Familias de víctimas exigen justicia
Niegan perdón al Estado por masacre de Coahuila
Funcionarios, cómplices de secuestros, asesinatos y desapariciones
▲ La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió ayer con
familiares de personas desaparecidas en la plaza pública del municipio
de Allende, Coahuila. La funcionaria ofreció disculpas por los
acontecimientos violentos ocurridos en esa localidad en 2011.
Foto Leopoldo Ramos
Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 28 de junio de 2019
Viernes 28 de junio de 2019
Allende, Coah., Los gobiernos federal, estatal y
municipal ofrecieron ayer disculpas públicas en nombre del Estado
mexicano a familiares de víctimas de desaparición masiva en el municipio
de Allende durante la primavera de 2011 por parte de pistoleros de los
Zetas; sin embargo, los agraviados advirtieron que no las aceptarán a
menos que haya reparación del daño, dignificación de los ofendidos,
acceso a la justicia, castigo a los culpables y garantías de que no se
repetirá
la peor masacre en la historia de Coahuila.
La petición de perdón llegó a las víctimas y a sus familias ocho años
después de que un comando del crimen organizado secuestró y asesinó a
vecinos de este municipio de 25 mil habitantes y destruyó 48 viviendas y
ranchos supuestamente en venganza por un negocio frustrado de trasiego
de drogas a Estados Unidos, en el que habrían estado involucradas dos
familias de la localidad.
Fue un holocausto en nuestro país y marcó un antes y un después en la vida de muchas familias, señaló Silvia Garza Villarreal, cuyo padre, la esposa de éste y tres de sus hijos, dos de ellos menores de edad, fueron secuestrados por Los Zetas.
El crimen más atroz en la historia de Coahuila, añadió, no sólo afectó a este municipio, sino también a Piedras Negras y la región de los Cinco Manantiales.
Pensar en Allende, recordar que el Estado no hizo nada para detener tanta violencia me genera rabia y dolor. Las llamadas al 089 no fueron respondidas. Más de mil 400 llamadas en Allende y Piedras Negras y las autoridades no sólo permitieron que pasara, sino que policías participaron en las desapariciones forzadas, sostuvo Silvia Garza.
Hubieran venido antes. Ahora piden perdón, pero cuando el problema estaba ni se aparecieron, dijo Alejandra Hernández, hija del albañil Pablo Hernández Villegas, quien fue secuestrado por Los Zetas sólo por haber trabajado para José Luis Garza, propietario de la forrajera Garza y uno de los supuestos socios de los criminales, quien logró huir.
Por ellos se hizo todo lo que pasó aquí. Mucha gente que no tenía culpa desapareció, sostuvo.
–¿Sirven de algo las disculpas?
–¿Para qué? Ya pasaron más de ocho años –respondió Hernández.
Entretanto, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, aseguró que autoridades
de alto nivelsupieron con antelación que Los Zetas atacarían Allende y no hicieron algo para evitarlo, aun cuando hubo llamados de auxilio de las víctimas.
Debemos dar pasos firmes para no repetir atrocidades como la de Allende, garantizar justicia y no permitir nunca más que las autoridades les fallen, como las de entonces les fallaron a ustedes, dijo la titular de la SG en una reunión con colectivos de familias de personas desaparecidas en la plaza pública de este municipio.
Con sinceridad, tenemos que reconocer que el Estado mexicano le falló a las personas secuestradas, asesinadas y desaparecidas; el Estado no brindó seguridad, paz ni defendió su integridad y su vida. Agentes del Estado han sido sentenciados por ser cómplices. Les fallamos porque todavía existen pendientes de justicia y protección a las víctimas, consideró, por separado, el gobernador Riquelme.
La petición de disculpas fue por la recomendación 10VG/2018 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El organismo consideró que el
desplazamiento de más de 300 personas y los asesinatos masivos entre el
18 y el 20 de marzo de 2011 se cometieron con la complicidad de
autoridades.
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