinto Baños y Enrique Guerrero Aviña– habían sido objeto de opiniones y observaciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el cual documentó los métodos feroces de detención empleados en su contra, la incomunicación y los abusos físicos y sicológicos a los que se les sometió, y a raíz de sus hallazgos solicitó al Estado mexicano tomar medidas para su liberación y compensación.
No se trata de la única instancia que ha destacado la naturaleza
política de sus detenciones: entre otras, se han pronunciado al respecto
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Federación
Internacional de los Derechos Humanos, la Organización Mundial Contra la
Tortura, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad
de Washington y Front Line Defenders.
Como dejan al descubierto las recomendaciones emitidas por los
organismos de derechos humanos, tanto como la actitud omisa e incluso
beligerante con la que fueron recibidas por el gobierno anterior, poner
fin al uso faccioso y arbitrario de los aparatos de procuración de
justicia constituye uno de los grandes pendientes heredados por la
administración federal entrante.
Cabe esperar que la puesta en libertad de estos 12 prisioneros de
conciencia, que se suma a la de otros tres anunciada el pasado miércoles
19 por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Alejandro Encinas, marque el inicio hacia la justicia y la
plena restitución de sus derechos para todas las personas privadas
arbitrariamente de la libertad.
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