¿Entenderán?
Pedro Miguel
La lucha contra el robo
de combustibles es sólo uno de los ámbitos en los que se desarrolla el
esfuerzo del actual gobierno por la recuperación del sector energético.
En rigor, la detección y corrección de tomas clandestinas, el cierre de
ventanillas huachicoleras en oficinas públicas y la
confiscación de embarques ilegales de petróleo fuera de los puertos,
entre otras prácticas del desvío, son momentos de una operación mayor:
el cerco a la corrupción. En el camino se obtienen beneficios
adicionales, como los económicos que se derivan de impedir la
sustracción de hidrocarburos o como reforzar en la sociedad la noción de
que la corrupción no es un destino inevitable. Esa lucha contra la
corrupción es, a su vez, un paso indispensable para recobrar la
soberanía energética y la fortaleza del Estado mexicano.
En el otro lado de la línea del primero de diciembre, es decir, en la
cancha del régimen oligárquico que se acabó en esa fecha, la corrupción
permitía que funcionarios y empresarios inescrupulosos se bañaran en
oro, pero ese no era el fin último del saqueo. La descomposición
generalizada fue parte del programa privatizador orientado a reducir el
Estado a su expresión más primaria: aparatos coercitivos y hacendarios. Y
ese designio tenía como objetivo, a su vez, la entrega al sector
privado de toda la economía. El programa funcionaba porque permitía un
entendimiento perfecto en el pacto entre una clase política ladrona y un
empresariado de voracidad sin límites. En el curso que les había sido
impuesto, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se
encaminaban a la desaparición. Si no se hubiera producido la
insurrección ciudadana del primero de julio, es posible que ambas
empresas habrían llegado a la extinción en este sexenio, tal vez
mediante golpes definitivos como el que Felipe Calderón propinó a Luz y
Fuerza del Centro. Desplumadas por sus propias gerencias, despojadas de
su capacidad de producción y generación, achatarradas por el desdén
presupuestal y sometidas a políticas fiscales confiscatorias, no habría
sido difícil a cualquier continuación del régimen oligárquico declarar
que eran demasiado onerosas y poco productivas, que los trabajadores
tenían salarios elevadísimos y prestaciones inmerecidas, etcétera. Y
amparados en la consigna de la modernidad, los privados y sus socios del
funcionariado podrían devolver el país a su situación previa al
cardenismo, es decir, dejar fuera del ramo energético al sector público.Afortunadamente, las cosas ocurrieron de manera distinta y hoy Pemex y la CFE están en vías de ser recuperadas para el país: una vez depuradas y saneadas de la corrupción que anidó en ellas, deben volver a ser palancas de desarrollo, de bienestar para la población y de soberanía nacional, así como motores del desarrollo tecnológico del país. Esta reorientación se enmarca en un cambio de paradigma que abarca a la totalidad del Estado. En las décadas anteriores la función de lo público había sido constreñida a brindar condiciones para que el sector privado pudiera ser más rentable, más productivo y, nominalmente, más competitivo. En ese lapso, mientras las dependencias públicas retrocedían y se minimizaban, las empresas particulares avanzaron en una expansión generalizada sobre la seguridad, la educación, la salud, la cultura y la energía, en el contexto de un creciente incumplimiento de las tareas asignadas al gobierno por la Constitución en todos esos rubros.
Desde luego, en el planteamiento económico del nuevo proyecto de país
la empresa privada tiene un sitio fundamental. Nadie está pensando en
crear empresas paraestatales para fabricar automóviles, ropa o
alimentos, en nacionalizar la banca, en cancelar de golpe las
concesiones de autopistas o en reinstaurar las tiendas de Conasupo en
las actuales cadenas de supermercados. Pero es necesario empezar a
cumplir las obligaciones institucionales en educación, salud y seguridad
y formular definiciones de áreas estratégicas, todo ello, en el
contexto de la legislación heredada de más de 30 años del predominio
neoliberal en el Congreso.
Lógicamente, este programa dista mucho de haber sido asimilado por el
conjunto de la administración pública. El aparato gubernamental sigue
infestado de reacción y de yupismo y tomará un tiempo alinearlo
al proyecto de reconstrucción nacional que es aplicado desde el primero
de diciembre. Se debe convivir con instituciones diseñadas no para el
beneficio de los consumidores y la
libre competencia, sino para demoler el sector público de la economía, como es el caso de esa miríada de comisiones reguladoras y organismos autónomos y descentralizados que fueron dotadas de facultades constitucionales. Muchos funcionarios deben comprender que el afán de poner a competir las empresas del Estado con las del sector privado no tiene pies ni cabeza y que de ahora en adelante el interés colectivo tiene prioridad sobre el particular. Otros tendrán que resignarse a un tren de vida menos ostentoso que el que habían venido disfrutando. Algunos tienen ante sí la tarea de entender que sus encargos no los convierten en señores feudales de sector alguno.
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