Vaca Muerta: el millonario negocio de empresas que podría pasar factura a los argentinos
©
AFP 2018 / Juan Mabromata
El
Gobierno de Argentina descartó modificar el esquema de incentivos a las
empresas que extraen gas de Vaca Muerta, el principal yacimiento del
país. Las firmas analizan ir a la Justicia y reducir inversiones y el
Ejecutivo da marcha atrás en la posibilidad de ofrecer beneficios a
nuevas compañías. ¿Puede además trasladar el costo a los usuarios?
Ubicada
en la Patagonia, Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no
convencional y cuarta reserva de petróleo no convencional en el mundo.
La actual administración del presidente Mauricio Macri ha puesto muchas
fichas en su explotación como un recurso para dinamizar la tormentosa
economía del país, incluso a través de subsidios a las empresas que
inviertan en el proyecto.
Ahora,
debido a la corrida cambiaria y las limitaciones presupuestarias, el
Gobierno argentino confirmó que los millonarios subsidios que reciben
las principales empresas productoras de gas en el yacimiento de Vaca
Muerta se limitarán al volumen previsto originalmente, a pesar de que
todas produjeron excedentes.
Tecpetrol, subsidiaria de la compañía Techint, la empresa con mayores
extracciones (más del 70%) y, por ende, la que recibe los mayores
aportes estatales, amenazó con entablar acciones legales, con
millonarias pérdidas potenciales para el erario público. Su producción
(17,5 millones de metros cúbicos por día) duplicó lo estimado (8,5
MMm3/d) y el gas no convencional que esté por fuera del cálculo se
pagará con un precio sin estímulo.
La Resolución 46 fue firmada por el ex Ministro de Energía Juan José Aranguren en 2017 y establecía que a las empresas que presentaran proyectos de producción incremental en la cuenca de Neuquén se les reconocería un precio diferencial. A fines de 2017, el Gobierno validó ocho proyectos y dejó en estudio otros ocho, que finalmente fueron descartados ayer de la posibilidad de acceder a estos subsidios.
Como paliativo a las empresas rechazadas, el Gobierno analiza implementar mecanismos de mercado para compensarlos, es decir, subiendo el precio del gas durante la época otoñal e invernal, donde la demanda aumenta exponencialmente, lo que afectaría las tarifas de los usuarios, "que terminan pagando los platos rotos", dijo Lahoud.
Desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2015, la actual administración optó por reducir los subsidios del Estado a los servicios públicos para adecuarlos al precio del mercado, con el objeto de eliminar las ayudas a los consumidores para 2020.
Entre 2016 y abril de 2018, el gas en red se ha incrementado 1.261%, el agua sin medidor 956% y la electricidad 1.435%, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Al descontento popular por el aumento de tarifas, se suman las polémicas por la calidad de los servicios. Durante los picos de consumo por el calor estival, el tendido no da abasto, y vastas zonas de la capital argentina
©
REUTERS / Heinz-Peter Bader
La Resolución 46 fue firmada por el ex Ministro de Energía Juan José Aranguren en 2017 y establecía que a las empresas que presentaran proyectos de producción incremental en la cuenca de Neuquén se les reconocería un precio diferencial. A fines de 2017, el Gobierno validó ocho proyectos y dejó en estudio otros ocho, que finalmente fueron descartados ayer de la posibilidad de acceder a estos subsidios.
"En ese programa, para los años 2018 a
2021, iba a regir un precio estímulo que estaba en línea con lo que es
el precio de paridad de importación. Resulta que la resolución no
establecía ningún límite volumétrico como techo, que es lo que alega
Techint", explicó a Sputnik Gustavo Lahoud, experto en Relaciones
Internacionales y asesor legislativo en Energía y Política Exterior.
"En
este contexto, si se evita o no que Techint recurra a la Justicia, para
mí, dependerá de que obtenga algún otro tipo de prerrogativa que pase
por algún tipo de contrato diferencial, porque estas empresas con su
poder de lobby y de presión negocian de esta manera", opinió.
Tanto Techint como la empresa estatal YPF anunciaron que esta medida
los obligará a reducir las inversiones en Vaca Muerta. El Estado tiene
como límite un presupuesto de 700 millones de dólares para subsidios en
Vaca Muerta para el corriente período fiscal.
Como paliativo a las empresas rechazadas, el Gobierno analiza implementar mecanismos de mercado para compensarlos, es decir, subiendo el precio del gas durante la época otoñal e invernal, donde la demanda aumenta exponencialmente, lo que afectaría las tarifas de los usuarios, "que terminan pagando los platos rotos", dijo Lahoud.
Desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2015, la actual administración optó por reducir los subsidios del Estado a los servicios públicos para adecuarlos al precio del mercado, con el objeto de eliminar las ayudas a los consumidores para 2020.
Entre 2016 y abril de 2018, el gas en red se ha incrementado 1.261%, el agua sin medidor 956% y la electricidad 1.435%, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Al descontento popular por el aumento de tarifas, se suman las polémicas por la calidad de los servicios. Durante los picos de consumo por el calor estival, el tendido no da abasto, y vastas zonas de la capital argentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario